¿Qué es la revocación de mandato y por qué la promueve AMLO?

La iniciativa para incluir en la Constitución la revocación del mandato presidencial implica permitir que el titular del Ejecutivo federal se mantenga en campaña desde el inicio de su gestión, con lo que podrá influir en el resultado de las elecciones intermedias, y lo que es peor, allana el camino para trastocar el principio de no reelección que rige a nuestro sistema jurídico desde 1917.

La revocación de mandato es un procedimiento que permite a los votantes remover de su cargo a un funcionario, antes de que concluya el periodo para el que fue electo. Se trata de un derecho de los ciudadanos y no de la autoridad, pues esta última tan solo es la expresión de la voluntad popular.

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En México a nivel federal esta figura no existe, y de hecho en algunos estados donde ha sido incluida (Yucatán y Chihuahua) la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha declarado inconstitucional, porque nuestra carta magna no contempla la revocación de mandato como una forma para dar por terminado el ejercicio de los cargos públicos.

Esto no quiere decir que los funcionarios en México sean inamovibles, sino que los mecanismos para su separación del cargo son otros, distintos a los también llamados referéndums revocatorios, y están ampliamente desarrollados en la fracción I del artículo 109 de la Constitución, numeral que contempla distintas formas de responsabilidad, cuyo resultado es la remoción del servidor público.

Iniciativa engañosa

El pasado 14 de marzo la Cámara de Diputados aprobó una reforma a ocho artículos de la carta magna para establecer la revocación de mandato del presidente, y de los gobernadores de las entidades federativas.

La propuesta de Morena, que aún debe ser avalada por el Senado y al menos 17 Congresos estatales, transforma al artículo 35 constitucional introduciendo la revocación de mandato del presidente, a partir de una petición del mismo mandatario al Congreso.

Aunque la reforma también contempla que los ciudadanos soliciten la revocación, en realidad el partido de Andrés Manuel López Obrador privilegia, como una nueva facultad del Ejecutivo, el que este le pida al Legislativo que se convoque a este tipo de votación.

A su vez, si la ciudadanía intenta activar esta figura, deberán reunirse al menos el 3% de los inscritos en la lista nominal, es decir, se necesitarán alrededor de 2’615,000 firmas para que sea válida la petición de los ciudadanos, a fin de que el Congreso federal convoque a la revocación del mandato del presidente.

Además, la reforma constitucional establece que la revocación de mandato solo será vinculante (obligatoria) “por mayoría absoluta de los votos”, y únicamente si acuden a votar al menos el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores.

En términos jurídicos esto implica que el mandante, que en este caso son los ciudadanos, tenga menos posibilidades de actuación que el mandatario (el presidente), lo que subvierte y altera por completo los principios que deben regir a los mecanismos de la democracia directa.

Es decir, el servidor público que puede ser removido de su encargo tendría muchas más facilidades para llevar a cabo la convocatoria de su propia revocación, y en cambio, aquellos que lo eligieron para el cargo, por un tiempo claramente determinado, estarían obligados a cumplir mayores requisitos que el mismo funcionario.

Las consecuencias de esto no solo son jurídicas: el presidente y los gobernadores podrían estar en campaña desde el primer día de su gestión, influyendo en los resultados de las elecciones intermedias, y haciendo inequitativos los comicios.

Posible intento de reelección

Esta reforma constitucional, tal y como fue aprobada en marzo en la Cámara de Diputados, establece que la revocación de mandato del Ejecutivo federal deberá solicitarse en el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura, es decir, la petición tendría que hacerse entre septiembre y diciembre de este mismo 2019.

La iniciativa que ya está en el Senado agrega que la votación para revocar el mandato presidencial se realizaría el mismo día de las elecciones intermedias, cuando se renueva la Cámara baja.

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El problema es que, en caso de que se lleve a cabo la votación para revocar el mandato presidencial, y el resultado fuera en el sentido de que el Ejecutivo debe permanecer en su cargo, la reforma no aclara de manera explícita que el presidente debe concluir su gestión cumplidos los seis años de esta.

Si bien esto ya se prevé en el primer párrafo del artículo 83 de la Constitución, que a la letra dice que “el presidente entrará a ejercer su encargo el 1º. de octubre y durará en él seis años”, la reforma añade a este numeral un párrafo aclarando que “el proceso de revocación de mandato del presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene como objeto que la ciudadanía decida la permanencia del titular del Poder Ejecutivo de la Unión”.

¿A qué tipo de permanencia se refiere esta frase que se añade al artículo 83 de la carta magna? ¿Una permanencia posterior a los seis años? Esta ambigüedad abre la posibilidad de que el presidente pretenda reelegirse, o durar en el cargo más de los seis años iniciales para los que fue electo.

Votación revocatoria informal

A este riesgo debemos añadir que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya está considerando la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no participe en la organización de la revocación de mandato, debido a que, desde su perspectiva, la actuación de ese órgano autónomo es muy onerosa.

Como ejemplo de este desdén por el trabajo del INE están las consultas informales para cancelar el aeropuerto de Texcoco, realizada por una supuesta organización civil cuando López Obrador aún era presidente electo; y la votación para que se edifique una termoeléctrica en el estado de Morelos, que se llevó a cabo en febrero pasado.

Considerando que Morena no cuenta con mayoría calificada en el Senado para sacar adelante esta reforma constitucional, esta semana el titular del Ejecutivo federal admitió que podría considerarse una fecha distinta al día de los comicios intermedios, siempre y cuando no haya gastos adicionales, lo cual prácticamente es imposible, pues solo la impresión de las boletas para el revocatorio, implican echar mano de recursos públicos.

“Se podría ver otra fecha, nada más que se haga el compromiso que no haya un gasto adicional, porque para llevar a cabo una consulta en cuanto a revocación del mandato es relativamente fácil, es nada más un domingo decir: ‘¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?’. Sí o no. Que continúe o que renuncie, y ahí le tachas”, enfatizó López Obrador.

Esta postura del mandatario denota que, en vez de una revocación de mandato, se pretende cambiar la Constitución para beneficiarse de una ratificación, pues si el INE no participa organizando este ejercicio, difícilmente se tendrá certeza de sus resultados.

Por eso, para evitar todas estas irregularidades, la reforma a la carta magna debe privilegiar los derechos de los ciudadanos, disminuyendo los requisitos para que estos pidan el revocatorio; garantizar que el INE será -de manera obligatoria- la única autoridad para organizar este tipo de votaciones; y sobre todo, fijar como fecha del ejercicio un año distinto al de los comicios intermedios.

También se debe considerar qué es lo que sucedería en caso de que el presidente sea revocado, pues si esto sucede después de los dos primeros años de su gestión, nuestra Constitución establece que el Congreso nombrará a un presidente sustituto para concluir el periodo de seis años que debía cumplir el mandatario.

Con esto México tendría a un presidente sin legitimación electoral, nombrado por los legisladores, lo que sin duda afecta los avances democráticos que hemos experimentado en los últimos 30 años.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.