¿Debe la banca cambiar sus controles antilavado tras designación de carteles como terroristas?
Aunque el sistema de control de la banca mexicana contra el lavado de dinero es sólido, podría enfrentar presiones para endurecerlo más.
Si bien México cuenta con una sólida regulación en materia de lavado de dinero, la reciente designación de los carteles del narcotráfico como grupos terroristas por parte de Estados Unidos abre la puerta a una posible revisión de los protocolos para fortalecerlos y reducir el riesgo de sanciones, especialmente para el sistema financiero del país.
Banxico defiende una regulación sólida
Durante la presentación del informe trimestral del Banco de México, la gobernadora del instituto central, Victoria Rodríguez Ceja, defendió lo que calificó como una legislación robusta en materia antilavado. Esto ocurrió apenas unas horas después de que el gobierno estadounidense etiquetara como terroristas a seis cárteles mexicanos, junto con una organización venezolana y una salvadoreña.
Rodríguez Ceja afirmó que el protocolo de Banxico en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Combate del Financiamiento al Terrorismo es sólido y, por lo tanto, no considera necesarias modificaciones.
Asimismo, destacó que el protocolo contempla mecanismos para dar seguimiento a personas físicas y morales involucradas en actividades ilícitas. También recordó que México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece parámetros globales para la prevención del lavado de dinero. Además, subrayó el trabajo conjunto de la banca y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar operaciones sospechosas.
Respecto al riesgo de que las empresas que envían remesas a México sean utilizadas para el lavado de dinero, la gobernadora de Banxico aseguró que existen controles para mitigar este peligro.
Un especialista en temas antilavado, quien prefirió el anonimato, coincidió en que el sistema financiero mexicano cuenta con un protocolo sólido, aunque perfectible. No obstante, advirtió sobre una posible mayor fiscalización de las operaciones provenientes de México por parte de bancos estadounidenses, los cuales tienen la facultad de intervenir cuentas y recursos si los consideran sospechosos.
Aunque recientemente no se han reportado casos de lavado de dinero que involucren bancos mexicanos, uno de los escándalos más notorios fue el de HSBC en 2012. El banco fue acusado de facilitar el lavado de dinero de cárteles de la droga, incluyendo al Cártel de Sinaloa, debido a controles laxos que permitieron el blanqueo de aproximadamente 881 millones de dólares entre México y Colombia.
Aumenta el riesgo de sanciones
Otros analistas sostienen que, si bien el sistema antilavado en México es robusto, podría haber presiones para endurecerlo aún más.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) explicó que la medida adoptada por Estados Unidos permite bloquear propiedades y activos de individuos, empresas y entidades financieras. Incluso, otorga la facultad de prohibir transacciones en toda una región geográfica, lo que amplía su alcance extraterritorial bajo la supervisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments, advirtió que los bancos en México deberán ser más rigurosos en sus departamentos de cumplimiento, fortaleciendo sus mecanismos de verificación de clientes y transacciones.
Otros expertos señalaron que, a partir de ahora, bastará con una simple sospecha para aplicar medidas antilavado, lo que podría llevar a los bancos mexicanos a endurecer sus procesos para evitar sanciones por parte de Estados Unidos o el riesgo de que algunos de sus ejecutivos sean perseguidos legalmente por vínculos con individuos ligados a estas organizaciones criminales.
Con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, se amplía el número de usuarios del sistema bancario sujetos a fiscalización. Si bien no se prevén cambios abruptos en los protocolos antilavado del sistema financiero mexicano, los bancos deberán reaccionar conforme evolucionen las condiciones regulatorias.
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