Así se intenta resolver la crisis en el Tribunal Electoral
José Luis Vargas Valdez también renunció a la presidencia de la Sala Superior del TEPJF, abriendo la posibilidad de una solución a la crisis del organismo.
De tener dos presidentes la semana pasada, este martes la titularidad de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está acéfala, pues la noche del lunes también renunció a ese cargo el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien había sido removido de la presidencia de la institución el miércoles 4 de agosto.
Al no reconocer la que de facto fue su destitución como presidente del Tribunal Electoral, realizada por cinco magistrados de los siete que integran la Sala Superior de ese organismo jurisdiccional, Vargas Valdez anunció su renuncia a través de su cuenta de Twitter, unas horas después de que lo hiciera quien fungía como su sustituto, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
“Estoy convencido de que, para que haya una renovación legal y legítima de la Presidencia del Tribunal Electoral, debe hacerse a través de procedimiento establecido en la Ley. En consecuencia, al no haber una ausencia definitiva de la presidencia en funciones, ésta se mantiene. Así, la única vía posible es presentar mi renuncia al cargo de Presidente de la sala Superior del Tribunal Electoral”, detalló Vargas en un documento de dos cuartillas.
Con esto, y con la renuncia -también a la presidencia- del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, se abre una solución a la grave crisis constitucional que enfrenta el TEPJF, pues ahora los siete magistrados en conjunto deben elegir a un nuevo presidente, tal y como lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Al respecto, el magistrado Vargas Valdez agregó que su renuncia a la titularidad de la Sala Superior deja al pleno de esa institución en libertad de elegir a quién deba sustituirlo.
“De esta manera, la designación de la nueva presidencia será apegada a derecho, contará con la participación de todos los integrantes del Pleno, y nos permitirá transitar a una nueva etapa de reconciliación y reconstrucción por el bien de la institución”.
Pérdida de confianza
La semana pasada, de manera inédita, cinco magistrados removieron a José Luis Vargas Valdez como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, debido a que sus pares le acusan de mantener una actitud parcial y políticamente identificada con Morena.
Además, el magistrado Vargas ha sido acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de enriquecimiento ilícito por más de 30 millones de pesos.
Si bien la sesión de los cinco magistrados fue legalmente válida, la remoción de Vargas decidida en esa reunión pública no tiene ningún fundamento jurídico, por lo que el nombramiento de su sustituto, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, también resultó cuestionable.
Sin reconocer esto de manera expresa, la tarde del lunes Rodríguez Mondragón anunció su renuncia al cargo de presidente del Tribunal Electoral, con el fin de encontrar una solución a la crisis que vive esa institución.
“Mi compromiso es con el bien público, con el fortalecimiento del Poder Judicial y con el del andamiaje electoral. Es por estas razones que presentaré mi renuncia a la Presidencia que emanó de la sesión pública del pasado 4 de agosto”, expresó el magistrado en su misiva, solo cinco días después de haber sido nombrado presidente del TEPJF por cuatro de sus pares.
De esta forma, con la renuncia de los dos magistrados que se decían presidentes del Tribunal Electoral, el pleno en conjunto deberá elegir de entre sus miembros a un nuevo titular de la Sala Superior, de acuerdo con el artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Este numeral expresa que solo “en caso de renuncia la Sala Superior procederá a elegir a una nueva presidenta o presidente, quien lo será hasta la conclusión del período para el que fue electo o electa el o la sustituida”.
De esta forma, quien sea electo como presidente sustituto del Tribunal Electoral deberá completar el periodo de Vargas, quien asumió ese cargo -por cuatro años- en noviembre de 2020, por lo que su gestión debía concluir al finalizar el mes de octubre de 2024.
Salida política
Debido a que la presidencia elegida por los magistrados opositores a Vargas no tenía ningún sustento legal, y que -formalmente- la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para intervenir en los conflictos del Tribunal Electoral, los magistrados de esta instancia decidieron dialogar y plantear la solución más adecuada en términos jurídicos.
Sin embargo, el consenso para que renunciaran los dos presidentes actuantes del TEPJF llegó tras las reuniones que los jueces electorales mantuvieron con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien el pasado viernes consideró que la presidencia de Vargas Valdez ya no era viable.
Estamos ante la intervención política del presidente del máximo tribunal del país, quien, a solicitud de los magistrados electorales, conversó con estos desde la semana pasada.
La confirmación de que este tema era más político que jurídico llegó el lunes con la respuesta de la Corte a una solicitud que había hecho el magistrado José Luis Vargas Valdez.
El hoy ya expresidente del Tribunal Electoral presentó la noche del jueves 5 de agosto un escrito dirigido al pleno de la Suprema Corte solicitando su intervención para que esa instancia dirimiera la controversia con base en la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La respuesta de la Corte al escrito de Vargas Valdez se dio el lunes sin admitir la petición, pues el presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar, emitió un acuerdo en el que no admitió a trámite el recurso y lo detuvo hasta que el Tribunal Electoral aclarara quién era el presidente de la institución.
En los hechos esto significó una negativa formal de parte de la Corte para intervenir, en términos jurídicos, en el pulso protagonizado por los magistrados del Tribunal Electoral, así es que la única salida debió ser la política, es decir, la renuncia de los dos presidentes, uno electo legalmente, pero con una gestión muy cuestionable, y el otro, designado por sus pares sin sustento legal.
Esto es lo más lamentable del conflicto y de su posible solución, pues lejos de contar con un Tribunal Electoral con integrantes que actúen solo siguiendo la Constitución y la ley, los mexicanos tenemos a un organismo completamente cooptado por los partidos políticos, por lo que hablar de independencia judicial en materia electoral en México de plano ya es una falacia.
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