Contrarreforma eléctrica, ¿monopolio o rectoría del Estado?
El gobierno argumenta que no se trata de monopolizar el servicio, pero los analistas del sector temen el regreso de otras épocas.
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, en uso de sus facultades constitucionales, una iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, que fuera aprobada en el marco de la reforma energética de 2013 y entró en vigor dos años después.
Dicha iniciativa pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y establecer condiciones para la dominancia de mercado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entre los cambios más relevantes está el orden de despacho de energía eléctrica al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que como gestor de la red ahora no ponderaría el uso de energía más barata por nodo, sino en primer lugar la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en otras plantas de la estatal, luego la energía eólica (de privados para intercambio entre ellos o venta a la CFE) y finalmente los ciclos combinados de la CFE. Dejando al último las energías generadas a partir de fuentes renovables.
En cuanto al otorgamiento de permisos de generación, ahora se sujetarían a criterios de planeación de la red y podrán ser negados.
De igual modo, se obligará al regulador a revocar permisos y se obligará al gobierno a revisar la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE.
En lo que respecta a certificados de energía limpia (CEL) como incentivos a la generación de energía limpia o renovable, el suministrador de servicios básicos, que hoy es solamente la CFE, no estará obligado a adquirir energía, potencia o CEL únicamente mediante subastas, sino que podrá diseñar sus propios mecanismos.
Las reacciones no se hicieron esperar, un alto porcentaje de ellas en contra de la iniciativa, al argumentar que lo que se pretende es regresar a la CFE a su papel de monopolio, como antaño, con las deficiencias y vicios que existían entonces, en detrimento del servicio y de los precios brindados a los consumidores, es decir, a todos los mexicanos.
Ante esto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien lleva a cabo las conferencias matutinas diarias del gobierno federal ante la convalecencia del jefe del Ejecutivo, señaló que la intención de la reforma es recuperar la rectoría del Estado, y negó que se pretenda el regreso del monopolio estatal.
“Rectoría no es equivalente a monopolio”, señaló la titular de la política interior del país.
Ante el debate, vale la pena recordar un poco cómo era y funcionaba la CFE todavía hace menos de una década, además de acudir a las definiciones de rectoría estatal y monopolio, para contar con más elementos de juicio sobre lo que se pretende hacer con esta industria, clave para la economía nacional.
CFE ineficiente, barril sin fondos
En la década de los años treinta del siglo pasado, México trataba de dejar atrás los estragos de la guerra de la Revolución y las luchas políticas internas por el poder entre los llamados “cachorros de la revolución”, pero el desarrollo no era fácil por una poderosa razón, la falta de infraestructura y servicios.
El país en ese entonces contaba con poco más de 18 millones de habitantes, de los cuáles apenas poco más de la mitad tenía servicio eléctrico, en realidad sólo los centros urbanos gozaban de tal distinción ya que las zonas rurales estaban prácticamente en tinieblas.
Es así como el 14 de agosto de 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuya esencia era la generación, transmisión y distribución de electricidad sin fines de lucro.
Es hasta el 27 de septiembre de 1960 cuando se decreta la nacionalización de la industria eléctrica para otorgar al Estado la exclusividad de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía al país.
El objetivo se logró, la cobertura eléctrica en México llegó al cierre de 2019 al 98.7 por ciento del territorio mexicano, pero los costos para el estado fueron crecientes, sin recursos para la modernización del servicio eléctrico del país.
Por ejemplo, en el año 2015 cuando entró en vigor la nueva ley del servicio eléctrico, la CFE tuvo pérdidas por 118 mil 531 millones de pesos; un año después en 2016 ganó 84 mil millones; en 2017 volvió a perder, aunque “sólo” 9 mil 900 millones; en 2018 las pérdidas fueron de 60 mil millones, un año después las pérdidas llegaron a 54 mil 845 millones y las cifras preliminares señalan que el año pasado habría perdido al menos 100 mil millones de pesos.
El argumento de la actual administración señala que las pérdidas obedecen a las desventajas que le significan a la empresa las reformas que ahora se quieren revertir mediante la recuperación de la rectoría del estado, que no el regreso del monopolio, señalan los principales funcionarios federales. ¿Monopolio o rectoría estatal?
¿Qué es un monopolio?
De acuerdo con la definición de la Real Academia de la lengua Española, un monopolio se define como “Concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio“; también se define como una falla de mercado, una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor o agente económico (monopolista) que posee un gran poder de mercado.
En un monopolio los consumidores no pueden optar por un bien o servicio sustitutivo, ya que no existe la competencia o es muy restringida, casi sin presencia.
Este monopolio decide prácticamente todo, desde precios hasta cantidad y calidad del servicio prestado, incluso en el escenario en el que las reglas fijadas por el Estado le puedan significar problemas, al fin es el dueño absoluto o casi absoluto del mercado.
¿Qué es la rectoría del Estado?
Con la misma fuente, la rectoría del estado se define como “la facultad del Estado para regular la actividad económica de los particulares y para participar en procesos económicos de producción y distribución de bienes y servicios”
El Estado tiene entonces la potestad de regular, pero al mismo tiempo de participar en el mercado mismo como un agente más, un competidor que enriquece el ecosistema del bien o producto que se ofrece.
La rectoría del Estado tiene una delgada línea que muchas veces puede cruzarse, depende de la habilidad de quienes en ese momento tengan a cargo la aplicación demás reglas. Un estado rector eficiente genera valor para la industria regulada y el país, uno ineficiente genera industrias en el mismo sentido y tarde o temprano lleva al sector al caos, las correcciones que se aplican por lo general no son las mejores.
Lo que inquieta en el caso de la llamada contrarreforma eléctrica propuesta hace unos días es el hecho de que se revierten todos los cambios que cuando menos en esencia buscaban un servicio más barato, eficiente y limpio, ante la probada ineficiencia de la empresa del Estado en los años previos, ahí están los resultados financieros.
La operación de la CFE no ha sido hasta ahora la más eficiente: sus pérdidas año con año así lo demuestran, tampoco la más limpia porque privilegia la generación de energía eléctrica por medios fósiles en un mundo que se dirige a pasos agigantados hacia la era de las energías limpias y sustentables, y por lo tanto la energía que produce la CFE tampoco es la más barata.
En todo caso, el tiempo dirá si regresamos a la época del monopolio estatal o si el estado será capaz de regular eficientemente a la industria eléctrica para beneficio del país. Mientras tanto el debate y la incertidumbre en el sector energético serán factores que no benefician a la recuperación y estabilidad económica, en momentos en que lo menos necesario es la incertidumbre.
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