Desaparecer el outsourcing, la nueva meta del presidente López Obrador
El presidente adelantó que enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer la tercerización laboral, conocida popularmente como outsourcing.
En México se han perdido decenas de miles de empleos como consecuencia de la pandemia del Covid-19 y, en vez de que se promueva e incentive la inversión para generar más fuentes laborales, el gobierno federal va en sentido contrario: Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer la tercerización laboral, conocida popularmente con el anglicismo outsourcing.
La propuesta será “para que ese mecanismo desaparezca, o sea, va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como (la extinción de) los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción”, dijo este martes López Obrador.
Según el titular del Ejecutivo federal, el outsourcing tiene como fundamento el ayudar a la iniciativa privada “para que no se dedicara a hacer trámites administrativos, para que pudiera tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al seguro social, al Infonavit”. Pero lo que en realidad sucedió fue que los consorcios “abusaron” de la figura, apuntó el presidente.
Sin embargo, la tercerización laboral o subcontratación a través del outsourcing, se realiza cuando una empresa contrata a trabajadores para que estos le presten servicios a otra compañía, siempre y cuando se trate de labores específicas a las que no se dedica de manera preponderante la firma beneficiaria.
Por ejemplo, un laboratorio farmacéutico, o un despacho de contadores, no tiene como actividad preponderante la limpieza, así es que para hacer estas tareas reciben los servicios de una empresa subcontratista que envía a los afanadores a esas compañías.
La empresa de outsourcing está obligada a otorgar a esos trabajadores las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), y a pagar los impuestos respectivos, incluyendo las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Infonavit.
¿Qué dice la ley?
Actualmente, ya se considera simulación o fraude a la ley si el despacho citado como ejemplo, contrata -mediante outsourcing– a contadores, o si el laboratorio utiliza la tercerización laboral para contar con médicos o especialistas en química que hacen lo mismo que los trabajadores de base de la firma.
Incluso, un laboratorio farmacéutico no viola la ley si decide contratar, para que le lleve la contabilidad, una empresa externa de outsourcing que preste esos servicios, pues la actividad preponderante del laboratorio no es hacer contabilidad, sino medicamentos.
Las normas se trasgreden si, efectivamente, una empresa contrata mediante outsourcing a trabajadores que hacen las labores preponderantes a las que se dedica la compañía. ¿Cuáles son estas normas? La Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal de la Federación, y las leyes del IMSS y del Infonavit.
Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y/o de seguridad social está prohibido y sancionado en la LFT. El Código Fiscal de la Federación también prevé diversos castigos, incluyendo penas de prisión, para las personas que emitan comprobantes fiscales simulando actividades que en realidad no llevaron a cabo.
Por ende, en vez de investigar y sancionar a las empresas que efectivamente no están cumpliendo con la ley, y que abusan de la figura del outsourcing, el presidente pretende que esta opción desaparezca, a pesar de que no todas las compañías del país trasgreden las normas que ya existen al respecto.
Antecedentes legislativos
En diciembre de 2019, el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia presentó una iniciativa para prohibir la tercerización laboral, equiparándola con un delito cometido por la delincuencia organizada. La propuesta pretendía además considerar la simulación del outsourcing con el fraude fiscal, la emisión de facturas falsas, y las operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Luego de innumerables críticas a esa iniciativa, la Junta de Coordinación Política del Senado pospuso la discusión de ese dictamen en el pleno, el cual ya había sido avalado en comisiones de la Cámara alta.
Gómez Urrutia, exlíder del sindicato minero, intentaba restringir al máximo a las empresas dedicadas al outsourcing, en tanto que las compañías que contrataran los servicios de tercerización laboral serían sancionadas hasta con la extinción de dominio.
Si bien la Ley Federal del Trabajo no contiene un capítulo específico que regule con detalle al outsourcing, desde 2019 la actual administración creó un Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal, integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIT) de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
En enero de este 2020, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que se habían realizado hasta ese momento siete operativos especiales de inspección en grandes empresas, detectándose 10,000 trabajadores subcontratados ilegalmente, y 36 empresas subcontratistas involucradas. Es decir, se trataba de consorcios que hacen uso del outsourcing para contratar a trabajadores que realizan actividades preponderantes y no accesorias.
Asimismo, la Secretaría del Trabajo detectó, entre septiembre y diciembre de 2019, 1,200 empresas “con posibles esquemas de subcontratación ilegal”, que concentrarían a más de 862,000 trabajadores con probable afectación en sus derechos laborales y de seguridad social.
Las empresas fantasma o fachada, y la facturación de operaciones simuladas, son otras dos conductas ilícitas que el gobierno federal ya considera como tipos de subcontratación ilegal. Pero en los hechos no se trata de contrataciones a través de empresas de outsourcing, sino de conductas con las que se simula tener una empresa con trabajadores, cuando en realidad la compañía no existe.
Cabe aclarar que la reforma laboral, vigente desde el 1 de mayo de 2019, solo modificó el modelo de justicia que en esta materia prevalecía en México desde el siglo XX, pero el outsourcing no fue incluido, a pesar de que los legisladores de oposición a Morena insistieron en que esta figura también debía formar parte de esos cambios, que se realizaron para adecuar las normas laborales de nuestro país con el Anexo 23-A del T-MEC.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.