El INAI responde a la CNDH en defensa de sus decisiones por caso Colosio
Los comisionados del INAI seguirán defendiendo la transparencia a la que están obligados todos los entes públicos, incluida la CNDH.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) defenderá sus decisiones, que son obligatorias, ante la negativa de proporcionar información sobre el caso del homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El miércoles, la CNDH anunció una batalla legal en contra del INAI porque ese organismo presuntamente ha puesto en riesgo las investigaciones en las que fue privado de la vida, el 23 de marzo de 1994, el abanderado presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Dolando Colosio Murrieta.
“Defenderá el INAI sus resoluciones a favor de la apertura de información”, pues las determinaciones emitidas por el Pleno de este Instituto “son vinculatorias (obligatorias), definitivas e inatacables para los sujetos obligados”, entre los que se incluye la CNDH, precisó el organismo constitucional autónomo en un comunicado.
El INAI expresó además “su inconformidad por la negativa de la CNDH a transparentar información solicitada por personas en ejercicio de su derecho a saber”, y lamentó que la Ombudsman “se refiera el inicio de una ‘batalla legal’ que, se advierte, no se limitará a las dos resoluciones de los recursos de revisión” que ha emitido el Instituto para que la CNDH entregue información sobre el caso Colosio.
Opacidad de la CNDH
La controversia entre la CNDH y el INAI se generó luego de que la Ombudsman emitió, en octubre de 2021, una recomendación en favor de Mario Aburto Martínez, homicida de Luis Donaldo Colosio, quien purga una sentencia de 45 años de prisión.
El documento está dirigido al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) quien debe reabrir las investigaciones del caso Colosio, y considerar que Aburto presuntamente fue víctima de tortura. La recomendación de la CNDH afirma contar con elementos de prueba que permitirían nuevas pesquisas por parte de la FGR.
Ejerciendo su derecho a la información, ciudadanos pidieron a la CNDH los documentos en los que se basa esa recomendación, y la respuesta de la Ombudsman fue negativa, lo que motivó la intervención del INAI, organismo que determinó la entrega de todos esos datos.
“A través del INAI se ha estado pretendiendo que la CNDH dé cuenta de elementos de prueba que serían clave en la apertura de una investigación de los hechos sucedidos el 23 de marzo de 1994”, se lamentó el miércoles la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En su respuesta, el INAI le recuerda a la CNDH que el acceso a la información, por parte de cualquier persona, es un derecho humano que deben respetar todos los sujetos obligados atendiendo el principio de máxima publicidad.
Tal y como lo establece la Constitución, “las resoluciones que emita este organismo garante nacional, son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información será sancionada en los términos que dispongan las leyes”, añade el INAI en referencia a las multas que podrían imponerse a la Ombudsman por su incumplimiento en materia de transparencia.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales también le dice a la CNDH que en ningún caso debe prejuzgarse “sobre el interés o la utilización de la información que se solicita por los ciudadanos”, toda vez que la Ombudsman argumenta que, presuntamente, hay intereses comerciales que motivaron la solicitud de información que se le hizo.
El INAI concluye que seguirá actuando con estricto apego a la ley, “pues la transparencia es una tarea que contribuye a la conformación de una sociedad más informada, permite que las personas puedan ejercer otros derechos humanos y coadyuva a la consolidación del régimen democrático participativo al que aspiramos todas y todos los mexicanos”.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.