Alertan que expansión de “seguridad nacional” vulnera derechos humanos
Al considerarse erróneamente como aspectos de la seguridad nacional, el combate a la delincuencia y las políticas de seguridad pública se cubrirán de opacidad, indicó un exministro de la SCJN.
GUADALAJARA, JALISCO.- La seguridad nacional en México “es un concepto en expansión” en el que se han incluido múltiples actividades que, en realidad, son parte de la seguridad pública, lo que provoca la limitación de derechos humanos, consideraron José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro, y el abogado Gonzalo Sánchez de Tagle.
“Lo que vamos a ver es que todo se va a convertir en seguridad nacional, y se va a convertir de dos maneras: Uno, por una decisión administrativa, y dos, por una decisión militar”, aseveró Cossío Díaz en referencia a las diversas tareas que realizan las Fuerzas Armadas y que, en estricto sentido, no son parte de la seguridad nacional.
Entre estas últimas se encuentran las labores de seguridad pública, la distribución de vacunas, y la construcción de obras, apuntó el ministro en retiro al disertar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2024) en torno al tema de su nuevo libro, titulado “El control constitucional de la seguridad nacional” (Ed. Tirant Lo Blanch), escrito en coautoría con Sánchez de Tagle.
Al considerarse erróneamente como aspectos de la seguridad nacional, el combate a la delincuencia y las políticas de seguridad pública se cubrirán de opacidad, afectando los derechos humanos de todos los mexicanos, entre estos el de acceso a la información pública.
En ese tenor, José Ramón Cossío adelantó lo que ocurrirá a partir de la reciente reforma a los artículos 21 y 129 de la Constitución: “Cuando se les diga ‘oiga ¿me puede dar la información de la Fuerza Armadas?’, desde luego que no, porque todo lo que hacen las Fuerzas Armadas tiene que ver con seguridad nacional”.
Obligaciones distintas
Aunque la Constitución mexicana menciona en nueve ocasiones las palabras “seguridad nacional”, y contamos además con una ley en esa materia, nuestro sistema jurídico no tiene una delimitación precisa sobre la actuación que en ese ámbito deben observar las autoridades.
Por eso ha sido “equivocado tratar de insertar conceptos tales como seguridad nacional”, dentro de la seguridad pública, cuando se trata de distintas obligaciones del Estado, dijo Gonzalo Sánchez de Tagle, quien desde 2021 es el director general de Asuntos Jurídicos del INAI.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, en esta se integran todas “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”.
En cambio, la seguridad pública, en la que se circunscribe el combate a la delincuencia, es un servicio del Estado cuyo objetivo es garantizar el orden y la paz públicos, a través de los sistemas de prevención administrativa, de procuración e impartición de justicia, y de readaptación social.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad pública es la herramienta fundamental de los Estados modernos para evitar la comisión de delitos, y sancionar a quienes realizan esas conductas que dañan o alteran la convivencia social.
Por ende, “la preservación del federalismo y de la integridad territorial de nuestras fronteras no deben considerarse dentro de la seguridad pública”, porque en estricto sentido son aspectos de la seguridad nacional, comentó Sánchez de Tagle.
Y lo mismo ocurre con todo lo concerniente a la investigación de las actividades delictivas, que son parte de la seguridad pública, y no de la seguridad nacional.
Debilidad institucional
Para José Ramón Cossío, al equipararse la seguridad pública con la seguridad nacional se debilita a las instituciones, poniendo en riesgo la protección de nuestros derechos humanos.
Además, con la reforma al Poder Judicial “no va a haber una judicatura lo suficientemente potente como para proteger estos derechos. ¿Por qué? Porque esa judicatura se va a deber a la partidocracia que se ha creado, (y) a los intereses mafiosos que se van a insertar en las elecciones judiciales”, lamentó el ministro en retiro.
De igual forma, al desaparecer a los organismos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la seguridad nacional, como argumento para no entregar información pública, “como ha pasado en todos los regímenes autoritarios, va a ser un concepto ‘ómnibus’ que va a acabar cubriendo una enorme cantidad de bienes públicos”, enfatizó Cossío Díaz.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.