Crimen organizado aprovecha prohibición de venta de cigarros electrónicos
El contrabando y la extorsión están aumentando por la medida que no regula comercializar los dispositivos, sino que los restringe por completo en México.
Alberto es un empresario que importa, distribuye y comercializa vapeadores, desde el pasado 31 de mayo calcula que ha perdido más de 10 millones de pesos en inversión, debido al decreto que prohíbe de manera absoluta la comercialización de cigarros electrónicos en México, una medida que está aprovechando el crimen organizado, pues el consumo de estos productos ahora se realiza acudiendo al mercado negro.
Este emprendedor, quien habló con ALTO NIVEL bajo condición de ser identificado con un nombre supuesto, ya no puede importar estos dispositivos, pagando sus correspondientes impuestos, aunque asegura que mantiene en venta el inventario que posee en territorio nacional gracias a la protección de varios amparos que le otorgaron antes del decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el último día del pasado mes de mayo.
“Los que sigan buscando el producto, y quieran seguir vapeando, en lugar de fumando, pues ¿Qué va a suceder?, van a seguir comprando en el mercado negro, cosas de contrabando, que no sabes ni de dónde vienen, ni qué materiales están utilizando, a lo mejor hasta son reciclados, y ya puede haber una afectación muy grave en la salud”, detalla.
De su lado, José Cruz, nombre ficticio de un usuario vapeador, fue víctima de extorsión hace unos días por parte de elementos de la Policía de la Ciudad de México, quienes le argumentaron -falsamente- que el decreto presidencial prohíbe vapear en la vía pública, cuando en realidad la disposición solo restringe la comercialización de estos productos.
“El oficial se me acercó, me retuvo contra la pared prácticamente, y lo que me dijo es que estaba cometiendo una falta, que si sabía que el uso del cigarrillo electrónico estaba prohibido, y que iba a proceder a retirarme mi equipo”, explica.
Cuando Cruz le respondió que en realidad solo está prohibida la venta de vapeadores y no su utilización por parte de quienes ya poseen el dispositivo, el policía pidió refuerzos y amenazó con llamar a una patrulla para llevárselo arrestado, insistiendo en confiscarle el aparato que tiene un costo de 5,000 pesos.
“Se empezaron a poner más pesados, uno de los que llegó me dijo tal cual que si no “cooperaba” entonces me iban a remitir, y que de todos modos me iban a retirar mi equipo, (…) les dije, pues traigo cien pesos, le di los cien pesos al oficial y fue como me dejó ir”, reconoce Juan Cruz, uno de los más de 15 casos de extorsión policíaca que han sido reportados en las últimas dos semanas al colectivo Alianza por la Libertad del Vapeo (AllVape).
A su vez, Bruno, otro empresario del sector, fue detenido en un retén de la Guardia Nacional en una carretera del occidente del país, cuyos elementos también lo extorsionaron con 10,000 pesos, además de amenazarlo con “sembrarle” droga. No traía mercancía, sino solo sus dispositivos personales.
“Me entró el pánico”, afirma. “Me obligaron a hablarle a un amigo para que les hiciera una transferencia”. Primero querían 30,000 pesos, aunque al final “se arreglaron” con la tercera parte de esa cantidad. Bruno ya está quebrado, perdió una inversión de un millón de pesos, cerró las tres tiendas que tenía y despidió a cinco de sus siete empleados.
Mercado para el crimen organizado
La diferencia entre adquirir un vapeador o sus recargas en un negocio establecido, en vez de hacerlo en el mercado negro o informal es obvia: Los comercios cuentan con licencia municipal, pagan a empleados, y adquieren sus productos a importadores como Alberto, reportando al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se genera con estas transacciones.
Con la prohibición ahora hay que acudir a un “dealer”, sí, como si se estuviera comprando droga, quien obtiene su mercancía en las redes de distribución de contrabando. También en internet pueden adquirirse vapeadores y recargas, pero igualmente se trata de vendedores que el consumidor no puede identificar.
“Ya en varias ciudades importantes están tomando el mercado los que ya sabemos, (…) el narco definitivamente va a tomar esto como un negocio más, incluso ya está sucediendo”, comenta Antonio Toscano, coordinador de activistas de AllVape, una asociación civil dedicada a defender el derecho de los usuarios al libre consumo de estos productos.
Ratificando lo dicho por Toscano, los empresarios del sector, e incluso los usuarios que han sido extorsionados, dan su testimonio de manera anónima por temor a recibir alguna represalia tanto de la delincuencia organizada, como de autoridades corruptas.
“Bajaron tres personas armadas de un vehículo, uno se queda en la puerta, dos pasan, y uno me dice ¿sabes qué?, pues ya regresamos y aunque (tus vapeadores) no sean desechables, nos estorbas, no puedes vender. Entonces sacaron unas bolsas de costalito negras grandes, y me dice, empieza a llenarlas”, así narra otro inversionista del vapeo a quien un cartel de la droga le quitó toda su mercancía.
