¿Cuál es la verdadera situación del Tren Maya?

La obra mantiene irregularidades por más de 700 millones de pesos, además de que las suspensiones emitidas por jueces federales se han desobedecido.
El Tren Mayallega a la última estación del sexenio cargado de cuestionamientos: Opacidad, planeación deficiente, desacato de numerosos fallos jurisdiccionales, alteración al medioambiente, y un posible daño al erario por más de 700 millones de pesos, son los principales problemas que -exactamente dentro de 90 días- pasarán a ser responsabilidad de la próxima mandataria Claudia Sheinbaum.
Proyectado para recorrer 1,554 kilómetros, y ser el motor del desarrollo económico de cinco entidades del sureste del país, la construcción de este medio de transporte acumula observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y suspensiones de jueces federales que, en los hechos, han sido ignoradas.
En el primer caso, a través de las auditorías realizadas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la ASF encontró pagos en exceso o sin justificar; trabajos y compras innecesarias; y en general una deficiente planeación de la obra.
Faltan aclaraciones
Las observaciones a Fonatur, fideicomiso que se encarga de los recursos públicos destinados al Tren Maya, superan los 700 millones de pesos, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 de la ASF, cuya copia posee ALTO NIVEL.
Entre las irregularidades encontradas se incluyen, por ejemplo, 352.3 millones de pesos “pendientes por aclarar” solo del tramo 4, ya que de esa cantidad 286.2 millones de pesos fueron pagos en exceso “debido a la diferencia del costo en la integración de diversos precios unitarios”.
En el mismo tramo, otros 25.5 millones de pesos se calificaron como pagos indebidos “por deficiencias de calidad en el pavimento de la autopista”, y porque “se colocó (una) “Barrera central” de concreto simple, sin comprobar el cumplimiento del nivel de contención”.
También se compró un predio de 295,000 metros cuadrados para ampliar el derecho de vía del transporte, aunque al final se reportó que ese bien no será utilizado.
La ASF concluye que, hasta 2022, hay “deficiencias en la planeación del proyecto, ya que se pagaron trabajos innecesarios (estructuras, autopista y plataforma de vía) con antelación”.
Será hasta la administración de Claudia Sheinbaum cuando se conozcan las auditorías a las Cuentas Públicas de 2023 y 2024, y de los años subsecuentes, pues la construcción aún no termina.
Hasta ahora, de las 33 estaciones que se prevé tendrán en conjunto los 7 tramos del Tren Maya, solo están en funcionamiento 19, destacándose 7 estaciones en el estado de Yucatán, 6 en Campeche, y 4 en Quintana Roo.
A estas anomalías señaladas por la ASF, se debe añadir que el costo de la obra ha aumentado de manera significativa. En el proyecto original, el gobierno federal aseguró que el Tren Maya tendría un costo de 156,000 millones de pesos.
Cinco años después de iniciada la construcción, de conformidad con los respectivos Presupuestos aprobados por la Cámara de Diputados, hasta este 2024 se han destinado 485,651 millones de pesos, un sobrecosto de 211.31%.
Desacatos judiciales
La construcción del Tren Maya dio inicio en 2019 sin que Fonatur, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de la edificación, contaran con la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Desde entonces, habitantes y comunidades indígenas de Yucatán y Quintana Roo, junto con diversas organizaciones civiles, han promovido más de 50 Juicios de Amparo en contra de la obra.
La mayoría de estos litigios aun no cuenta con sentencias definitivas, aunque los Juzgados y Tribunales federales han emitido decenas de medidas cautelares para que se suspendan las obras en partes de los tramos 3, 4, 5 norte, 5 sur, y 6.
El objetivo de las suspensiones es impedir daños ambientales irreparables en la Península de Yucatán, como los que ya han detectado colectivos defensores de la ecología: A lo largo de las rutas del tren se han talado cientos de árboles; se ha removido la vegetación, alterando los ecosistemas de la zona; y no se han hecho estudios del suelo y subsuelo, existiendo el riesgo de hundimientos, fracturas y socavones.
Adicionalmente, en varias cavernas ubicadas debajo del Tramo 5 sur, en Quintana Roo, los ambientalistas han documentado filtraciones de cemento que contaminan los acuíferos subterráneos.
No obstante, en los hechos, las obras han continuado, a pesar de que en todas las suspensiones se ha advertido que el gobierno federal debe presentar estudios técnicos y científicos que permitan conocer las repercusiones medioambientales de la obra.
El desacato a las resoluciones jurisdiccionales es un delito que se sanciona con penas de entre 3 a 9 años de prisión, multas de entre 5,428 y 54,285 pesos, además de inhabilitación hasta por nueve años de los funcionarios responsables, de acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Amparo.
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