¿Cuál es la reforma judicial que sí necesita el país?
El problema más grave de la administración de justicia es su lentitud, sobre todo en los asuntos civiles y familiares a cargo de los jueces de los estados.
El sistema de procuración y administración de justicia en México se integra por 33 Poderes Judiciales y 33 Fiscalías, estas últimas operan de acuerdo con lo que establecen 33 diferentes Códigos Penales, en tanto que los primeros resuelven controversias civiles, administrativas, mercantiles y penales, entre otras materias, cada una con su distinta legislación. Se trata de un entramado jurídico múltiple y diverso cuya problemática exige soluciones también variadas.
Si no consideramos el área penal, el problema más grave de la administración de justicia en nuestro país es su lentitud. En el sistema de justicia de las entidades se calcula que cada año ingresan más de 2.5 millones de asuntos, sobre todo de las materias civil y familiar, por ende, existe un importante rezago.
Además, en los hechos, el sistema de justicia mexicano es discriminatorio, pues para acceder a los Juzgados y Tribunales de los estados, y aquellos del ámbito federal, se necesita tener los recursos económicos para contratar a un abogado.
Ergo, si no se cuenta con el dinero suficiente, no hay forma de dirimir jurídicamente la mayoría de las controversias, a pesar de que el artículo 17 de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia”.
A su vez, en el ámbito penal, el principal problema lo tenemos en la procuración de justicia, es decir, en la Fiscalía General de la República (FGR) y sus homólogas en las 32 entidades, que son independientes de los Poderes Judiciales.
Según la organización México Evalúa, más del 93% de los delitos que ocurren en el país no se denuncian. Del 7% restante que sí se notifica a las autoridades, el 90% queda en la impunidad.
Es decir, de cada 100 ilícitos cometidos, solo 7 se denuncian, y de estos en solo un caso las Fiscalías logran llevar ante un Juzgado penal al responsable.
Por ende, la reforma que es urgente implementar debe centrarse, por un lado, en mejorar las capacidades, presupuesto, personal e infraestructura de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, lo que incluye crear un verdadero sistema de defensorías públicas, y por el otro, transformar al completo las Fiscalías del país, incluyendo a la FGR.
Problemas añejos
De acuerdo con el diagnóstico realizado entre 2015 y 2016 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el marco de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, el modelo de los juicios civiles en México es obsoleto y propicia que las contiendas se alarguen durante años.
Esto genera inseguridad e incertidumbre jurídica, además de desconfianza en las instituciones, pues la mayoría de los problemas que requieren solucionarse en los juzgados o no llegan a estos, o implican largas esperas y costos onerosos.
Las controversias civiles y familiares, y no las penales, constituyen el mayor número de asuntos que deben resolver los Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas. Solo una cantidad reducida de estas llega al Poder Judicial de la Federación (PJF), a través del Juicio de Amparo Directo, una vez agotadas todas las instancias locales.
Es importante destacar que esta situación no ha cambiado: Aunque ya pasaron ocho años del diagnóstico emanado de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, los cuales fueron solicitados al CIDE y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, se mantienen la lentitud, rezago, dispersión y obsolescencia de las 32 jurisdicciones estatales que existen en el país.
Por fortuna, una de las soluciones planteadas por las instituciones académicas que organizaron estos diálogos se materializó en la actual administración. Se trata del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, aunque entrará en vigor de manera escalonada teniendo como límite el 1 de abril de 2027.
Esta norma es el insumo con el que podrán producirse sentencias más rápidas y criterios más uniformes en los principales juicios que se dirimen en el país. El problema es que su aplicación depende del personal de los Poderes Judiciales de los estados que requieren mayor capacitación y una efectiva carrera judicial, además de un importante aumento de recursos presupuestales.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.