Lo más visto
La propuesta de Ley de Pago en 30 días ya se presentó en el Senado y cuenta con el respaldo de al menos 10 senadores de PAN, Morena y Movimiento Ciudadano.
Los pagos retrasados a los proveedores ponen en jaque a las pequeñas compañías. Un 52% de las empresas en economías emergentes no logran sobrevivir por la falta de liquidez, de acuerdo con datos del Global Entrepeneurship Monitor (GEM). Sin embargo, esta historia podría cambiar dentro de poco por una iniciativa de ley que quiere poner en orden los pagos a estas empresas.
Fernando Mendivil, quien esta semana dejó el cargo como presidente de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), presentó el 20 de febrero de este año, en el Senado, el proyecto de Ley de Pago a 30 días, que consiste en regular mediante la ley, el plazo de pago por parte del servidor hacia los proveedores. De no cumplir con el tiempo establecido para pagar, el cliente será sancionado.
Lee: ONG y empresas: de la filosofía a la transformación (Parte 1)
Cuando las grandes empresas retrasan los pagos a los proveedores, que a veces puede ser un lapso de 60 a 120 días o más, están obstaculizando el crecimiento económico de la empresa que le ofrece el servicio.
El tiempo para pagar comienza a partir de la recepción de facturas, y es en los procesos previos (como alta de proveedores) donde se atrasan más los pagos. Cuando esto sucede, las MIPYMES no tienen más opción que recurrir a los préstamos, que en muchas ocasiones terminan siendo muy difíciles de cubrir, incluso cuando el proveedor ya recibió el pago.
Toda la situación termina por mermar la viabilidad financiera, ocasionando un desperdicio de recursos productivos en la economía, lo que se ve reflejado en una economía ineficiente.
Gran parte del problema se debe a que no existe una ley que obligue a las empresas a pagar en un plazo límite. Incluso cuando existe un capítulo en el código de comercio dedicado al préstamo mercantil, este se limita establecer el pago del interés acordado o del 6% anual de intereses por parte de los deudores, desde el día siguiente al del vencimiento pactado.
Otro problema son las sanciones económicas hacia los proveedores por no expedir una factura de pago en un plazo límite, que a más tardar es el décimo día natural del mes siguiente al que se hizo el pago. Sin embargo, no hay obligación por parte de las empresas para en un plazo que no afecte la producción y finanzas de los proveedores.
En una muestra de 152 países, se observó que existe una correlación negativa de 0.3% (donde el 100% equivale a 1.0) entre el número de días de pago y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Al implementar políticas para disminuir el tiempo del pago, se obtuvo un mayor crecimiento en el PIB y una notable mejora en el entorno para hacer negocios, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Depostiphotos La Ley de Pago a 30 días contribuye a una serie de objetivos para el desarrollo sostenible y los resultados que propone esta ley son:
- Incrementar los niveles de productividad económica mediante una tecnología innovadora y la diversificación centrada en los sectores de valor añadido y uso intensivo de la mano de obra.
- Promover políticas que propicien el desarrollo de las actividades productivas
- Creación de empleos de calidad
- Alentar a las Mipymes mediante el acceso a servicios financieros
- Aumentar el acceso a de las pequeñas industrias y empresas de los países en desarrollo
- Garantizar la igualdad de oportunidades para todas las empresas
¿Cuáles serían los beneficios de legalizar el plazo para los pagos?
- Mayor capacidad de consumo
- Mayor inversión
- Incremento de la participación bancaria en financiamiento capital del trabajo
- Incremento en el dinero para las actividades productivas
- Promueve la viabilidad y salud financiera de las Mipymes
- La regulación del tiempo en que se realizan los pagos de cliente a proveedor, también resulta benéfico para las grandes empresas porque pueden obtener menor precio por parte de los proveedores.
El nuevo presidente del CCE enfatizó la labor empresarial como fuente de bienestar. Así, propuso hacer de la inversión una obsesión que le permita al país crecer, al menos, al 4 % y contar con una inversión de entre el 25 y el 27% del Producto Interno Bruto.
Luego de haber sido presentada, se espera que la Ley de pago a 30 días esté bajo revisión durante todo el 2019 antes de ser aprobada.
Recomendamos: ¿Ha iniciado el enfriamiento de la economía mexicana este 2019?
