¿Qué necesita AMLO para trasladar las secretarías a los estados?
El plan de descentralización de las secretarías, que debe ser publicado en el Diario Oficial, podría enfrentar la oposición de los trabajadores.
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador para cambiar las sedes de las secretarías federales a los estados no tiene que ser aprobada por el Congreso, a menos que las funciones de esas dependencias también se modifiquen. Lo único que requiere autorización del Poder Legislativo es el presupuesto para esa descentralización.
No obstante, el proyecto podría enfrentar diversos problemas legales por parte de los trabajadores, quienes tendrían derecho a negarse a cambiar de residencia, aunque en el entorno del ganador de los comicios presidenciales se ha dicho que los cambios serían paulatinos y consensuados con los servidores públicos.
Para llevar a cabo esta iniciativa se requerirán en total alrededor de 125,000 millones de pesos, es decir, unos 21,000 millones cada año, que serían aplicados en la construcción de edificios, habilitación de oficinas, sistemas y equipos.
Si bien no se han dado a conocer los criterios o factores que determinaron la proyectada distribución de las dependencias federales, hasta ahora el plan anunciado por López Obrador tiene como objetivo reactivar la economía de las entidades federativas.
Así, por ejemplo, ciudades como Puebla, Tlaxcala o Chetumal, podrían albergar a las secretarías de Educación Pública, Cultura y Turismo, respectivamente. Aunque para ello primero se realizarían estudios específicos para conocer la estructura de la administración pública federal, que hoy en día cuenta con 18 secretarías de Estado y 299 entidades, en donde laboran cerca de dos millones de funcionarios.
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Acuerdo presidencial
Las oficinas centrales de las secretarías de Estado se encuentran en la capital mexicana debido a que la Ciudad de México es la sede de los tres poderes que integran el gobierno, de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución.
Ese mismo numeral contempla la posibilidad de que los poderes federales se trasladen a otro lugar. Para ello solo se requiere de un acuerdo emitido por el presidente, de conformidad con la fracción II del artículo 89 constitucional, y los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Tras ser emitido por el mandatario federal, el documento debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a fin de que surta todos sus efectos.
El acuerdo debe especificar la forma en la que se llevaría a cabo el traslado de las secretarías, y las opciones que tendrán los trabajadores en caso de que estos no quieran mudarse de la Ciudad de México.
Derechos adquiridos de las secretarías
Si bien el cambio de sede de las oficinas centrales de las secretarías no requiere ninguna reforma legal, los reglamentos de cada una de estas dependencias deberán ser modificados por el mismo Poder Ejecutivo, para contemplar la manera en la que operarán las secretarías fuera de la capital mexicana.
También debe establecerse un plan de reubicación para los trabajadores y alternativas de retiro si estos no quieren trasladarse, pues nadie puede ser obligado a cambiar de residencia.
Es en este punto en el que el proyecto podría enfrentar la oposición de los servidores públicos, toda vez que los trabajadores de base de las distintas dependencias cuentan con derechos adquiridos que pudieran hacer valer a través del juicio de amparo.
De hecho, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, declaró recientemente que esperan dialogar con la próxima administración a fin de “brindar garantías” al gremio.
Experiencias fallidas
La posibilidad de que los trabajadores de algunas secretarías no quieran cambiar de residencia es el principal obstáculo que enfrentará la propuesta de López Obrador, tal y como ocurrió en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), quien tuvo que cancelar un proyecto similar planeado tras los sismos del 19 de septiembre de 1985.
Debido a los daños que sufrió la Ciudad de México, en octubre de 1985 se creó, mediante acuerdo presidencial, un Comité de Descentralización, que tenía como objetivo explorar el traslado de una parte de la administración pública fuera de la capital, “atendiendo el equilibrio urbano y la integración regional”.
El proyecto no fue respaldado por la burocracia federal, de hecho, la única dependencia que entonces se desconcentró de la capital mexicana fue el INEGI, entidad que trasladó su sede a la ciudad de Aguascalientes a partir del 21 de enero de 1986.
Cambios Legislativos
En caso de que la descentralización planeada por López Obrador incluya la modificación de algunas de las facultades de las secretarías de Estado, el Congreso deberá reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
También deberán determinarse la forma en la que acordarán los titulares de las secretarías y el presidente, y si esto implicará traslados y viajes de aquellos a la Ciudad de México. Esto último puede incluirse en los cambios legales o simplemente establecerse en los reglamentos respectivos.
Lo que no podrá eludirse en el Poder Legislativo es la asignación presupuestal para el traslado de las secretarías. Esa partida deberá contemplar recursos específicos para apoyar a los trabajadores que se muden junto con las dependencias, además de las remuneraciones que tendrán que recibir aquellos que decidan retirarse o demanden a la administración si se niegan al traslado.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.