Los delincuentes le advirtieron que no podía volver a vender, ni siquiera en redes sociales, aunque -en caso de que quiera mantenerse en el negocio- las compras se las tiene que hacer a ellos, bajo sus condiciones.
Todos los productos de vapeo que se llevaron de la tienda especializada de este empresario representaban una inversión de 250,000 pesos, cifra que llega al medio millón de pesos considerando todo el capital que utilizó para abrir y mantener su negocio en el que tenía a cuatro empleados.
Como los miembros del cartel de la droga que opera en la ciudad donde radica este emprendedor ya lo tienen ubicado, ALTO NIVEL decidió no revelar ni siquiera el nombre del grupo delictivo, pues eso lo pondría en riesgo.
Con el decreto del presidente López Obrador, “les acaban de entregar el mercado completo” del vapeo, apunta el empresario en referencia a quiénes son los que ahora venderán, al mayoreo y menudeo, los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), la denominación formal de los cigarros electrónicos y vapeadores.
Según datos de la Asociación Nacional de Vapeadores, en México había alrededor de 2,000 empresarios con 500 establecimientos formales que vendían estos dispositivos a un público consumidor de entre dos y cinco millones de personas.
En el mundo se calcula que hay más de 55 millones de usuarios de algún tipo de cigarro electrónico, incluyendo aquellos aparatos que se usan sin nicotina, en un mercado global valuado en 2021 en 18,100 millones de dólares, de acuerdo con la consultora Global View Research.
Cabe destacar que en 60 países hay una regulación puntual para estos dispositivos, que están prohibidos para menores de edad, además de que, en algunas de estas naciones, se les considera como una alternativa para dejar de fumar.
Ampliación del mercado negro
El contrabando de vapeadores y sus recargas, pero sobre todo de los maskking, los “vaps” desechables, existe en México desde hace por lo menos un lustro, debido a la insistente actitud prohibitiva del gobierno federal. Se trata de un mercado que encabezan grupos dedicados a la importación ilícita que distribuyen los aparatos entre vendedores minoristas informales, cuyo público consumidor son personas más jóvenes y con menos recursos económicos.
Por eso, antes del decreto presidencial, podían encontrarse en tianguis y puestos ambulantes vapeadores desechables de diversos sabores a partir de los 100 pesos. En cambio, en el comercio establecido, un vapeador no desechable tenía un costo de entre 300 y 600 pesos, los más económicos, aunque el precio de los mejores oscilaba en promedio entre 1,500 y 6,000 pesos.
Los sistemas desechables del comercio informal no cuentan con ningún control de calidad, su fuente de energía es una batería altamente contaminante que va directamente a la basura, además de que la cantidad de nicotina que se consume es mucho más alta, ya que el aparato no permite la dosificación de la sustancia que contiene.
Desde el 1 de junio, el mercado negro de estos productos ya es más amplio, al incorporarse a este todos los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, los Sistemas Similares sin Nicotina, los Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, los “cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas”, cuya circulación y comercialización en el país prohíbe el decreto firmado por el titular del Ejecutivo federal.
Sin entrar en el debate sobre si el vapeo es menos riesgoso para la salud que consumir un cigarro, tal y como lo establecen varios estudios científicos, la consecuencia inmediata del veto a los dispositivos no solo incluye pérdidas económicas para las pequeñas empresas que los comercializaban en México: El mayor impacto es de salud pública.
Antes del decreto, la mayoría de los consumidores adultos de productos alternativos al cigarro acudía al comercio establecido, ahora todos ellos tendrán que arriesgar su salud sobre todo si intentan comprar las recargas en el mercado negro. La prueba de esto se ubica en los productos que ya antes se vendían en la informalidad.
En México, desafortunadamente ya nos alcanzó el crimen organizado, ya nos alcanzó el mercado negro, y el gran problema que estamos teniendo en este momento son dispositivos desechables, son dispositivos como maskking, que es un producto chino de dudosa procedencia”,
argumenta Eggar Cano, presidente de la Asociación Nacional de Vapeadores.
Los activistas y empresarios del vapeo piden que se regule la importación y venta de vapeadores, además de que se implementen acciones específicas para retirar la mercancía que llegó al país de manera ilegal, y para ello adelantan que pretenden promover Juicios de Amparo, además de hablar con legisladores.
Entre tanto, haciendo oídos sordos a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en octubre de 2021 consideró que es inconstitucional prohibir de manera absoluta la comercialización, venta y distribución de cigarros electrónicos y vapeadores, porque con ello se trasgrede la libertad de comercio y el libre desarrollo de la personalidad, la administración lopezobradorista decidió que todo el mercado pasara a la clandestinidad.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.