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Economía

Los retos de AMLO para eliminar el outsourcing (en el gobierno)

03-12-2020, 9:45:11 AM Por:
© Especial

La intención del presidente López Obrador de dar base a todos los trabajadores de gobierno subcontratados chocaría contra sus propias políticas de Austeridad Republicana y límites presupuestales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que ningún empleado del gobierno federal trabajará más bajo el esquema de subcontratación, también conocido como Outsourcing, y contarán con una plaza laboral dentro de la administración pública.

“Vamos a establecer un mecanismo para que tengan sus bases, vamos a predicar con el ejemplo, como siempre lo hemos hecho”, dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa, como parte de la iniciativa que envió al Congreso para prohibir el Outsourcing, un esquema bajo el que trabajan 4.6 millones de mexicanos, según información del Inegi, y que se ha criticado por su abuso por parte de patrones para reducir costos laborales, a costa de menores aportaciones al IMSS, Infonavit y Afore de los trabajadores.

El mandatario esperará a que la iniciativa sea consensuada con representantes empresariales para que sea discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso, antes de buscar dar base a trabajadores del gobierno federal. Sin embargo, la reforma es quizá el menor obstáculo para realizar dicha tarea.

Por años, la Administración Pública Federal se ha apoyado del Outsourcing para hacer trabajos y servicios especializados y contener los costos salariales que implicaría contratar más trabajadores de planta. Además, no queda claro si en la iniciativa de reforma también se prohibirá al sector público subcontratar personal. Analistas y representantes de las empresas de capital humano advierten que la legislación traería más incertidumbre sobre en qué casos sí se podría hacer uso de esta figura.

Lee: Presidente envía iniciativa para limitar Outsourcing en empresas

Un costo imprevisto

El primer obstáculo para hacer esta tarea es que no se sabe hasta ahora cuánto costaría basificar a los trabajadores subcontratados en el gobierno federal. Algunos reportes periodísticos citan que el total de personas bajo esta figura son 28,800, mientras que el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, menciona que son hasta 500,000.

Sea cual sea la cifra exacta, prohibir la subcontratación en el gobierno federal implicaría asimilar decenas de miles de plazas que representan los contratos que por este tipo de servicios han celebrado dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo que pondría más presión al gasto público en pensiones y jubilaciones.

En 2021, el sector público gastará en pensiones cerca de un billón, 64 mil millones de pesos, equivalente al 23% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, el cual ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Choque con Austeridad Republicana

Además, la intención del mandatario chocaría con su propia política de Austeridad Republicana. De acuerdo con los lineamientos emitidos en septiembre pasado en el Diario Oficial de la Federación, “no se podrán crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.”

Este año, el presidente ordenó que no se ejerza el 75% de gastos operativos en las dependencias de la Administración Pública, como parte de su política de austeridad, lo que ha afectado a servicios de atención a ciudadanos, como lo expresó la misma Procuraduría de Defensa al Contribuyente (Prodecon).

Asimismo, se pidió que funcionarios públicos de nivel de subdirector hacia arriba reduzcan “de forma voluntaria” un 25% de su salario de manera progresiva.

40 mil millones de pesos en subcontrataciones

La actual administración también ha hecho uso del outsourcing para llevar a cabo tareas en sus programas sociales insignia. Un caso es el de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), un organismo descentralizado creado en enero de 2019 y que tiene como objetivo incentivar los ingresos de pequeños productores agropecuarios a través del establecimiento de precios de garantía.

Sin embargo, SEGALMEX carece estructura orgánica y el presupuesto de 2021 no prevé recursos para servicios personales, aunque opera las estructuras de las paraestatales LICONSA y DICONSA, que cuentan con 306 plazas laborales entre las dos. Pero en 2020 ha contado 5,431 trabajadores a través de la subcontratación.

Liconsa

Otro caso es el de Caminos y Puentes Federales (Capufe), que subcontrata a más de 3,400 trabajadores para la operación y conservación de la red de carreteras en el país.

