Empresas y consumidores serán afectados si se aprueba la reforma eléctrica de AMLO
La iniciativa del presidente no solo plantea regresar el monopolio de la generación eléctrica a la CFE, también incluye al área de los hidrocarburos.
Con una exposición de motivos llena de falacias y afirmaciones ideológicas, la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador plantea convertir nuevamente en monopolio estatal a la Comisión Federal de Electricidad, desaparecer a los órganos reguladores en materia energética, además de cancelar todos los permisos de generación eléctrica y autoabastecimiento que actualmente posee la iniciativa privada.
Enviada el viernes pasado a la Cámara de Diputados, la propuesta plantea una reforma constitucional que revierte la reforma energética de 2013, a partir del argumento central de que esta ha sido regresiva, y su verdadero objetivo fue “el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado”.
El problema, como ya es costumbre en la actual administración, es que la iniciativa no dota de contenido fáctico su diagnóstico, sino que expone una situación en la que se utilizan indistintamente los términos ilegal e ilegítimo para justificar lo que en realidad es la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del Estado mexicano, que no es competitiva desde antes de la referida reforma energética, aprobada en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Contrarreforma energética
López Obrador quiere que el Congreso reforme tres artículos de la Constitución para que el monopolio de la generación eléctrica, así como su despacho, distribución, regulación y fijación de precios estén a cargo de la CFE, para ello plantea “la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución”.
También propone la desaparición de los órganos reguladores en materia energética, que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Es importante destacar que en la iniciativa no existe ninguna justificación para que la CNH desparezca, por lo que aquí estamos ante un intento explícito del Ejecutivo federal para que el Estado retome el monopolio de los hidrocarburos, área que actualmente -tal y como sucede con la electricidad- también tiene participación de la iniciativa privada.
De igual forma, se propone desaparecer al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que sería incorporado a la CFE, en tanto que esta última institución, junto con Petróleos Mexicanos (Pemex), y todas las demás empresas productivas del Estado, dejarían de serlo, para convertirse solo en “organismos del Estado”.
Los afectados somos todos
La cancelación de todos los permisos con los que la iniciativa privada participa en el mercado eléctrico nacional, junto con la desaparición de los órganos reguladores en la materia, implica que los precios de la electricidad serán determinados de manera exclusiva por la CFE, sin que en ello se establezcan criterios de eficiencia, competitividad y libre concurrencia.
De hecho, se propone que la CFE quede a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales “por mérito económico”, ignorando con ello además de la eficiencia y competitividad, la sustentabilidad del sector.
Esto no solo afectará a las empresas que generan electricidad para autoconsumo o para la venta al Estado, sino que el consumidor final tendrá que pagar más, ante los altos costos de producción que tiene la Comisión Federal de Electricidad.
Asimismo, los grandes consorcios que hoy producen la energía eléctrica que consumen tendrán que regresar al antiguo esquema en el que la CFE les dotaba de electricidad, esto les traerá costos adicionales en su operación, con el consecuente aumento de precios de las mercancías que venden o fabrican, pues todas las empresas trasladan al consumidor los costos operativos necesarios para producir o comercializar los bienes y/o servicios que ofertan en el mercado.
De igual forma, al cancelarse los permisos de las empresas de generación de energía, que hoy le venden electricidad a la CFE, quedarán proscritas legalmente todas las inversiones de decenas de empresas que actualmente conforman el mercado privado de energías renovables.
Con esto, se pretende eliminar de la Constitución la competencia económica y la libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica, en detrimento de las energías limpias.
La consecuencia no es otra más que la trasgresión al derecho humano a un medioambiente sano de todos los mexicanos, y la violación al principio de sustentabilidad que es una condición obligatoria para el sector energético de México y el mundo.
Se trata pues de una contrarreforma energética que pretende desaparecer de la Constitución principios y derechos fundamentales que ya ganamos los ciudadanos, lo que significa que el Ejecutivo federal intenta violentar igualmente el principio de progresividad de los derechos humanos.
Este principio impone al Estado y a todas sus autoridades la prohibición de regresividad de estos derechos, es decir, no se pueden revertir los derechos fundamentales ya reconocidos en el sistema jurídico, por ende, este debería ser el principal argumento para que los legisladores de oposición rechacen la iniciativa del presidente López Obrador.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.