¿El Ejecutivo federal quiere manejar las elecciones?

A pesar de que nuestro sistema electoral y de partidos está claramente enunciado en el artículo 41 de la Constitución, además de que la misma carta magna prevé que la reglamentación de las elecciones es una facultad exclusiva del Congreso, la Secretaría de Economía ha lanzado una consulta para aprobar una Norma Mexicana (NMX) para la organización de las elecciones “en todos los niveles de gobierno”.

El proyecto de norma “busca aumentar la confianza de ciudadanos, candidatos, organizaciones políticas y otras partes electorales interesadas, por medio de la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad electoral, incluyendo procesos para la mejora continua, dentro del marco legal establecido”, se lee en el resumen de la reglamentación, cuyo texto completo debe consultarse directamente en las oficinas de la Dirección general de normas de la Secretaría de Economía.

El documento, publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación, simula ser una consulta sobre metrología, aunque en realidad se trata de una norma “aplicable al período de elección, incluidas las actividades o procesos previos y posteriores a las elecciones”.

De igual forma, se detalla que “este Proyecto de Norma Mexicana es aplicable a todos los organismos electorales involucrados en cualquier aspecto del proceso electoral, ya sean organizaciones permanentes u organizaciones temporales establecidas en apoyo de un período electoral en particular”.

En pocas palabras, esto significa que el Ejecutivo federal intenta controlar la organización de los comicios en México, haciendo a un lado al Instituto Nacional Electoral (INE), organismo constitucional autónomo que, públicamente, ha sido denostado en varias ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Violación constitucional

El INE consideró que “cualquier intención de instaurar normas distintas a las establecidas en la Constitución, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), es violatorio de las atribuciones” que tiene ese instituto. De hecho, “este proyecto de Norma Mexicana atenta contra el orden político electoral establecido”, enfatizó en un comunicado la máxima autoridad electoral del país.

Por su parte, la Secretaría de Economía aclaró en un comunicado que dicho proyecto de norma mexicana fue elaborado, emitido y desarrollado exclusivamente por el Organismo Nacional de Normalización denominado Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), “sin que la Secretaría de Economía haya tenido participación alguna en su desarrollo o contenido.”

“La Secretaría de Economía reconoce y respeta íntegramente el sistema electoral previsto en la Constitución y en las diferentes leyes de la materia, así como las atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE)”, agregó.

Y es que cualquier reglamentación emitida por el Poder Ejecutivo, como lo son las Normas Mexicanas, debe ser armónica con las facultades y disposiciones que señalan las leyes y la Constitución para cada uno de los poderes que integran al Estado mexicano. No se trata de una cuestión opcional, sino de una obligación que no puede ser obviada por ninguna dependencia de la administración pública.

En ese tenor, la fracción V del artículo 41 constitucional no deja lugar a dudas: “La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución”.

El apartado A de esa fracción agrega que “el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley”.

Por ende, cualquier cambio o variación a las funciones del INE solo puede hacerse a través del Poder Legislativo, y nunca por el Poder Ejecutivo o alguna de sus dependencias, como lo es la Secretaría de Economía. Hacer lo contrario implica invadir las facultades de uno de los poderes del Estado, trastocando nuestro sistema constitucional y las bases que fundamentan a cualquier régimen democrático.

Simulación normativa

Si hay algo que ha demostrado la actual gestión lopezobradorista es su poco respeto por las normas y la seguridad jurídica. Expresando de manera continua la frase “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, que el presidente mexicano le atribuye a Benito Juárez, el Poder Ejecutivo ha trasgredido casi de manera cotidiana las leyes y la Constitución.

Empezando por la organización ilegal de una consulta pública para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pasando por un memorándum que cancelaba la reforma educativa, además de la plena incorporación del Ejército en funciones de seguridad pública, la nota característica del gobierno federal es todo lo contrario al derecho.

Es cierto que el presidente no es abogado, pero desconocer la ley no exime de su cumplimiento, mucho menos cuando se intenta simular que se actúa con legalidad cuando en los hechos se están trasgrediendo las normas.

Denostar a la prensa que critica a su administración, pretextando que con ello el mandatario ejerce su derecho de réplica, es otro ejemplo con el que el Ejecutivo federal olvida su obligación de cumplir y hacer cumplir la carta magna.

A esto se añade el opaco Censo del Bienestar, que fundamenta la entrega de dinero público a personas con diversas necesidades. Levantado por promotores del voto de Morena, nadie sabe a ciencia cierta cuál fue la metodología para conformar esa base de datos, quiénes son sus beneficiarios, y cuáles son los parámetros de medición que probarán la eficacia de los programas sociales aplicados.

La lista de ilegalidades y de trasgresiones a la Constitución de parte del presidente también incluye la pretensión de quitar el aguinaldo a los funcionarios de su administración, a partir del cargo de subdirector; la cancelación de las Zonas Económicas Especiales; la posibilidad de que el velo corporativo sea anulado en las empresas que se relacionen con el gobierno; así como la emisión de un Plan Nacional de Desarrollo que no cumple con lo que expresamente exige la carta magna.

A todo esto, ahora se añade la intención de controlar las elecciones con una norma cuya jerarquía está por debajo de la Constitución, de las leyes, de los reglamentos, y hasta de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), pues a diferencia de estas últimas, las Normas Mexicanas (NMX) son solo sugerencias de cumplimiento estrictamente optativo para sus destinatarios.

Pretender que una Norma Mexicana para la organización de las elecciones puede ser el fundamento para llevar a cabo comicios a modo desde el Poder Ejecutivo, argumentando una supuesta legalidad, equivale a emitir -formalmente- el acta de defunción de la ya de por sí imperfecta democracia mexicana.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.