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Morena inicia trabajos para el juicio político en contra de consejeros del INE

29-03-2022, 12:44:38 PM Por:
© Especial

Las denuncias señalan que Lorenzo Córdova, presidente del INE, y Ciro Murayama, presuntamente han transgredido la Constitución

Por acciones y omisiones que presuntamente no son acordes con su mandato constitucional, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y el consejero Ciro Murayama Rendón, cuentan con varias denuncias de juicio político en su contra en la Cámara de Diputados, donde -desde el lunes- ya trabajan para integrar todos los expedientes que podrían derivar en su destitución.

“Sería una irresponsabilidad del Legislativo no entrar al estudio de estas demandas, es una obligación y nosotros tomamos con mucha seriedad las demandas presentadas por los ciudadanos”, dijo en entrevista con ALTO NIVEL, el diputado morenista Hamlet García Almaguer, miembro de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara baja, encargada de revisar y acumular las acusaciones en contra de los consejeros y de otros servidores públicos.

La Subcomisión referida no solo debe analizar las acusaciones en contra de Córdova y Murayama, en total esa instancia cuenta con 14 expedientes que solicitan juicio político para estos conejeros electorales, y para funcionarios como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla; y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

García Almaguer detalló que este pasado lunes ya sostuvo una reunión con el director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados para analizar el turno de todos los expedientes.

Sin embargo, fuentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN) informaron que aún no hay nada concreto para iniciar los trabajos de análisis de los documentos en contra de los consejeros del INE.

Conforme a derecho

“Este no es un tema partidista”, refiere Hamlet García Almaguer cuando se le pregunta sobre la pública animadversión que el partido oficial tiene en contra de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en reiteradas ocasiones ha criticado las decisiones del INE

“Nosotros vamos a respetar la garantía de audiencia, (…) nosotros en los hechos estamos por los derechos humanos, la presunción de inocencia y la garantía de audiencia, entonces se va a desarrollar el proceso como marca la Constitución y la ley, y vamos a hacer todo apegado a derecho”, asegura el legislador.

En las próximas semanas, los trabajos de la Subcomisión de Examen Previo incluirán la revisión y acumulación de expedientes en contra de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pues son varias las demandas que los señalan por presuntos hechos contrarios a la Constitución.

Formalmente, esos documentos no deberían incluir el juicio político en contra de los consejeros por la instalación de menos casillas en el ejercicio de Revocación de Mandato, que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril, pues en ese caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, a principios de febrero, que los integrantes del INE no podrían ser sujetos de ninguna “resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa” derivada de ese proceso.

Hamlet García Almaguer aclara que ese fallo de la Corte solo protege a Córdova y a Murayama de alguna acción en su contra en el ámbito penal o administrativo, y no en el juicio político, que es una figura de una naturaleza distinta, misma que no puede ser combatida con ningún recurso, de acuerdo con el artículo 110 de la Constitución.

“Las determinaciones de la Cámara de Diputados y el Senado de la República en el proceso de juicio político son inatacables, es una decisión soberana y ahí el Poder Judicial, aunque sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede intervenir”, apunta el legislador.

Expedientes y procedimiento

Una de las denuncias en contra de Lorenzo Córdova data sobre hechos ocurridos en 2015, cuando se difundió una llamada del funcionario, grabada de manera ilegal, en la que este hacía bromas sobre lo ocurrido en una reunión con representantes indígenas.

Según Hamlet García Almaguer, diputados de pueblos originarios quieren que se le juzgue políticamente al consejero presidente del INE por actos de discriminación, conducta que está prohibida en el artículo 1 constitucional.

El problema es que, en este caso específico, la prueba de lo dicho por Lorenzo Córdova Vianello es ilegal, y no puede ser considerada como el detonante de un juicio político en su contra.

Otra demanda es la de Gerardo Fernández Noroña, legislador del Partido del Trabajo, quien acusa a Lorenzo Córdova de tener una actitud facciosa en contra de la actual administración, de ganar más que el presidente, y de transgredir los derechos humanos y las garantías previstas en la Constitución.

De igual forma, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados está a la espera de otro reclamo de parte del legislador de Morena Cuauhtli Badillo, quien asegura que el presidente del INE lo golpeó al darle unas palmadas en el hombro al salir de un acto en San Luis Potosí, hechos que quedaron registrados en un video difundido en Twitter por el también morenista Eurípides Flores.

https://twitter.com/euripidesf/status/1504597430003769349?s=20&t=FpR1rfah7El6BpjyiNH62w

“Si yo te doy un abrazo, que es muy común, o te doy una palmada, no suena así”, comenta García Almaguer en referencia al sonido que puede escucharse en las imágenes en las que Lorenzo Córdova palmea el hombro del legislador Badillo, lo que -según los morenistas- iría en contra de la inviolabilidad de las opiniones de los diputados.

Todos estos elementos no necesariamente deben ser pruebas fehacientes, pues el juicio político en contra de cualquier servidor público puede iniciarse en la Cámara de Diputados solo con indicios, cuando se presuma que el funcionario, en el ejercicio de sus funciones, incurrió “en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución.

El procedimiento, señalado en el artículo 110 constitucional, establece que la Cámara baja debe integrar los expedientes, citar en audiencia al inculpado, y aprobar su juicio político en el pleno con el voto de la mayoría absoluta de los legisladores presentes, es decir, la mitad más uno de los diputados que acudan a la sesión.

Una vez que se avala el juicio político en esa instancia, la acusación se envía al Senado, que también debe volver a escuchar al acusado.

Si tras ello no se desvirtúa el juicio político, la Cámara alta debe erigirse en Jurado de Sentencia, y aprobar -con las dos terceras partes de sus miembros presentes- las sanciones que correspondan.

La Constitución establece que estas consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

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autor Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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