Senado aprueba ley que avala labores de seguridad pública de la Marina
Contraviniendo la Constitución, los marinos ya realizan tareas de seguridad pública, no obstante, senadores avalaron una norma para que esas tareas continúen.
Las labores de seguridad pública que ya realiza la Marina en nuestro país tendrán un sustento legal a partir de que se publique la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, norma que fue aprobada el jueves en el Senado, a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que contraviene la Constitución, pues esas tareas deben ser exclusivas de fuerzas civiles.
El bloque de Morena en la Cámara alta consiguió la aprobación de la ley que regirá a la Marina con el apoyo de senadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista, quienes -reuniendo 85 votos a favor- les dieron el visto bueno a las acciones de seguridad pública que desde hace meses desarrollan los marinos.
Esto no quiere decir que sea correcto el actual accionar de la Marina en un área que, en términos constitucionales, es facultad exclusiva de los civiles, aunque con la nueva norma se intenta otorgar un sustento legal para las actividades de seguridad pública que ya desarrollan los marinos por orden de su jefe supremo: El presidente de la República.
En la votación de la minuta, los senadores de Movimiento Ciudadano fueron parte de los 11 sufragios que se emitieron en contra, que también incluyeron la oposición de los panistas Damián Zepeda, Xóchitl Gálvez, y la priista Claudia Ruiz Massieu, en tanto se registraron 8 abstenciones.
Vigilancia militar
Además de las labores de seguridad pública de los marinos, la Ley Orgánica de la Armada de México, que aun debe aprobar la Cámara de Diputados, formaliza la militarización de los puertos del país, medida que ya está funcionando desde junio pasado, cuando el presidente López Obrador anunció la fusión de la Secretaría de Marina (Semar) con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que antes estaba a cargo solo de civiles.
Si bien esta norma retoma muchos de los preceptos de la actual Ley Orgánica de la Armada de México, la cual será abrogada, se destaca la introducción de nuevas figuras que facultan al presidente para disponer del personal de la Marina en labores que no se relacionan con las actividades propias de esa institución.
Asimismo, se crean las Unidades Navales de Protección Portuaria, que serán grupos operativos especializados en la seguridad de los puertos que podrán actuar por sí mismos, o en apoyo de otras autoridades, “de acuerdo con los ordenamientos jurídicos vigentes”.
Es decir, la seguridad de los puertos en donde se llevan a cabo las actividades comerciales y de carga de la marina mercante, ya no contará con la participación de civiles, sino que será una institución castrense la que, incluso de manera autónoma, tendrá la facultad para vigilar todos los actos que se realizan en esta materia.
La gravedad de estas nuevas disposiciones fue advertida en la Cámara alta por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, por la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y por Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano.
Para este último legislador, ya hay una “saturación” de actividades que antes solo desarrollaban autoridades civiles, y que ahora están a cargo de las Fuerzas Armadas de nuestro país.
“De verdad, estamos contentos con que a los militares se les ponga a construir puentes, se les ponga a repartir vacunas, medicamentos, a construir aeropuertos, a detener migrantes. No, no podemos permitir eso”, dijo Zepeda.
De su lado, Emilio Álvarez Icaza resaltó que esta ley “viene a pavimentar un camino extraordinariamente peligroso, que es la militarización de la vida pública nacional”. Incluso, añadió, hay que preguntarse “¿cómo les vamos a quitar parte de la renta nacional que se le está entregando a las Fuerzas Armadas?”, un tema que necesariamente nos remite a cómo se entiende la democracia en la actual administración.
Aún queda la Corte
La Ley Orgánica de la Armada, aunque previsiblemente también será aprobada en la Cámara de Diputados, no invalida las acciones de inconstitucionalidad que resolverá la Corte, en las que se impugna la constitucionalidad de las labores de seguridad pública que llevan a cabo las Fuerzas Armadas del país.
Las funciones castrenses en estas tareas fueron ordenadas mediante un acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 11 de mayo de 2020, el cual fue impugnado -por trasgredir a la Constitución- por los diputados federales de oposición de la anterior legislatura, por el gobierno de Michoacán y por el municipio de Colima.
Esas demandas argumentan que los militares no están facultados por la carta magna para actuar en labores de seguridad pública, pues el artículo 21 de la Constitución es muy claro al respecto: “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
En esta semana la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado un recurso de reclamación promovido por el presidente, en el que se pedía fueran desechadas esas acciones de inconstitucionalidad.
Al negar este recurso, la Corte se avocará a revisar si todas las medidas que han surgido tras el acuerdo del mandatario se apegan a los preceptos constitucionales. Por ende, la militarización de los puertos y la ampliación de facultades de los marinos también forman parte de lo que -en general- ha sido la política pública de López Obrador en materia de seguridad, la cual deberá pasar por el escrutinio constitucional que hará el máximo tribunal del país.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.