Desde hoy, la CFE comprará menos electricidad a privados

Es oficial, desde este jueves, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) disminuirá la compra de energía eléctrica a las empresas privadas que le prestan ese servicio a la compañía estatal, como parte del nuevo Programa Sectorial de Energía publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación.

De lo que se trata es de “rehabilitar y optimizar el uso de todas las plantas de generación de la CFE, siguiendo criterios de eficiencia técnica y económica; e invertir en nuevas capacidades de generación, y fortalecer la infraestructura del Estado para cumplir con el mandato constitucional de garantizar los procesos de transmisión y distribución de energía eléctrica”.

Si bien es cierto que el Estado mexicano tiene esta última obligación, señalada en el párrafo cuarto del artículo 28 la carta magna, también lo es que, “mediante la competitividad, (y) el fomento del crecimiento económico y el empleo”, las autoridades deben garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, como lo establece el primer párrafo del artículo 25 constitucional.

En las actuales condiciones económicas por las que atraviesa el país, prescindir de la participación de las empresas privadas en el sector eléctrico mexicano, que ya existe desde 2013, implica que el Estado erogue mayores recursos fiscales para lograr la rehabilitación y optimización de las plantas de la CFE, justo cuando los ingresos que recibe el gobierno federal están disminuyendo, debido, principalmente, a la baja en la producción y los precios del petróleo.

Es por eso que la consecuencia inmediata de esta medida será el aumento del costo de la energía eléctrica que pagan las empresas mexicanas, el cual no está subsidiado, pues la electricidad que genera la CFE es más cara que la que producen los consorcios privados.

Para que el precio de la luz no aumente, la subida en los costos de producción de energía debería ser cubierto por el mismo Estado, aplicándose así un subsidio indirecto en el caso del fluido que pagan las empresas. En cuanto al servicio doméstico, solo aumentando el subsidio directo que ya se recibe en los hogares mexicanos podría lograrse que los recibos de la CFE se mantengan sin incremento.

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Anular la reforma energética

El Programa Sectorial de Energía 2020-2024 es un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene como objetivo prioritario “fortalecer al sector energético nacional, para que constituya la base que impulse el desarrollo del país”.

En uno de sus puntos, el Programa destaca que bajará la compra de electricidad que hace la CFE a las empresas privadas, y agrega que nuestro país tendrá una “transición energética de manera soberana y acelerada, mediante una política integral de Estado para la utilización de las energías renovables, sustentada en la evolución productiva y tecnológica de las EPE” (Empresas Productivas del Estado).

Es decir, en el texto del Programa Sectorial de Energía -formalmente- se niega la reforma energética aprobada por el Congreso en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Además, en el punto 16 del objetivo seis del decreto se dice que México tendrá que “avanzar en una transición energética soberana hacia energías renovables, sobre la base de la ciencia, tecnología y producción nacional de los bienes de capital y equipos requeridos”.

Para ello se intentará “elevar la producción de crudo para satisfacer la demanda nacional de petrolíferos, elevar la producción de gas natural, aumentar la producción de refinados mediante la rehabilitación del SNR (Sistema Nacional de Refinación) y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas”.

Aunque también se dice que habrá “reglas claras, respeto al Estado de derecho y aprovechamiento de toda la experiencia y conocimiento del sector privado”, lo cierto es que, en la realidad, lo que ha ocurrido es lo contrario. Como prueba están las decenas de amparos que han promovido alrededor de 65 empresas productoras de energías renovables en contra de un acuerdo del Centro Nacional de Energía (Cenace), que cancela los permisos para que esos consorcios realicen pruebas preoperativas.

A estos juicios se suman dos Controversias Constitucionales tramitadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el gobierno del estado de Tamaulipas, en contra de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada mediante un acuerdo por la Secretaría de Energía (Sener) el pasado 15 de mayo.

Ese documento ya fue suspendido por la Corte, hasta que el máximo tribunal del país resuelva el fondo de las Controversias Constitucionales, lo mismo ocurre con el acuerdo del Cenace, que se mantiene suspendido en los Juzgados de Distrito especializados en Competencia Económica. Así, al menos momentáneamente, la nueva política de la Secretaría de Energía no puede aplicarse a plenitud.

Lo mismo podría suceder en el caso del Programa Sectorial de Energía, el cual puede ser impugnado a través del juicio de amparo por parte de las empresas generadoras de electricidad que se vean afectadas con la disminución de las compras que ya les hacía la CFE. La Cofece, y los gobiernos de las entidades federativas, también pueden inconformarse con esta disposición promoviendo Controversia Constitucionales. 

De hecho, pueden utilizarse los mismos argumentos que la Comisión Federal de Competencia Económica detalló en su Controversia Constitucional en contra del acuerdo del 15 de mayo de la Sener, pues el Programa Sectorial de Energía también afecta la estructura económica del sector eléctrico, al eliminar la posibilidad de que el mercado opere de manera eficiente y competitiva con la participación de la iniciativa privada.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.