Programa de inversión en infraestructura, ¿el New Deal mexicano?
Para que la construcción de infraestructura entre el sector público y privado sea un verdadero detonante de la recuperación económica, deben tener estas 5 condiciones.
Tras los primeros años de la Gran Depresión, iniciada en 1929, el gobierno de Estados Unidos cambió de mando toda vez que la brutal crisis impidió la reelección del entonces presidente Herbert Hoover; el nuevo mandatario Franklin D. Roosevelt llegó con una promesa resumida en dos palabras: New Deal.
Pocos sabían lo que en realidad significaban esas palabras y lo relevante que serían para la recuperación económica de Estados Unidos y del mundo: el 4 marzo de 1933 inició su implementación con la llegada de Roosevelt al poder.
El New Deal (Nuevo Trato) fue, en resumidas cuentas, un programa de intervención del Estado para estimular a la economía más poderosa de la Tierra y sacarla de la depresión. Incluyó muchos aspectos de la vida económica de Estados Unidos, aunque uno de los más destacados y por el que más se le recuerda es por la implementación de un programa de infraestructura jamás visto hasta entonces en la historia de ese país. Se construyó infraestructura como nunca: puertos, carreteras, caminos rurales, aeropuertos, ampliaciones en las grandes ciudades, etc.
Según cálculos de la revista The Economist, el gasto en infraestructura por el New Deal ascendió a 370 mil millones de dólares, que para la época era una cantidad realmente inimaginable, equivalente nada más y nada menos que al gasto total ejercido también en infraestructura por los 50 secretarios del tesoro que antecedieron a Henry Morgenthau, titular del organismo con el presidente Roosevelt.
Aunque muchos analistas consideran que fue realmente la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial la que sacó a ese país de la Gran Depresión, es innegable la enorme valía del plan de infraestructura, que aportó un gasto monumental y permitió al país más poderoso del mundo mantener a flote el consumo y la inversión en momentos cruciales.
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El pasaje histórico viene a colación porque en México, muchos años después y bajo un contexto diferente se ha propuesto como una de las estrategias pivote para salir de la crisis económica, la implementación de un plan de infraestructura que detonará la inversión y el empleo, según se dijo en la presentación oficial.
El esquema se trata de un esfuerzo coordinado entre el sector público y la iniciativa privada en lo que llamaron un Plan de Reactivación Económica, a través de 39 proyectos de infraestructura con una inversión acumulada de 297 mil 344 millones de pesos en sectores identificados como “clave” para la economía nacional: energía, comunicaciones, agua y medio ambiente.
La inversión en estos proyectos representan solamente el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, la meta del gobierno y la iniciativa privada es que todas las inversiones en infraestructura lleguen hasta el 22% del PIB, lo que significaría un hito para el país.
La inversión en infraestructura siempre es positiva en cualquier país y momento histórico; si bien no se equiparó este plan al New Deal estadounidense de los años treinta del siglo pasado, la idea según quienes lo presentaron es que sea la solución para la reactivación económica.
Sin duda puede ser positivo, pero para que sea la solución definitiva tienen que suceder varias cosas, estas son algunas de ellas.
1. La primera y más importante es que, de verdad, se apliquen los recursos comprometidos por poco más de 297 mil millones de pesos.
La historia reciente de México está plagada de programas o planes de infraestructura que no se cumplen, al menos ningún gobierno ha entregado al final de su mandato o en algún momento un informe exhaustivo sobre dichos programas. Sin ir muy lejos, esta administración anunció con bombo y platillo el pasado mes de noviembre un plan de infraestructura consistente en 147 proyectos, por un total de 859 mil 22 millones de pesos, de los cuáles según palabras del secretario de hacienda difundidas este lunes 5 de octubre, se ejercieron un total de 38 mil 149 millones de pesos iniciados en diciembre pasado y 259 mil 195 millones en 32 proyectos, que no quedó claro cuándo iniciaron y si ya se ejercieron el total de los recursos. La suma total de 297 mil 344 millones de pesos equivale al 34 por ciento del monto anunciado y no hay certeza de cuánto se ha ejercido, cómo y en qué proyectos.
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La misma historia de las administraciones pasadas, se mencionan miles de millones de pesos en planes de inversión para infraestructura, pero nunca se sabe a ciencia cierta cuánto, cuándo, cómo y en qué se ejercen, con resultados que ya todos conocemos.
2. Además del ejercicio de los recursos, con tiempos y montos claramente especificados, habrá que conocer los sectores en los que se invierten esos recursos y medir su impacto económico; es decir, hacer un seguimiento por primera ocasión en la historia de este tipo de programas para conocer sus efectos, y que no quede todo en presentaciones y discursos.
3. Es importante conocer el contexto regulatorio en el que se aplicarán estos recursos; se señaló que más del 80 por ciento provendrán de la iniciativa privada y, de ser cierto, hay una condición indispensable para que los fondos fluyan: certeza jurídica. Por ejemplo, ¿cómo invertir en el sector energético cuando se ha dicho que en la segunda parte del sexenio habría una contrareforma a la reforma energética de 2013-2014. La certidumbre jurídica será clave.
4. Los proyectos deben ser de auténtico impacto social
Mucho se ha señalado en diversos medios y entre analistas sobre la concentración de las inversiones en infraestructura en proyectos específicos gubernamentales (Aeropuerto, Refinería y Tren Maya). Sin duda tienen y tendrán un impacto económico, pero habría que revisar si son suficientes para revertir la depresión económica que vive el país y enfilarlo a un crecimiento sostenido, que sirva y sea lo suficientemente sólido como para cerrar el sexenio en un promedio de crecimiento del PIB de 4 por ciento, de acuerdo con lo señalado previamente.
5. El New Deal estadounidense incluyó una serie de apoyos fiscales que por aquellos años permitió la recuperación paulatina de la economía, sustentada en el consumo y la inversión. En estos tiempos de crisis, los estímulos de los gobiernos hacia la iniciativa privada también juegan un papel primordial. Los estímulos fiscales serán inexistentes en México, eso es un hecho. Por lo tanto, es posible que al plan o estrategia para impulsar la recuperación económica del país le falte un factor esencial para que tenga más posibilidades de éxito.
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