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Rosario Robles gana amparo contra inhabilitación como funcionaria

22-06-2022, 7:27:18 PM Por:
© Gabino Cué

El fallo también beneficia a la exfuncionaria porque puede ser incluido en su proceso penal para probar que su patrimonio no aumentó cuando fue servidora pública.

El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México le dio la razón a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, concediéndole un amparo que anula la sanción por la que fue inhabilitada por 10 años para ser funcionaria pública.

En este caso, la resolución que inhabilitó a Robles, emitida en septiembre de 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y ratificada posteriormente por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, queda insubsistente a partir de la sentencia ganada en Amparo Directo por la exservidora pública.

El fallo también beneficia a la exfuncionaria porque puede ser incluido en su proceso penal para probar que su patrimonio no aumentó cuando fue servidora pública, además de que no habría incurrido en omisiones graves durante su gestión en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Rosario Robles, quien permanece en prisión desde agosto de 2019 por presuntamente haber participado en la trama de corrupción denominada la Estafa Maestra, fue inhabilitada luego de que la SFP la acusó de haber omitido reportar una cuenta bancaria y un crédito en sus últimas declaraciones patrimoniales.

El veto por 10 años del servicio público “se trata de un rango mínimo de sanción que resulta excesivo”, detalla la sentencia en favor de Robles, cuya copia posee ALTO NIVEL.

El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México estableció que la norma con la que se sancionó a la exfuncionaria “desatiende a lo previsto en el artículo 22 constitucional, pues se traduce en una sanción excesiva al desatender (sic) a la relación que debe existir entre la conducta, las consecuencias producidas y la sanción aplicable”.

El artículo 22 de la Constitución prohíbe las multas excesivas, y cualquier pena inusitada y trascendental, es decir, exige para todas las autoridades que las sanciones que impongan sean proporcionales a las faltas cometidas.

En ese tenor, el Tribunal detalla que el “artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (que se le aplicó a Robles) es inconstitucional, por simplemente sancionar severamente cualquier “falta a la verdad”, sin atemperar las condiciones de comisión de la infracción”.

La sentencia agrega que, “ante la inconstitucionalidad del artículo reclamado, y como consecuencia lógica y natural de ello, el alcance del presente fallo se traduce en dejar insubsistente la sentencia” de la Sala Superior del TribunalFederal de Justicia Administrativa, que ratificó la inhabilitación de Rosario Robles.

La omisión por la que fue acusada, de acuerdo con la resolución, no implicó ningún desvío de recursos o el aumento en el patrimonio de la exservidora pública, pues las cuentas bancarias que no reportó en sus últimas declaraciones patrimoniales habían permanecido sin ningún movimiento “durante un largo periodo de tiempo”.

De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuando una cuenta bancaria no registre movimiento alguno por un lapso de 3 años, los fondos de esta son integrados a una cuenta global del banco, por lo que de existir algún saldo este dejó de estar en el patrimonio de Robles.

Por eso, a decir del Tribunal, en este caso “no se actualiza la obligación de declarar una cuenta bancaria que no forma parte del patrimonio del propietario de tal cuenta”.

Rosario Robles Berlanga se encuentra detenida desde hace 30 meses en el penal capitalino de Santa Martha Acatitla, acusada de dos delitos de ejercicio indebido de funciones, ambos presuntamente cometidos de manera continuada, con los que el erario público habría tenido una afectación de 5,000 millones de pesos.

En marzo pasado, Rosario Robles envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que acusa al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, de abusar de su poder, para mantenerla “encarcelada injustamente”.

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autor Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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