¿Qué sigue para Emilio Lozoya tras su detención en España?
El exdirector de Pemex está acusado de cohecho, delincuencia organizada y lavado de dinero en relación con el caso Odebrecht
Someterse a un proceso de extradición que puede tardar varios meses, o aceptar su traslado inmediato a México, son las dos opciones jurídicas que tienen ante sí el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, detenido el miércoles en España.
El exfuncionario está acusado en México de ser presunto responsable de los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, todos relacionados con el escandaloso caso de sobornos protagonizado en Latinoamérica por la empresa brasileña Odebrecht.
De manera específica, el 5 de julio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión que había solicitado en contra de Emilio Lozoya, de su esposa Marielle; de su madre, Gilda Austin; y de su hermana, Gilda.
Aunque la investigación está reservada, debido a la secrecía que debe guardar la fiscalía, la autoridad mexicana presume que el exdirector de Pemex habría recibido varios sobornos de entre cinco y diez millones de dólares de parte de la constructora Odebrecht, que se vio beneficiada con diversos contratos.
De igual forma, siendo director de Pemex, Lozoya Austin podría haber ocasionado un quebranto al erario público de más de 400 millones de dólares, por la adquisición, en 2014, de la firma Agro Nitrogenados de Altos Hornos de México (AHMSA), que le costó a la petrolera mexicana 475 millones de dólares, a pesar de que el complejo no tenía operaciones, y en realidad valía 50 millones de dólares.
También la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) ha investigado a Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido popularmente como lavado de dinero, consiguiendo de manera preliminar el bloqueo de sus cuentas bancarias, tras detectar en mayo de 2019 que el exfuncionario llevó a cabo múltiples operaciones con dinero que la UIF presume es derivado de actos de corrupción.
En contraste, según Javier Coello Trejo, defensor de Emilio Lozoya, todos estos procesos son irregulares, por lo que el exdirector de Pemex estaría siendo objeto de una persecución política.
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Larga extradición
Prófugo de la justicia desde mediados del año pasado, Emilio Lozoya seguramente se negará a ser extraditado, por lo que las autoridades mexicanas deberán iniciar un largo proceso a fin de que España entregue al exfuncionario, que fue detenido el miércoles al sur de ese país, en la localidad de Málaga.
Para ello, la Fiscalía General de la República, a través de la Cancillería mexicana, tiene un plazo de 45 días para enviar todos los documentos que sustentan el pedido de extradición, de acuerdo con el artículo 19 del Tratado de Extradición entre México y el Reino de España.
Ese mismo numeral establece que el extraditable puede obtener su libertad provisional, siempre y cuando España adopte “todas las medidas que estime necesarias para evitar la fuga del reclamado”, es decir, Emilio Lozoya podría esperar en libertad, o con un arresto domiciliario, que concluya el proceso de extradición.
De hecho, este es el caso de Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), y presunto cómplice de Lozoya, detenido en Mallorca, España, en mayo de 2019, y quien desde julio del año pasado obtuvo su libertad pagando una fianza de un millón de euros, en tanto concluye el procedimiento de extradición a México al que también está sometido.
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En ese tenor, el apartado 6 del artículo 19 del Tratado de Extradición entre el Reino de España y México apunta que “la puesta en libertad (del extraditable) no impedirá el curso normal del procedimiento de extradición”, si la solicitud y los documentos que debe enviar México son recibidos después de que el detenido obtenga su libertad bajo fianza.
Con la solicitud de extradición, México debe enviar a las autoridades españolas la exposición de los hechos por los cuales solicita el traslado de Emilio Lozoya; el original de la orden de aprehensión en contra del exfuncionario, así como el texto de las disposiciones legales que señalan los delitos que se le imputan al exdirector de Pemex.
Severas sanciones
En nuestro país, el delito de cohecho se comete cuando un servidor público solicita o recibe ilícitamente para sí, o para otra persona, dinero o cualquier otro beneficio, para hacer o dejar de realizar un acto propio de las funciones inherentes a su cargo. Las sanciones para el responsable incluyen penas de entre dos y catorce años de prisión.
A su vez, las operaciones con recursos de procedencia ilícita se castigan hasta con 30 años de prisión si el delito lo comete un servidor público, en tanto que la delincuencia organizada tiene una pena de hasta 40 años de prisión. Este último ilícito en nuestro país amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que en México Emilio Lozoya no podría seguir su proceso en libertad.
De ser encontrado responsable de todos estos delitos, el exdirector de Pemex podría ser condenado a purgar más de 80 años de prisión.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.