¿Por qué la mayoría de los feminicidios quedan impunes en México?

En México no hay políticas públicas específicas e integrales para atender la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios. En consecuencia, cotidianamente se trasgreden -de manera impune- los derechos a la integridad y libertad personal, a la vida, a la protección judicial, y a la dignidad y la honra de las mexicanas, además de que en este aspecto los derechos de la infancia se ven especialmente vulnerados.

Independientemente de que existen prácticas socioculturales que permiten y reproducen distintos tipos de violencia en contra de la mujer, desde el Estado no hay, ni ha habido, una respuesta que permita sancionar efectivamente las constantes violaciones a estos derechos humanos.

Se trata de un grave problema estructural que no se soluciona con buenas intenciones, ni con decálogos enunciativos. Creer que “acabando con la corrupción” se detendrá la crisis de feminicidios que enluta al país no solo es ingenuo, sino que muestra, una vez más, que las autoridades no han entendido que el Estado mexicano es responsable de todos y cada uno de los crímenes que se cometen en contra de las mujeres.

Si bien los feminicidas en particular son los que llevan a cabo estos delitos, la ausencia de un andamiaje institucional que proteja a las niñas y mujeres es lo que permite que estos crímenes se sigan llevando a cabo. En pocas palabras, en México se mata a las mujeres porque se puede, porque desde las instituciones, que pagamos todos con nuestros impuestos, no hay nadie que nos proteja.

Impunidad generalizada

Decir que se está atendiendo el problema, pensando que su origen es el neoliberalismo, la corrupción, o la decadencia en los valores familiares, como lo reiteró el pasado martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, es desentenderse de una de las primeras responsabilidades que tiene el Estado mexicano: Así no se cumple con lo que mandata la Constitución, ni con las convenciones internacionales que México ha signado para evitar la violencia en contra de la mujer, y tampoco se obedecen las sentencias que han condenado a nuestro país por los feminicidios.

Por eso nueve de cada diez agresiones, letales y no letales, en contra de la mujer permanecen en la impunidad, porque se tiene la idea preconcebida de que el trato hacia la mujer es una cuestión de la intimidad de las familias, y no un tema de políticas públicas.

Una muestra clara de estos prejuicios es el negligente manejo que la autoridad le ha dado al caso del feminicidio de Fátima, una menor de siete años cuya familia no fue atendida adecuadamente ni antes ni después de la desaparición de la niña.

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El cúmulo de errores no es excepcional, sino la constante: En las agencias del ministerio público y fiscalías se niegan a recibir las denuncias sobre feminicidios, se duda de los testimonios de los familiares, no se busca a la desaparecida, y en el mejor de los casos, la pesquisa consiste en enviar oficios a otras dependencias, y pedir a la familia que saque copias de un volante. Así funciona la burocracia encargada de procurar justicia.

La obligación de respetar los derechos fundamentales, y el deber de adoptar disposiciones internas para proteger la vida e integridad de las mujeres, brilla por su ausencia en toda la estructura de las distintas fiscalías.

A esto hay que añadir que además de la impunidad en la que quedan la mayoría de los feminicidios, la falta de sanciones también es constante entre el personal encargado de investigar las desapariciones, y los casos de violencia en contra de la mujer. Los ministerios públicos se niegan a recibir las denuncias porque pueden, porque institucionalmente nadie los castiga, no hay sanciones por no cumplir con sus obligaciones, al contrario, se les insta a seguir en la misma dirección, pues entre menos denuncias reciban, mejor es el desempeño cuantitativo de la dependencia.

Problemática añeja

Estos problemas estructurales no son nuevos, llevamos varias décadas padeciéndolos, y poco más de dos lustros desde que fueron señalados puntualmente -en 2009- por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia en contra de México por los feminicidios de Ciudad Juárez.

Esto no es solo una cuestión de protocolos, sino del andamiaje institucional de procuración de justicia que está mal diseñado, desde su origen, en lo que se refiere a la protección de la mujer.

El problema no es que los ministerios públicos no entiendan el delito de feminicidio, o que les cueste trabajo probarlo ante los jueces, como argumentó hace una semana el fiscal general Alejandro Gertz Manero. El problema es que no tenemos instituciones que atiendan realmente el problema en ninguno de los tres niveles de gobierno.

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Las autoridades deben entender que la violencia en contra de las mujeres es una violencia especial que requiere políticas públicas también específicas. Por eso, mientras no se genere un cambio bien definido, todos los gobiernos (los de antaño y el actual) seguirán siendo responsables no solo de la impunidad, sino de la reproducción de la violencia feminicida.

En ese tenor, si la amenaza intrínseca de la ley es inoperante, de nada sirve que los Códigos penales mantengan el delito de feminicidio. Es decir, de manera enunciativa todo el derecho penal amenaza con castigar, con determinados años de prisión, a quien comete un delito, pero si eso no se lleva a cabo en la práctica gracias a la negligencia de las autoridades, no hay ni habrá ley que nos alcance para detener estos crímenes.

Por eso estamos en la peor de las situaciones, en México los ciudadanos en general, y las mujeres en particular, no solo somos víctimas de la violencia e inseguridad pública, también estamos a merced de los actos y omisiones que lindan en lo delictivo de parte de quienes, se supone, tienen la obligación de procurar justicia.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.