Pablo Lezama, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), dice que las empresas de subcontratación también ayudan al gobierno y las personas empleadas trabajan para el gobierno.

No es un asunto menor, es un buen número de servidores públicos los que están bajo este esquema, pero además, en un esquema que favorece al trabajador”, indicó.

El directivo de la AMECH, que agrupa a las 28 principales empresas de servicios de tercerización de personal en México, explica que cuando el gobierno subcontrata a través de empresas de outsourcing formal, los trabajadores cuentan con seguridad social y prestaciones; mientras que los que son contratados por honorarios, algo que ocurre a menudo en la administración pública, no gozan de ningún beneficio social.

Otro obstáculo para eliminar el outsourcing del gobierno es que el Presupuesto 2021 no contempla la creación de nuevas plazas de trabajo más que para las secretarías de Salud y Defensa Nacional. De hecho, se gastaría más en subcontratación en el próximo año que en este.

En la partida correspondiente a “Subcontratación de servicios con terceros” se contemplan recursos por más de 40 mil millones de pesos, 11 mil millones más que los aprobados en 2020. Algunas de las dependencias que gastarán más recursos en subcontratación son: Salud; Medio Ambiente; Educación Pública y Defensa Nacional.

Las 10 dependencias que más gastarán en Outsourcing en 2021

DependenciaGasto 2021 (pesos)
Salud8,429,073,179
Medio Ambiente y Recursos Naturales1,145,318,470
Educación Pública524,667,636
Defensa Nacional501,333,983
Cultura478,778,142
Conacyt219,608,745
Agricultura y Desarrollo Rural114,141,828
Hacienda94,072,277
Relaciones Exteriores74,917,741
Marina40,065,038
Fuente: Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, “Subcontratación de servicios con terceros” (33901 del Clasificador por objeto del gasto).

Incertidumbre muy alta

Organismos como el Consejo Coordinador Empresarial han expresado su preocupación por la iniciativa que prohibiría el outsourcing y lograron retrasar la discusión de la misma en la Cámara de Diputados mientras expresan sus inquietudes al presidente López Obrador. Aunque se reconoce un abuso de esta figura en detrimento de los derechos laborales, desaparecerla traería consecuencias para las empresas que proveen subcontratación legal.

“Las empresas utilizan esta figura porque, cuando tienen exceso de trabajo, recurren a este tipo de contratación para que puedan solventar esta necesidad, o cuando una persona está de incapacidad, recurren a la subcontratación para sustituir a la persona temporalmente. Si se prohíbe (el outsourcing), lo que sucede es que no vamos a ayudar a satisfacer esas necesidades”, dice Pablo Lezama, de la AMECH.

Para Luis Pérez de Acha, experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo, desde la reforma laboral de 2012 ya existían herramientas para perseguir el outsourcing ilegal, pero esta nueva iniciativa es una radicalización para inhibirla y prohibirla. “En mi opinión, esa radicalización encubre una ineficacia de las autoridades.”

De aprobarse y entrar en vigor la reforma como se encuentra ahora, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá crear un padrón de registro para las empresas subcontratistas autorizadas y establecer en qué casos pueden apoyar a empresas en servicios y obras especializadas. Esta indefinición agrega más incertidumbre sobre cómo operará la subcontratación legal, en opinión del especialista.

Por otro lado, la iniciativa no aclara si la subcontratación también quedará prohibida para el sector público, a pesar de que este también requiere de sus servicios para trabajos y obras especializadas, como cualquier otra empresa.

En opinión de Pérez de Acha, si habrá consecuencias para los contribuyentes que contraten outsourcing que no esté regularizado, las mismas reglas deberían ser aplicadas para las administraciones públicas, no solamente a nivel federal.

“Si los gobiernos subcontratan a empresas no registradas, o bien, no son servicios especializados ¿Qué consecuencias va a haber? Si no, todo queda en promesas, una fantasía.”

Periodista. Finanzas públicas, energía, negocios, innovación y las historias que contienen.
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