Estas serán las consecuencias de la iniciativa de la reforma a la Ley de Hidrocarburos
La nueva propuesta del presidente transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica, y competencia económica.
Todos los permisos que actualmente posee la iniciativa privada para la importación, exportación, distribución y venta de hidrocarburos podrían ser revocados por el gobierno federal si se aprueba la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea modificar seis artículos de la Ley de Hidrocarburos.
La iniciativa, presentada el viernes por el Ejecutivo federal en la Cámara de Diputados, pone en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones que llegaron al sector energético desde 2013, tras la reforma constitucional avalada ese año en el Congreso.
El objetivo del gobierno lopezobradorista es tratar de abrogar la reforma energética a través de las leyes secundarias, pues el partido del mandatario no cuenta con mayoría en el Senado para poder cambiar la Constitución.
El problema es que las normas que regulan al sector energético mexicano son consecuencia de lo que dispone la carta magna, por lo que cualquier cambio debe cumplir con los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, sustentabilidad, respeto al medio ambiente, y concurrencia y competencia económica.
Justo son estos conceptos los que dejan de ser observados en la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, por lo que con ella la actual administración federal abre un nuevo frente de discordia que seguramente tendrá la misma suerte que las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, que fue suspendida por un juez federal 24 horas después de entrar en vigor.
Esa norma no podrá aplicarse a nadie hasta en tanto se resuelva el fondo de más de cien amparos que se han promovido en su contra.
Otra lluvia de amparos
La nueva iniciativa presidencial detalla que la Secretaría de Energía, o la Comisión Reguladora de Energía, podrán revocar los permisos que poseen los particulares para la comercialización de hidrocarburos. Esto modificaría de manera sustantiva la regulación de ese mercado en México, alterándose la competencia y libre concurrencia que debe existir en este sector, de acuerdo con lo que ordenan los artículos 25 y 28 de la Constitución.
Con este último argumento, por ejemplo, las empresas gasolineras que ahora son competencia de los expendios de Petróleos Mexicanos (Pemex), pueden promover demandas de amparo en cuanto cobren vigencia los cambios a la Ley de Hidrocarburos, sin necesidad de que esos consorcios esperen la cancelación de sus permisos.
Al tratarse de reformas a una ley, el presidente no requiere contar con mayoría calificada en el Congreso. Si bien esto representa una facilidad política para el titular del Ejecutivo federal, ese beneficio se revierte en términos jurídicos al momento en que se solicita un amparo.
Todos los particulares, ya sean personas físicas o morales, podrían acudir a la justicia federal ante las trasgresiones constitucionales que plantea esta reforma, la cual seguramente no será modificada en el Congreso, como ocurrió con los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, minuta que no se le modificó “ni una coma”, y fue avalada por los legisladores de Morena, tal y como lo solicitó el presidente.
Peligros a la seguridad nacional
En vez de fortalecer la vigilancia que el gobierno federal debe ejercer en el sector privado que maneja hidrocarburos, a fin de que no se den abusos que puedan perjudicar a los consumidores, la propuesta de reforma prefiere acabar con la competencia a Pemex si se prevé “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Usando el mismo ejemplo de las gasolineras propiedad de empresas distintas a Pemex, esto significa que cualquier alteración en el precio de las gasolinas, que se rige por la oferta y demanda del mercado, puede ser un argumento para cancelar el permiso de estos expendios.
Lo mismo sucede con aquellos negocios que pueden importar y distribuir hidrocarburos, a quienes se les podrán revocar sus permisos si no cuentan con la capacidad de almacenamiento que fijará y modificará el gobierno, de aprobarse esta iniciativa.
Como al final el objetivo es fortalecer a Petróleos Mexicanos, de acuerdo con el discurso del presidente López Obrador, y con lo expresado en la misma iniciativa, en los hechos el resultado será poner en riesgo los capitales invertidos por las empresas del sector.
La reforma, al cambiar las reglas del juego que se establecen en la Constitución, altera la seguridad jurídica que cualquier negocio necesita, y al mismo tiempo también trasgrede lo pactado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por lo que seguramente, si el Congreso avala la propuesta, veremos decenas de solicitudes de arbitraje de consorcios que invirtieron en México creyendo que este era un país confiable.
Creer que las empresas productivas del Estado mexicano serán “garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca de(l) desarrollo nacional”, como se expresa en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, es ignorar la actual realidad económica del mundo, junto con lo que expresa nuestra carta magna, pues esta última es muy clara en cuanto a las características de competencia y libre concurrencia que debe tener el mercado energético del país.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.