¿Quién gana con la nueva legislación educativa?

El fortalecimiento de los sindicatos de maestros, que de nueva cuenta participarán en los procesos de asignación de plazas docentes, es la característica principal de las leyes secundarias en materia educativa, aprobadas la víspera en la Cámara de Diputados.

Haciendo uso de su mayoría en la Cámara baja, los legisladores de Morena aprobaron una nueva Ley General de Educación que incluye promover la excelencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero al mismo tiempo avalaron una Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros que empodera a los gremios sin pudor alguno.

En cualquier otro país del mundo esto último no sería negativo, pero en México debemos considerar que tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como la Coordinadora Nacional de docentes (CNTE), históricamente han actuado como cúpulas mafiosas que responden a los intereses de sus líderes, y no a las necesidades del sistema educativo en general, y de los alumnos en particular.    

Así, aunque la norma dice que habrá un proceso anual de selección de maestros, en el que se “apreciarán los conocimientos” de los aspirantes, a fin de garantizar el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos, esa apreciación no solo estará a cargo de las autoridades educativas, sino también de los sindicatos.

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Por ende, los gremios dominantes en cada estado del país, SNTE o CNTE, serán partícipes de los procedimientos de ingreso y promoción de los docentes. Con esto se cumple la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en campaña aseguró que eliminaría la reforma educativa realizada por Enrique Peña Nieto, la cual le quitó a los sindicatos el poder de decisión que tenían en aspectos medulares del sistema educativo.

Plazas en automático

Los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional, y de los Centros de Actualización del Magisterio, obtendrán en automático una plaza docente, sin importar que cuenten -o no- con los conocimientos y preparación necesaria.

El artículo 35 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros apunta que “una vez definida la demanda futura por región se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas”.

La asignación de esas plazas se hará en cada una de las entidades federativas del país con el establecimiento de una mesa tripartita en la que participarán la Secretaría de Educación Pública (SEP), los sindicatos, y las autoridades educativas locales.

Después de ese reparto, en el que no se especifica ningún tipo de valoración académica de los egresados de las normales, si quedan plazas vacantes, la misma mesa tripartita las asignará a otros aspirantes “que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección, eligiendo a aquellos con perfil de formación docente pedagógica”.

Es decir, el sistema educativo mexicano garantizará un puesto laboral a todos los que egresen de las escuelas normales públicas, sin importar que estos tengan un promedio de 6 o de 10, y sin que se les aplique ningún tipo de evaluación diagnóstica. Al mismo tiempo, se abrirá una convocatoria para que otros profesionistas puedan incorporarse a la actividad docente, en caso de que haya vacantes luego de que se asignen las plazas a los normalistas.

De presentarse esta última hipótesis, solo los mejores aspirantes que no sean egresados de las normales públicas podrán acceder a una plaza de aquellas que sobren, luego de la asignación previa que hará la autoridad, de acuerdo con lo que establece la fracción VIII del artículo 39 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

De nueva cuenta esto no sería un problema si las escuelas normales públicas se caracterizaran por su excelencia educativa, pero -lamentablemente- en México esos planteles enfrentan severas deficiencias académicas, sobre todo en el ámbito rural y suburbano del país.

Circulo vicioso

Al incorporarse en la ley las dos variables reseñadas: la participación de los sindicatos en la asignación de plazas y el pase automático para todos los egresados de normales públicas, los diputados de Morena lejos de solucionar los graves problemas educativos que tiene la nación, están creando un círculo vicioso que profundizará la pobreza y la desigualdad.

En México las regiones más pobres, que se ubican en el sur y sureste de nuestro territorio, son las que presentan mayores rezagos educativos. Estos no solo se refieren a un bajo nivel de escolarización de sus habitantes, sino que -incluso- aquellos que asistieron a la escuela presentan marcadas diferencias si se les compara con alumnos egresados de los mismos niveles educativos en el centro, occidente y norte del país.

La reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que ciertamente no fue bien implementada y por supuesto era perfectible, planteaba que los mejores docentes obtuvieran los puestos de trabajo en el sistema educativo nacional, a fin de que esa excelencia permeara en las zonas rezagadas.

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Ahora, con la reforma educativa de López Obrador, los alumnos de los estados más pobres del país podrán tener a nuevos maestros con deficientes conocimientos, aptitudes y habilidades, pues bastará con que sean egresados de normales públicas para obtener una plaza.

Esto implica que en la política educativa no se están considerando medidas específicas para mejorar y elevar el nivel académico de las escuelas de educación básica de las zonas más pobres y rezagadas, lo que contribuye a que en esos territorios se sigan reproduciendo las mismas deficiencias que invariablemente impactan en el crecimiento y desarrollo de esas entidades.

Como la educación es un factor de movilidad social, los maestros más preparados deberían de ser los primeros en ser elegidos para una plaza, independientemente de si son egresados o no de las escuelas normales públicas.

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Al mismo tiempo, el Estado debería fortalecer los planes de estudio de las instituciones formadoras de maestros, y por supuesto, exigir que los actuales docentes se capaciten de manera efectiva para poder transmitir los conocimientos que demanda la educación del siglo XXI.

Esto no está planteado en la reforma educativa de López Obrador, ni en las leyes secundarias que aprobaron los diputados, así es que no debemos sorprendernos que se mantengan los graves problemas de lectoescritura y de habilidades matemáticas que se presentan en nuestro país, falencias que son características de países profundamente desiguales como el nuestro.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.