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¿Qué sigue tras el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca?

30-04-2021, 6:05:00 PM Por:
Francisco García Cabeza de Vaca
© Vía Facebook

La Constitución mexicana establece que la decisión final está en manos del Congreso tamaulipeco, que tiene mayoría panista.

El Congreso del estado de Tamaulipas, con mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), es el que tiene la última palabra sobre si el gobernador de esa entidad, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mantiene o no su fuero, luego de que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, constituida en jurado de procedencia, aprobara eliminar la inmunidad procesal del político tamaulipeco.

El fuero constitucional es la figura jurídica que impide que los servidores públicos sean procesados penalmente, en caso de que se presuma que cometieron un delito, a menos que la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados lo autorice mediante un juicio de procedencia, conocido popularmente como desafuero.

Eso es lo ocurrió este viernes en la Cámara baja, a partir de una solicitud hecha -en febrero pasado- por la Fiscalía General de la República (FGR), que acusa a García Cabeza de Vaca de los delitos de defraudación fiscal equiparada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.

Sin embargo, la sección instructora de la Cámara de Diputados, que es la encargada de analizar la petición de la FGR, solo encontró indicios para desaforar al gobernador por el delito de defraudación fiscal equiparada.

En lo que se refiere al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la sección referida solo lo tuvo por acreditado parcialmente, en tanto que la delincuencia organizada no se menciona en la conclusión del dictamen que avaló el desafuero.

Francisco García Cabeza de Vaca
Vía Facebook

“Se genera para esta Sección Instructora la certeza respecto de la existencia del delito de Defraudación Fiscal Equiparada, así como del sujeto activo (el gobernador), así como de su probable responsabilidad en relación a los actos y hechos que se le atribuyen por la representación social (Ministerio Público federal)” se detalla en el documento.

El problema es que esa conclusión es ambigua al solo citar el delito de defraudación fiscal equiparada, pues “los actos y hechos” que la Fiscalía le atribuye a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mencionados en la misma conclusión, podrían incluir los otros dos delitos, aunque no de manera expresa, dada la peculiar redacción de los legisladores.

Sobre el delito de delincuencia organizada, la sección instructora consideró “pertinente dejar la comprobación de los cuatro elementos del tipo penal a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en el proceso correspondiente”.

Ante estos vacíos expresados en el dictamen que aprobaron los diputados, considerando los principios constitucionales de taxatividad y propersona, además del derecho a la presunción de inocencia, la primera interpretación que cabe es que solo se desaforó al gobernador de Tamaulipas por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparada.

Este ilícito se contempla en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, y se sanciona hasta con nueve años de prisión.

Decisión del Congreso local

De acuerdo con el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, y el numeral 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, si la Cámara de Diputados le quita el fuero a un gobernador en funciones, esa determinación debe enviarse al Congreso del estado que gobierna el funcionario, para que sus integrantes, “en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

A esta disposición se añaden los artículos 151 y 152 de la Constitución de Tamaulipas, que establecen que la declaración de procedencia en contra del gobernador en funciones debe ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso local.

La Asamblea Legislativa tamaulipeca tiene un total de 36 diputados, 23 son del PAN, 10 de Morena, 2 del Partido Revolucionario Institucional, y 1 de Movimiento Ciudadano. El partido del gobernador García Cabeza de Vaca cuenta con 63% de los votos del Congreso del estado.

Las dos terceras partes que se requieren para eliminarle el fuero en esa soberanía equivalen a 24 diputados, que no se reúnen entre toda la oposición al PAN, por lo que es previsible que Francisco Javier García Cabeza de Vaca conserve su fuero, toda vez que su permanencia en el cargo seguramente será respaldada por los diputados de su partido.

A su vez, el mismo Congreso de Tamaulipas promovió este viernes una controversia constitucional sobre el tema, que primero debe admitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para luego -en su caso- resolverla.

No obstante, la Fiscalía General de la República, con base en una interpretación propia de los preceptos constitucionales que norman al juicio de procedencia, podría intentar detener al gobernador de Tamaulipas, aprovechando que el desafuero aprobado en la Cámara de Diputados es inatacable, y contra este no procede el juicio de amparo, de acuerdo con el párrafo seis del artículo 111 de la Constitución, y la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

De presentarse esta situación, la Fiscalía estaría haciendo una detención ilegal e injustificada, aunque eso lo tendría que calificar el juez de control ante quien se consignara el caso. Esto último es solo un escenario hipotético que hay que considerar, pues más que jurídico, el expediente en contra del gobernador de Tamaulipas también lleva una carga política.

Cuando la Cámara de Diputados aprueba una declaración de procedencia con esto solo se elimina el fuero del funcionario acusado, a fin de que este pueda enfrentar un juicio por la posible comisión de algún delito.

En todo juicio de procedencia los legisladores no están juzgando al servidor público, solo le están eliminando su inmunidad procesal, es decir, el desafuero no implica que el funcionario sea culpable, pues eso lo tiene que decidir un juez.

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mm Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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