Tomás Zerón combate en tribunales orden de búsqueda y detención

El extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricación de pruebas, alteración de evidencia y tortura, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, combate en tribunales federales -a través de decenas de amparos- la ficha roja de Interpol que lo busca en 195 países, y la orden de aprehensión que fue girada en su contra.

El exfuncionario, quien fue el encargado de investigar la desaparición de los normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, ha promovido en total 38 amparos en contra de la FGR y de diversos jueces, entre los que se destacan 22 amparos indirectos, 16 amparos en revisión y nueve quejas, todos tramitados ante el Poder Judicial de la Federación.

Con todos estos juicios, Zerón de Lucio intenta evitar su detención tanto en México como en el extranjero, así como las distintas investigaciones que la Fiscalía sigue llevando a cabo en este caso, luego de que el pasado 30 de junio se diera a conocer que la FGR obtuvo una orden de captura en su contra, junto con una ficha roja de Interpol para ser localizado fuera del país, tras la constatación del Ministerio Público federal sobre la salida del exfuncionario del territorio mexicano.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración, Zerón de Lucio habría salido del país en octubre del año pasado, y presumiblemente se encontraría en Canadá.

Acusación en Guerrero

Los dos amparos más recientes de quien era el investigador estrella de la otrora Procuraduría General de la República, combaten -en específico- la negativa de la Fiscalía para entregarle copias de la carpeta de la nueva investigación del caso Ayotzinapa, reabierta a partir del inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Con esos documentos, que hasta ahora no ha obtenido, el exfuncionario intenta probar en otro juicio de amparo que presuntamente se han vulnerado sus derechos humanos.

La defensa de Tomás Zerón presentó la semana pasada la demanda en contra del auto que le niega la expedición de copias. Este juicio fue admitido el 14 de agosto por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, aunque la notificación respectiva se hizo pública hasta el lunes de esta semana.

Al admitirse la demanda, el Juzgado fijó la celebración de la audiencia constitucional para el próximo 9 de septiembre. Ese día deberá resolverse si se le otorga el amparo al exfuncionario, a fin de que obtenga las copias que solicita.

El otro juicio que recientemente tramitó Zerón fue admitido en el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en este combate la orden de aprehensión que giró en su contra el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo.

Esa orden de captura fue solicitada en ese juzgado por la Fiscalía General de la República, institución que considera que Zerón de Lucio habría torturado a uno de los detenidos del caso Ayotzinapa.

Adicionalmente, al extitular de la Agencia de Investigación Criminal se le acusa de alterar evidencia en la indagatoria por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Esto se habría llevado a cabo durante una diligencia en el río San Juan, ubicado en el municipio de Cocula, Guerrero, donde en octubre de 2014 se encontraron dos bolsas de plástico que contenían restos óseos quemados.

Entre esos despojos se encontraron fragmentos que fueron enviados a un laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, identificándose, posteriormente, que correspondían al estudiante Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.

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Clasificación de información

Desde 2019 Tomás Zerón ha intentado detener todas las actuaciones que se han realizado como parte de la reapertura del caso Ayotzinapa, bajo el argumento de que estas trasgreden sus derechos señalados en los artículos 1, 6, 8, 14 y 16 de la Constitución.

De hecho, el exfuncionario incluso demandó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que le entregara la información que esa dependencia había recabado en colaboración con la Fiscalía. En respuesta a ello, la directora de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería mexicana le informó a Zerón que los datos y documentación solicitada tienen el carácter de información confidencial y reservada.

Contra esa respuesta, Tomás Zerón promovió otro amparo el cual fue sobreseído, porque el juez de la causa consideró que Relaciones Exteriores estaba actuando con legalidad y dentro del marco constitucional.

Hasta ahora, según el fiscal general Alejandro Gertz Manero, se cuenta con 46 órdenes de aprehensión en contra de igual número de exfuncionarios que participaron tanto en las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa, como en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Además de Tomás Zerón de Lucio, se destacan exservidores públicos del estado de Guerrero a quienes la FGR los acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada.

De las órdenes de captura obtenidas, la Fiscalía solo ha logrado ejecutar dos, una en contra de Ezequiel Peña Cerda, exdirector de área de la Agencia de Investigación Criminal, y la otra en contra del ex agente de la Policía Federal Ministerial, Isidro Junco Barajas.

La primera indagatoria por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa se integra por 76 tomos y 13 anexos, elaborados por la otrora Procuraduría General de la República. Según la versión oficial expresada en la administración de Enrique Peña Nieto, los jóvenes normalistas fueron secuestrados en 2014 por miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos, que a su vez contaron con la colaboración de elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula, en Guerrero.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.