¿Qué sigue para el Tren Maya tras ser suspendido en Yucatán?
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La resolución de un juzgado en Yucatán puede ser combatida por Fonatur, institución que dice que el juicio afectará la economía del sureste mexicano.
Los trabajos del Tren Maya, en dos tramos de esa obra que pasan por los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, en el estado de Yucatán, no podrán ejecutarse hasta que el Juzgado Tercero de Distrito en esa entidad resuelva en definitiva el fondo del juicio de amparo que promovieron habitantes de esas localidades, quienes argumentan que la construcción afecta sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a gozar de un ambiente sano.
La titular del juzgado, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, determinó esta semana otorgar la suspensión definitiva a los quejosos, lo que solo ratifica la suspensión provisional previamente otorgada, la cual se confirmó a principios de febrero en el Tribunal Colegiado en materias de Trabajo y Administrativa de Yucatán.
La suspensión, provisional y definitiva, es un procedimiento incidental dentro del juicio de amparo que permite, en primera instancia, mantener vigente el fondo del asunto que se reclama, además de proteger, de manera preliminar, las violaciones a los derechos humanos que pudieran ser irreparables.
En este caso, la jueza Domínguez Aguilar otorgó primero una suspensión provisional, Fonatur se quejó de eso ante un Tribunal Colegiado, este no le dio la razón y ratificó dicha suspensión. Ahora, el Juzgado Tercero de Distrito en materias de Trabajo y Administrativa de Yucatán otorgó la suspensión definitiva, lo que implica que la obra se mantendrá suspendida, tal y como está desde que se otorgó y ratificó la suspensión provisional.
La audiencia constitucional en la que se prevé resolver el fondo del amparo está prevista para el próximo 5 de abril, aunque esa fecha puede ser diferida, dependiendo de las acciones que promueva Fonatur, instancia que puede interponer un recurso de revisión, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley de Amparo.
La respuesta de Fonatur
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no puede desobedecer la suspensión del juzgado, aunque aclaró que “la obra continuará generando empleos y recuperación económica donde esté permitido”.
Los tramos del proyecto paralizados por la suspensión definitiva son el número tres, y una parte del tramo 4, que ya fueron adjudicados por el gobierno federal a empresas constructoras por un monto de 40,000 millones de pesos.
Fonatur argumentó en un comunicado que “los juicios (de amparo) al Tren Maya ponen en juego la recuperación económica de Yucatán”, toda vez que el proyecto ha generado 36,859 empleos, “lo cual se traduce en prosperidad y oportunidades para los habitantes de la región”.
La institución estima que, sin estos juicios que están retrasando la obra, “se habrían generado al menos el doble de empleos”.
Fonatur agrega que “hasta ahora, el Juzgado ha desconocido el cumplimiento a la ley ambiental del Tren Maya, en especial la obtención de una autorización en materia de impacto ambiental, por lo que, estaremos en espera de que este juicio llegue a instancias más imparciales y con mayor conocimiento en el derecho ambiental”.
En ese tenor, la suspensión definitiva puede ser revisada, si así lo solicita Fonatur, recurso que corresponde resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito.
Sin embargo, debido a que un Tribunal ya ratificó la suspensión provisional, y los argumentos para otorgar la suspensión definitiva, por parte del juzgado, no variaron, es posible que Fonatur se espere a la sentencia que resuelva el fondo del asunto. Esta a su vez puede ser recurrida -también con una revisión- que puede atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La protección de derechos
“Frente al desarrollo económico, está la protección de las personas y de sus derechos, incluido en estos el derecho a un medio ambiente sano”, este es el argumento principal del Juzgado y del Tribunal que han intervenido en este caso.
Aunque Fonatur lamente en su comunicado “que ciertos grupos interpongan amparos para detener la reactivación económica del sureste”, esa institución, y el gobierno federal deben entender que el derecho humano a un ambiente sano tiene “protección de rango Constitucional e Internacional, lo cual obliga a ponderar qué alcances podría tener la afectación a las regiones en las que tendrá injerencia el proyecto” del Tren Maya.
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Esto es lo que han dicho tanto el Juzgado Tercero de Distrito como el Tribunal Colegiado, en sendas resoluciones cuyas copias posee ALTO NIVEL. En otras palabras, para estas instancias jurisdiccionales, tal y como lo dice también la jurisprudencia de la SCJN, el desarrollo económico no debe privilegiarse a costa de los derechos humanos.
En este caso, habitantes de los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, expresan en su amparo que quieren evitar que el Tren Maya altere la tierra, la biodiversidad, y la flora y fauna de la región.
Este argumento es el que deberá ser analizado por el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Yucatán cuando resuelva el fondo del asunto. Para ello deberá considerar la colisión o contradicción de derechos que se plantea: Por un lado, el derecho a un ambiente sano, y por el otro, el derecho al desarrollo económico.
Ahora bien, para su sentencia definitiva, la jueza también deberá ponderar el posible grado de afectación al medio ambiente en los tramos del Tren Maya que se reclaman.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente el 30 de noviembre de 2020, el tramo 3 del Tren Maya inicia en la comunidad de Calkiní, en el estado de Campeche, y concluye en Izamal, Yucatán. El recorrido incluye pasar por los municipios de Chocholá y Mérida.
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A su vez, el tramo 4 tiene un trazado que da comienzo en Izamal que finaliza en Cancún. Son estos dos tramos, uno completo, el 3, y otro parcial, los que se están cuestionando en el amparo.
Por ende, la resolución que mantiene suspendida la construcción de esta obra emblemática de la administración actual solo afecta -de manera parcial- al Tren Maya, por lo que no debe descartarse que podrían encontrarse soluciones alternativas que respeten el medio ambiente, y al mismo tiempo permitan que este medio de transporte se complete con un trazado que podría ser modificado, todo dependerá de lo que se resuelva en la sentencia.
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