Reanudar obras en tramo 5 del Tren Maya podría llevar a prisión a funcionarios
El juez del caso en Yucatán ya abrió un incidente en el que se analizarán los delitos de autoridades por incumplir con la suspensión definitiva.
Desobedecer una suspensión definitiva decretada por un Juzgado de Distrito en cualquier juicio de amparo es un delito que se castiga hasta con nueve años de prisión, por lo que los funcionarios federales que ordenaron la reanudación de las obras del Tren Maya tendrán que defenderse al respecto ante el juez de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, quien ya abrió un incidente por los ilícitos que implica el desacato.
El togado, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán, determinó este martes que, el próximo 1 de agosto, celebrará la audiencia del incidente por el incumplimiento de la suspensión definitiva que había ordenado, desde el 30 de mayo pasado, detener los trabajos de construcción del tramo cinco sur del Tren Maya.
La fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo determina que no obedecer un auto de suspensión debidamente notificado implica -para las autoridades responsables- hacerse acreedoras a una pena de tres a nueve años de prisión, y multa de cincuenta a quinientos días, además de la destitución e inhabilitación del servidor público hasta por nueve años.
En este caso, según constató ALTO NIVEL al consultar el expediente, la reactivación de la obra fue denunciada por los activistas que promovieron el amparo en contra de este tramo del transporte, lo que fue confirmado el lunes por Javier May, director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur).
“No se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad”, aclaró el funcionario a medios de comunicación.
El argumento del gobierno federal es que la edificación del Tren Maya tiene el carácter de seguridad nacional, apuntó por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este martes.
“Pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional, y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de seudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo, y que además ya el tiempo que se llevaba parada (la obra) nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo”, dijo el mandatario.
El problema es que, independientemente de las consideraciones del presidente, y de si se trata o no de un asunto de seguridad nacional, con sus declaraciones López Obrador confesó la comisión de un delito.
“Vamos a seguir y vamos a cumplir para entregar el Tren Maya en diciembre del año próximo”, aseguró el presidente.
La Ley sí es la ley
De acuerdo con la Constitución y la Ley de Amparo, que todos los funcionarios están obligados a cumplir, no importa el carácter que se le quiera asignar al Tren Maya, reanudar las obras que estaban suspendidas por orden judicial es ubicarse en una actividad ilícita que debe sancionarse.
Para ello el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán ya ordenó a las autoridades para que, en un término de tres días, informen sobre el desacato de la suspensión.
Posteriormente, si en la audiencia del próximo 1 de agosto el juez Adrián Fernando Novelo Pérez determina que -efectivamente- hay un incumplimiento de la suspensión definitiva, se debe ordenar que en 24 horas esta sea nuevamente cumplida, de acuerdo con el artículo 209 de la Ley de Amparo.
Si persiste el incumplimiento entonces el juez debe denunciar a los funcionarios involucrados ante el Ministerio Público federal, para que estos sean sancionados penalmente.
En este caso, las autoridades que están señaladas como responsables son Fonatur, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.; Nacional Financiera, como fiduciaria de Fonatur; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Quintana Roo, entre otras.
Suponiendo sin conceder, que el Tren Maya puede considerarse como una cuestión de seguridad nacional, ese argumento debe hacerse valer ante el Juzgado que lleva el caso, o ante un Tribunal Colegiado en un recurso de Revisión.
Lamentablemente, reiniciar las obras del tramo cinco sur del Tren Maya, sin la anuencia del Poder Judicial de la Federación, refleja -de parte del gobierno federal- una actitud de flagrante indiferencia ante el cumplimiento de las obligaciones que la ley le impone a todos los servidores públicos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.