SCJN: “Superdelegados” federales en los estados son constitucionales
La oposición en el Congreso acudió a la Corte al considerar que estos funcionarios transgredían el federalismo, pero el fallo no le favoreció
Los Delegados estatales de Programas para el Desarrollo, que orgánicamente pertenecen a la Secretaría de Bienestar, pero jerárquicamente dependen del presidente Andrés Manuel López Obrador también conocidos como “Superdelegados”, son constitucionales y no trasgreden el federalismo, a pesar de que esos funcionarios se desempeñan en cada uno de los estados del país, consideró este lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En una decisión dividida en la que cinco ministros, de los 11 que integran el Pleno de la Corte, se pronunciaron por la invalidez de los también llamados “súperdelegados”, el fiel de la balanza para declarar la constitucionalidad de esta figura fue la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien llegó al máximo tribunal del país en diciembre de 2021 a propuesta del presidente López Obrador.
Los “súperdelegados” fueron creados en noviembre de 2018, poco antes de la toma de posesión del presidente López Obrador, mediante una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Así, la Corte falló en contra de diputados y senadores de oposición que habían impugnado esta figura, porque consideraban que las funciones de los Delegados estatales de Programas para el Desarrollo invadían las atribuciones de las entidades federativas, alterando con ello de manera indebida el principio constitucional del federalismo. Pero la Corte expresó que esto no era así.
Los ministros que votaron por la constitucionalidad de los “superdelegados” fueron Yamín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf, y el ministro presidente Arturo Zaldívar.
En contraste, quienes consideraban que esta figura alteraba el esquema constitucional del ejercicio del Poder Ejecutivo federal fueron los ministros Luis María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz mena, y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Operación de programas sociales
Formalmente, los Delegados estatales de Programas para el Desarrollo tienen a su cargo la implementación de planes y acciones “para el desarrollo integral” de los habitantes de los estados, al tiempo que supervisan los programas que implementan todas las secretarías de Estado.
De hecho, de acuerdo con la reforma de ley que creó esta figura, los representantes de las secretarías deben informar de sus actividades a los “súperdelegados”. Asimismo, estos funcionarios también manejan todos los programas que tienen algún beneficio en la población, independientemente del área que los implemente.
La oposición en el Congreso, al impugnar esta figura, consideraba que todas las funciones de los Delegados estatales de Programas para el Desarrollo interferían con el federalismo, y con la relación que los estados deben tener con las distintas dependencias del Poder Ejecutivo federal.
No obstante, con una mayoría simple de seis votos, la Suprema Corte determinó que el federalismo no se trasgrede, pues el objetivo de los “superdelegados” es hacer más eficiente el servicio público que llevan a cabo las distintas secretarías federales.
La ministra Loretta Ortiz argumentó que la actividad de los “superdelegados” está claramente definida dentro de las atribuciones de la Secretaría del Bienestar, y comprende la puesta en operación de “programas de beneficio social para la población, con base en los recursos asignados por el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
El hecho de que estos servidores públicos solo actúen en tareas que involucran recursos federales, fue un elemento importante que consideraron los ministros que votaron por la constitucionalidad de los “súperdelegados”.
Lee: La rebelión de los gobernadores contra los superdelegados de AMLO
Cabe aclarar que esta polémica figura fue rechazada desde noviembre de 2018, cuando doce gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) expresaron en un desplegado que sus administraciones colaborarían con los “súperdelegados”, aunque esto no debía entenderse “como sometimiento de los órdenes locales”.
De igual forma, en esa misma fecha, Enrique Alfaro, entonces gobernador electo de Jalisco, expresó -en referencia a los Delegados estatales de Programas para el Desarrollo- su “profunda preocupación por disposiciones legales que lastiman los principios básicos del pacto federal”.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.