Politizar la procuración de la justicia afecta a la sociedad: José Ramón Cossío

El año 1968 es recordado en México por la matanza de estudiantes ocurrida a manos del Ejército en la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y por los actos represivos que antecedieron y sucedieron a los hechos de aquel trágico 2 de octubre. Aunque también habría que recordar ese año como el periodo insignia de las aberraciones jurídicas y el uso político del derecho, propone el ministro de la Suprema Corte en retiro, José Ramón Cossío Díaz.

Tras pasar varios años estudiando los expedientes desclasificados de la época, Cossío ha hecho la “Biografía Judicial del 68”, un libro bajo el sello de la editorial Debate que -por primera vez- da cuenta de todo el fenómeno jurídico y judicial de ese año, y confirma que el régimen hegemónico de aquel momento utilizó políticamente el derecho en contra de sus adversarios, y de manera destacada en contra del movimiento estudiantil.

Lo más grave es que todos los detenidos a partir del 26 de julio de 1968, y hasta principios de 1971, fueron a la cárcel por lo que eran como personas, y no por los hechos que presuntamente cometieron.

“No hay una relación directa con las conductas ilícitas”, sino que se les visualizaba “como sujetos contrarios al régimen, no por lo que habían hecho, sino por lo que podrían haber llegado a hacer”, dada la condición que previamente ya les había asignado la autoridad, explica José Ramón Cossío en entrevista con ALTO NIVEL.

Las irregularidades jurídicas en los procesos judiciales del 68 incluyen también el tratamiento diferenciado para detenidos que estaban acusados de las mismas conductas delictivas, “así unos quedaron en la cárcel y otros liberados, sin ninguna explicación”. Lo mismo sucedió con aquellos estudiantes que fueron condenados, y que, en 1971, tras la llegada a la presidencia de Luis Echeverría, obtuvieron su libertad sin que mediara ninguna actuación jurídica.

Procesos viciados

Los expedientes de esos procesos son “una acumulación de cosas” que incluyen fotografías, artículos periodísticos, y hasta el informe completo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, rendido en el Congreso el 1 de septiembre de 1969.

Todos estos elementos eran las pruebas contra los acusados, a pesar de que no probaban nada, no tenían un orden, y ni siquiera cumplían con los requisitos legales que se exigían en esa época, cuando el Ministerio Público contaba con muchísimo poder y los jueces no tenían ninguna independencia.

De hecho, “con las reglas de entonces, no con las de ahora, se tuvo que haber o se debió de haber liberado, o ni siquiera procesado a muchas de estas personas”, apunta Cossío Díaz.

Esas distorsiones jurídicas tampoco permitieron que se resolvieran las apelaciones ni los amparos promovidos por los detenidos, pues si se hubiera seguido el derecho vigente en esos años, con esos recursos y con los juicios de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte habría tenido que aplicar sus propios precedentes, y el resultado habría sido el reconocimiento de la irregularidad general de los procesos, a pesar de que en ese momento era clara la sujeción de los jueces con el poder.

No debemos olvidar que entre los presos del 68 estaban personajes como Heberto Castillo, José Revueltas, Gilberto Guevara Niebla, Raúl Álvarez Garín, Luis González de Alba, Gilberto Rincón Gallardo, Félix Hernández Gamundi, Eduardo Valle Espinosa, y Pablo Gómez Álvarez, entre otros.

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Enemigos del poder

Tanto el Ministerio Público como el juez de la causa “perdieron la lógica en todo el proceso, justamente por la idea de ‘no me interesa qué hiciste como conducta concreta el día tal, sino que formabas parte de un todo’, y ese todo estaba significado como contrario a los intereses de la patria”, refiere el ministro en retiro. Fue en conclusión “un uso faccioso del poder”.

Justo esa es la lección del 68: hoy hay que reconocer que “el uso del derecho a partir de una condición política, por supuesto lleva a la politización de toda la procuración de justicia”, lo que al final nos afecta a todos como sociedad, asevera José Ramón Cossío.

Se trata de un escenario que, lamentablemente, no ha quedado atrás en la historia, pues la utilización política del derecho ha evolucionado con la construcción de diferentes categorías.

Ya no son los comunistas que querían imponer un régimen como el de la otrora Unión Soviética, como se acusaba desde la administración federal en 1968, ahora hay otras calificaciones previas -hechas desde los gobiernos- que condicionan la forma en la que las personas se enfrentan al sistema de procuración de justicia.

Por eso la independencia de los poderes judiciales es tan importante, porque los jueces, en tanto sean independientes, “son los únicos que pueden controlar a los demás poderes” en caso de que estos incurran en conductas contrarias a la ley.

En opinión del ministro, actualmente “sí hay uso político del derecho, con otras instancias, con otras teorías, (y) con otras personas”, por lo que hay que “estar muy atentos”, para que esto se corrija.

En este tema José Ramón Cossío es enfático: “Cuando el poder utiliza políticamente al derecho, es decir, cuando el poder no deja que el derecho se mueva, se despliegue conforme a sus propias formas, me parece que se producen estos abusos, los deterioros, estas terribles formas de actuación” que no deben repetirse.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.