Buscador
Ver revista digital
Economía

Esto dice la reforma eléctrica de AMLO que discutirán los diputados

14-04-2022, 6:15:00 AM Por:
© Especial

El dictamen prácticamente es el mismo que envió el presidente, los foros que hubo al respecto y las posturas de la oposición no se tomaron en cuenta.

Regresar el monopolio de la generación y comercialización eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cancelación de todos los contratos que en esta materia posee la iniciativa privada, y la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y de los Certificados de Energías Limpias, son los temas que plantea la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que se debatirá el domingo en la Cámara de Diputados.

Se trata de la misma propuesta que envió a la Cámara baja el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2021, y que en realidad solo sufrió cambios mínimos en el orden de sus disposiciones, más un agregado en el artículo 4 de la Constitución, que plantea que el suministro de energía eléctrica es una condición previa para el goce de los derechos humanos.

El dictamen no considera ninguna de las opiniones expresadas en los distintos foros en los que se abordó el tema de la reforma, y tampoco incluye las propuestas de la oposición.

La iniciativa, que en los hechos pretende revertir la reforma energética de 2013, necesita para su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados del voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Como el partido oficial y sus aliados -de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista- ya no cuentan con mayoría, necesariamente se requiere del aval de la oposición, la cual ya adelantó que votará en contra.

Cancelar contratos, pérdidas económicas

En detalle, el dictamen que se discutirá cancela los contratos de producción del fluido y autoabastecimiento que actualmente se tienen con la iniciativa privada, regresando la generación y comercialización eléctrica -de manera exclusiva- a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esto tendría un impacto de 182,000 millones de pesos, que representan 0.65% del Producto Interno Bruto de México previsto para 2022, a decir de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) Julieta Mejía, Manuel Herrera, y Salvador Caro, que citaron un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., en un voto particular en contra de la propuesta publicado en la gaceta de la Cámara baja.

Al cancelarse estos contratos de las empresas que hoy le venden electricidad a la CFE, se proscriben legalmente todas las inversiones de decenas de consorcios que actualmente conforman el mercado privado de energías renovables.

La propuesta reforma cuatro artículos de la Constitución otorgándole el monopolio de la generación eléctrica, así como su despacho, distribución, regulación y fijación de precios a la Comisión Federal de Electricidad.

Para ello plantea la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados, y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada del fluido.

También propone la desaparición de los órganos reguladores en materia energética, que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

En este último punto se destaca que, en la iniciativa, no existe ninguna justificación para que la CNH desparezca, por lo que se infiere que el Ejecutivo federal también pretende que el Estado retome el monopolio de los hidrocarburos, área que actualmente -tal y como sucede con la electricidad- también tiene participación de la iniciativa privada.

De igual forma, desaparece el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que sería incorporado a la CFE, en tanto que esta última institución, junto con Petróleos Mexicanos (Pemex), y todas las demás empresas productivas del Estado, dejarían de serlo, para convertirse solo en “organismos del Estado”.

Precios monopólicos

Al cancelarse todos los permisos con los que la iniciativa privada participa en el mercado eléctrico nacional, junto con la desaparición de los órganos reguladores en la materia, los precios de la electricidad quedarían a cargo de la CFE, aunque para ello la minuta que se discutirá no establece ningún criterio relativo a la competitividad o la eficiencia.

También se propone que la CFE quede a cargo de los procedimientos para despachar la energía de sus centrales, esto se haría solo “por mérito económico”, lo que trasgrede el derecho humano a un medioambiente sano de todos los mexicanos, y la violación al principio de sustentabilidad que es una condición obligatoria para el sector energético de México y el mundo.

Esto último no solo afectará a las empresas que generan electricidad para autoconsumo o para la venta al Estado, sino que el consumidor final tendrá que pagar más, ante los altos costos de producción que actualmente tiene la Comisión Federal de Electricidad.

De su lado, los grandes consorcios que hoy producen la energía eléctrica que consumen tendrán que regresar al antiguo esquema en el que la CFE les dotaba de electricidad. La consecuencia para las empresas implica costos adicionales en su operación.

Con esto, se pretende eliminar de la Constitución la competencia económica y la libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica, en detrimento de las energías limpias.

El dictamen, al pretender desaparecer de la Constitución principios y derechos fundamentales que ya ganamos los ciudadanos, violenta igualmente el principio de progresividad de los derechos humanos.

Este principio impone al Estado y a todas sus autoridades la prohibición de regresividad de estos derechos, es decir, no se pueden revertir los derechos fundamentales ya reconocidos en el sistema jurídico.

Esta semana, el presidente López Obrador dijo que estaba preparado, en caso de que no se aprobara su iniciativa, pues esta incluye un apartado con respecto al litio. De darse este escenario, el mandatario aclaró que enviaría de inmediato al Poder Legislativo un proyecto de ley para proteger a ese mineral.

Por cierto, el artículo 27 constitucional ya prevé que todos los elementos del subsuelo del territorio nacional son propiedad del Estado, por lo que, en realidad, aunque no lo ha dicho el presidente, el litio ya está protegido.

MÁS NOTICIAS:

autor Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
Comentarios