EEUU va contra 40 empresas de México por fraudes de tiempos compartidos
Son 6,000 estadounidenses los que han perdido 300 millones de dólares al ser víctimas de una organización mexicana, vinculada con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Unos 40 consorcios de México han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a que estas empresas -vinculadas con el narcotráfico- han cometido fraudes en contra de 6,000 estadounidenses propietarios de inmuebles de tiempos compartidos ubicados en las costas del Pacífico mexicano.
De acuerdo con información del FBI proporcionada a la OFAC, “aproximadamente 6,000 víctimas estadounidenses informaron haber perdido casi $300 millones (de dólares) entre 2019 y 2023, por esquemas de fraude de tiempo compartido en México”.
De hecho, “es probable que esta cifra subestime las pérdidas totales”, ya que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) cree que la gran mayoría de las víctimas no han denunciado la estafa, apunta un aviso que la OFAC ha enviado a diversas instituciones financieras de Estados Unidos y México.
El documento, cuya copia posee ALTO NIVEL, describe los esquemas utilizados para cometer estos fraudes, los cuales están “asociados con el CJNG (cartel Jalisco Nueva Generación) y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México”.
Los estafadores dirigen sofisticados equipos de profesionales que parecen legítimos, pero en realidad “son lavadores de dinero entrenados por expertos para estafar a ciudadanos estadounidenses”, afirma en la notificación Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro estadounidense.
Las sanciones a las empresas, que también se extienden a unas 50 personas, incluyen el congelamiento de cuentas bancarias en Estados Unidos, y la solicitud para que México igualmente inmovilice las cuentas que posean los delincuentes en nuestro país.
Robos y revictimización
Los defraudadores operan de la siguiente forma: En centros de llamadas en México (call centers) se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas de inmuebles turísticos de tiempo compartido. También suelen simular que son funcionarios de nuestro país o del gobierno de Estados Unidos.
Las víctimas han detallado al FBI que recibieron una llamada telefónica con la que les avisan que el inmueble de tiempo compartido de su propiedad, usualmente ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, tiene varios problemas, principalmente por la falta de pago de impuestos o de mantenimiento.
Los delincuentes se ofrecen a solucionar el problema pidiendo miles de dólares que los dueños deben depositar para pagar los falsos adeudos. Cuando los propietarios se dan cuenta de la estafa, debido a que en realidad no existe ninguna irregularidad con sus inmuebles vacacionales, ya es muy tarde.
Incluso, después de denunciar en Estados Unidos estos delitos, algunas de las víctimas volvieron a ser contactadas por personas del mismo grupo criminal, haciéndose pasar por abogados que les prometen recuperar el dinero que les estafaron.
Cuando las víctimas se niegan a contratar esos presuntos servicios, debido a que no son gratuitos, la actitud de quien les llama cambia: Los amenazan de que serán acusados de lavado de dinero, y los intimidan para obligarlos a depositar más recursos.
Falsos arrendamientos
Otra modalidad emprendida por los malhechores para engañar a los ciudadanos estadounidenses es ofrecerles, en un primer contacto, una jugosa oferta para rentar sus tiempos compartidos.
A través de llamadas o correos electrónicos no solicitados les hacen ofrecimientos inexistentes en los que miles han caído, pues antes de recibir las supuestas ganancias del arrendamiento tienen que pagar falsos trámites fiscales y de contratación.
El FBI reporta que estos esquemas “afectan de manera desproporcionada a los estadounidenses mayores y adinerados que quieren recuperar parte del dinero que gastaron en sus tiempos compartidos”. Además, las víctimas son revictimizadas, por lo que los propietarios resultan afectados emocional y financieramente.
Todos los involucrados en este esquema delictivo están identificados tanto por el FBI, como por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El objetivo de estas estafas no es otro más que el lavado de dinero, pues las víctimas envían los pagos a través de transferencias electrónicas de instituciones financieras estadounidenses. Los envíos tienen como destinatarias empresas fachada de nuestro país, “con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa”.
Según la OFAC, esos fondos mal habidos “se laven aún más en México a través de compañías fantasma y fideicomisos adicionales controlados por miembros del cártel, sus familiares o lavadores de dinero de terceros”.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.