Por qué no sirve el pacto de Peña Nieto contra la crisis

Hay en la historia momentos para acordar pactos de unidad. Generalmente se firman en tiempos críticos, por lo que no hay duda que este es un buen tiempo para acordar uno, a unos días de que tome posesión el ‘Bully’ en Jefe, Donald Trump.

Sin embargo, muy poco hay de semejanza entre el hoy llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar y el precursor de todos, el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), que fue firmado en 1987, en tiempos del presidente Miguel de la Madrid.

En aquel tiempo, apenas cinco años después de la inolvidable devaluación y crisis de pago de la deuda externa de 1982, la inflación estaba por alcanzar 159%. Ese año se había registrado un violento crack bursátil y un nuevo movimiento devaluatorio, por lo que el gobierno recurrió a un acuerdo con los sectores empresarial, obrero y campesino, para ejercer un control más o menos consensado sobre el incremento de precios.

Cuentan las memorias de Miguel de la Madrid que el 1° de diciembre de 1987, México estaba al borde de una huelga general. Ante tal situación emprendió una fuerte serie de pláticas con todos los agentes económicos. Fue el 15 del mismo mes cuando se dio a conocer el Pacto de Solidaridad Económica, junto con una buen dosis de disciplina fiscal, terminaría disminuyendo la inflación a 51% en 1988 y a 19% en 1989.

El PSE y su sucesor, el PECE, fueron factores importantes es el combate a la hiperinflación de los 80. Sin embargo, también bajo su vigencia, hay que señalar que se perdió buena parte del poder adquisitivo de la población, razón por la cual quizá uno de los firmantes del acuerdo de 2016. Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, no dudó en deslizar algunas críticas y escepticismo durante el evento.

Decíamos que hay varios factores que diferencian al acuerdo de hoy del pacto de ayer y con gusto los mencionamos:

• El tiempo de negociación. El acuerdo presente pretendió negociarse y arrancar en tres días, durante un fin de semana, que no pareció ser extenuante para ninguna de las partes. En 1987 fueron 15 días muy intensos, que además se armaron sobre un plan económico que llevaba gestándose varios meses. La negociación en tres días no denota efectividad, sino un interés por dar un golpe publicitario más, sin fondo.
• La falta de consenso. La ausencia de Coparmex en la firma de este acuerdo no sólo es grave por dejar al descubierto la imposición que el gobierno pretendía llevar a cabo, sin una negociación real. También fungió como un balde de agua fría que redujo a nada su impacto político. Posteriormente, también observamos cómo algunas centrales obreras como la UNT quedaron fuera del proceso de tres días.
• La insuficiencia de recortes presupuestales. Si el gobierno se compromete a alcanzar un superávit primario en 2017, aún no queda claro si el presupuesto que ejercerá este año le permitirá lograrlo. El recorte de 10% a los sueldos de los altos mandos de gobierno es un bonito gesto, pero no es suficiente para garantizar un superávit, ni parece probable que sea imitado por todos los gobiernos estatales y municipales.
• La falta de elementos de presión. Si bien durante el Acuerdo quedó clara la amenaza de abrir importaciones en los sectores que pretendan subir precios más allá de lo que el gobierno considere “adecuado”, el espacio de maniobra es mucho más pequeño que en 1987. Hoy gran parte de la economía mexicana está abierta comercialmente, por lo que no habría muchas posibilidades de presionar a algunos sectores para no subir precios. Además, la devaluación hace difícil encontrar mercancías más baratas en el exterior.
• Un mayor escepticismo entre empresarios y trabajadores. Con tres gobernadores huyendo y graves robos al presupuesto de diversos estados, la percepción de corrupción e impunidad es aún más desalentadora que en los 80, algo que pensábamos imposible.

Queda claro que el presente Acuerdo para el Fortalecimiento Económico requiere sumar a muchos más sectores y agentes económicos para que el consenso sea real, pues fue implementado sin una negociación verdadera.

Es cierto, no parte de una economía en hiperinflación, pero sí enfrenta un eventual regreso de México a condiciones comerciales previas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ante el retiro de Estados Unidos, situación en la que más probablemente será necesario subir aranceles a las importaciones, en lugar de bajarlos. En efecto, podría venir una guerra comercial.

El gobierno va a tener que sumar muchos más compromisos y negociaciones en las próximas semanas, si quiere que el acuerdo sea efectivo. Pero, sobre todo, está obligado a reducir la tremenda percepción de impunidad, encontrando y metiendo a la cárcel a los gobernadores prófugos.

De lo contrario, sólo estamos viendo un pacto de pacotilla.

Jorge A. Monjarás Periodista