Alertan sobre impacto de impuesto a pasajeros de cruceros
La Concanaco Servytur advierte que el impuesto de 42 dólares por pasajero podría ahuyentar líneas de cruceros, afectando la economía de puertos mexicanos.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) expresó este lunes su preocupación por el nuevo impuesto que deberán pagar los pasajeros de cruceros tras la eliminación de su excepción en la Ley Federal de Derechos para 2025.
La medida, que será discutida por el Senado mexicano, contempla un cobro de 42 dólares por pasajero, lo que podría desincentivar a las líneas de cruceros de elegir puertos mexicanos, favoreciendo otros destinos en el Caribe y Centroamérica. El pago, conocido como de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, se aplica solamente a quienes entran a México por vía aérea o terrestre, en estancias mayores a siete días.
Esta disposición forma parte de la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación 2025, y lo que está sobre la mesa es la exención de pago por servicios migratorios a pasajeros de cruceros marítimos, una medida vigente desde el 2012. El proyecto ya fue avalado por la cámara de Diputados.
Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, advirtió que esta disposición pone en riesgo la economía local de comunidades portuarias como Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta, Acapulco, Ensenada, Puerto Chiapas, Puerto Progreso y Cabo San Lucas, donde el turismo de cruceros representa hasta el 90% de los visitantes.
“Las comunidades locales están sumamente preocupadas porque serían las más afectadas ante la eliminación de la excepción del Derecho de No Inmigrante (DNI), particularmente aquellas cuyo sustento depende de los ingresos generados por cruceristas”,
señaló de la Torre al referirse a comerciantes, guías de turistas, restauranteros y artesanos.
El líder del sector terciario recordó que el ingreso por divisas provenientes de cruceristas alcanzó este año los 498.3 millones de dólares, según datos oficiales. Además, destacó que el nuevo impuesto podría posicionar a los puertos mexicanos como los más caros de la región, con costos un 213% superiores a los del Caribe, según asociaciones del sector.
De implementarse, esta medida también podría derivar en conflictos legales, pérdida de empleos y cancelación de inversiones en infraestructura portuaria.
En reuniones con la Secretaría de Turismo y Hacienda del Gobierno de México, así como con cámaras empresariales, De la Torre expuso alternativas para mitigar el impacto de la medida y reiteró la urgencia de su suspensión o modificación.
“Hemos recibido peticiones de comerciantes y empresarios locales a través de nuestras Cámaras solicitando que intervengamos ante las instancias federales competentes (…) y confiamos en que la medida se prorrogue”,
indicó.
Finalmente, el líder empresarial instó al Gobierno mexicano a buscar soluciones consensuadas que favorezcan al turismo.
“El turismo es una de las principales fuentes de ingreso para México y una ventana al mundo para nuestras riquezas naturales y culturales. Apostar por su desarrollo continuo y sustentable es una prioridad que debemos impulsar desde los distintos sectores de la sociedad”,
concluyó.
Ya a fines de noviembre, la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), organización que tiene en sus filas a 22 líneas de cruceros, entre ellas Carnival, Royal Caribbean, o Regent Seven Seas, advirtió que la disposición haría de México un destino 213% más caro que otros países del Caribe.
“(El) impuesto propuesto podría poner en peligro las inversiones de la industria de cruceros en el país, incluidos miles de millones de dólares en desarrollos planificados y otros proyectos destinados a ayudar a reconstruir Acapulco, cultivar nuevos destinos turísticos mexicanos, emplear a más marinos mexicanos y proporcionar programas sociales para apoyar a las comunidades desatendidas. Las líneas de cruceros reevaluarán la viabilidad de estas inversiones”,
se lee en una carta de la organización dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Por ahora, la propuesta será debatida en el Senado, mientras aumentan las voces que exigen su suspensión o modificación para proteger la economía de las regiones dependientes del turismo.
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