Rosario Robles, el doble rasero de la justicia en México

Vive desde hace 377 días en una celda del penal femenil de Santa Martha Acatitla, al sureste de la Ciudad de México, a pesar de que el delito que se le imputa no es grave, y que -formalmente- hasta ahora debe presumírsele inocente: Es Rosario Robles Berlanga, dos veces secretaria de Estado en la pasada administración, quien confía en obtener su libertad condicional en las próximas semanas, gracias a un amparo que deberá resolver la jueza federal María Dolores Núñez Solorio.

La exsecretaria de Desarrollo Social está imputada por el delito de ejercicio indebido de funciones, un tipo penal que no amerita prisión preventiva oficiosa (automática), aunque a la exfuncionaria se le impuso esta medida porque la Fiscalía General de la República presentó en su acusación una licencia de conducir -apócrifa- que señala un domicilio distinto al que Robles tenía antes de su detención.

En esta semana, la jueza María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, resolverá si otorga la suspensión definitiva en la demanda de amparo promovida por la defensa de Rosario Robles. No obstante, esto no significa que de inmediato pueda obtener su libertad, para ello habrá que esperar a que se celebre la audiencia constitucional en la que la togada resolverá el fondo del asunto, lo que está previsto para el próximo mes de septiembre.

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Trasgresión de derechos humanos

A Rosario Robles “se le está violando su derecho a la presunción de inocencia, pues su encarcelamiento es completamente arbitrario”, dijo en entrevista con ALTO NIVEL Epigmenio Mendieta Valdés, abogado de Rosario Robles.

Para el letrado, la Fiscalía General de la República (FGR) “ha fabricado pruebas, mentido, y difamado de manera sistemática” a su defendida, mostrando que el proceso en contra de Robles no solo es jurídico, sino que también está matizado por tintes políticos, debido a que se trata de una mujer que se desmarcó de connotados personajes que hoy forman parte de la administración en el poder.

Prueba de ello es que, en el último mes, la Fiscalía ha mostrado criterios diferenciados para los casos de corrupción presuntamente cometidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto: A un imputado por delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se mantuvo varios meses en el extranjero, evadiendo la justicia, se le permite gozar de libertad condicional. De hecho, en este último caso, el de Emilio Lozoya, el Ministerio Público Federal ni siquiera pidió la prisión preventiva justificada.

En cambio, para Robles Berlanga, quien no ha abandonado el país, y siempre se presentó a todas las diligencias solicitadas por la FGR, se le mantiene privada de su libertad a partir de presunciones que no solo incluyen una prueba ilícita, como la licencia de conducir apócrifa aportada por el Ministerio Público Federal.

Cuando se solicitó la revisión de esa medida cautelar, agrega el abogado Epigmenio Mendieta, a la exfuncionaria se le negó seguir su proceso en libertad condicional considerando, además de la licencia aludida, el hecho de que su hija, y los hermanos de Robles, cuentan con capacidad económica, lo que podría permitir que la ayudaran a evadirse.

“Son las mismas reglas las que deben seguirse en todos los casos, por eso resulta incongruente que a ella se le mantenga en prisión”, mientras que a otros procesados se les permite seguir su caso en libertad, apunta Mendieta Valdés.

Delaciones ante FGR

Cuando recientemente se le preguntó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, si Rosario Robles podría obtener los mismos beneficios de los que goza desde finales de julio el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, el funcionario argumentó que eso solo sería posible si la exsecretaria de Desarrollo Social observaba una conducta solidaria con el Estado, delatando a sus presuntos cómplices.

Con esas declaraciones, en los hechos, Gertz Manero violenta la presunción de inocencia de Robles, una obligación constitucional que debe observar la Fiscalía en todos los casos. Adicionalmente, se trasgrede el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a los derechos del imputado, pues este debe ser tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad.

La solidaridad que pide el titular de la FGR solo se da cuando un imputado admite su responsabilidad en alguno de los delitos por los que se le procesa. Además, esas deferencias con la autoridad no son gratuitas, solo se llevan a cabo a fin de negociar una pena menor o de plano la anulación de las acusaciones. Eso es lo que está haciendo Emilio Lozoya.

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En contraste, Robles no ha admitido haber cometido el delito que se le imputa, por lo que, en efecto, estamos ante un doble rasero de parte del sistema de procuración de justicia: Al imputado confeso, que huyó del país, al que se le tuvo que traer -vía extradición- de España, erogando recursos públicos, se le permite gozar de los beneficios que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Pero a la mujer acusada de ejercicio indebido de funciones, un delito de omisión y no de acción, de acuerdo con el Código Penal Federal, se le niega lo que la misma ley les permite a todos los procesados. A esto se agrega que “ella no tiene a quién más acusar”, dice Epigmenio Mendieta. “No va a delatar a nadie porque ella misma me dijo que no tiene a quien delatar”, enfatiza.

En una carta que hizo pública a través de su cuenta de Twitter, Rosario Robles dijo la semana pasada que se le está juzgando por lo que es, “y no por lo que supuestamente” hizo. La también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) considera que la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador “ha puesto en marcha toda una maquinaria” para denostarla y difamarla.

Rosario Robles está siendo procesada por el delito de ejercicio indebido de funciones, debido a que presuntamente omitió cumplir con sus obligaciones como servidora pública al celebrar diversos convenios con universidades, a las que se les contrató sin contar con la experiencia y la infraestructura adecuada, para ejecutar diversos programas sociales en la pasada administración.  

Por esos contratos, la Auditoría Superior de la Federación calculó una posible afectación a la Hacienda pública de entre 3.000 y 5,000 millones de pesos, como parte de la trama de corrupción conocida como la “Estafa Maestra”.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.