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México

Qué es la doctrina Estrada y cómo la emplea AMLO con Venezuela

El gobierno federal, basado en la doctrina Estrada, no quiere confrontación ni pleito, para “llevar una relación de amistad con todos los gobiernos”

25-01-2019, 10:19:10 AM
doctrina Estrada

Los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, expresados por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la crisis que vive Venezuela, además de estar contenidos en nuestra Constitución, forman parte de la llamada doctrina Estrada, la cual se ha interpretado – a lo largo de 89 años- según la visión e intereses de los presidentes mexicanos.

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El origen de esta doctrina es un comunicado emitido el 27 de septiembre de 1930 por el entonces Canciller de México Genaro Estrada. El documento esboza dos aspectos de las relaciones diplomáticas y el derecho internacional: por un lado, el rechazo a que los gobiernos sean reconocidos por otras naciones, y por el otro, el derecho de legación que tienen todos los países.

Contexto histórico

A finales de la década de los años veinte y durante buena parte de los años 30 del siglo pasado, era común que los países reconocieran a los nuevos gobiernos de otras naciones, otorgando a quienes llegaban al poder una especie de legitimidad internacional.

Genaro Estrada, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, no estaba de acuerdo con esta práctica, por lo que emitió un comunicado que a la postre se convirtió en una de las más importantes aportaciones de México al derecho internacional.

La parte nodal del texto expresa: “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante que, sobre (sic) herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”.

Estas palabras se sintetizan en el principio de libre determinación, es decir, las naciones tienen el derecho a organizarse de la forma en la que mejor les convenga, sin necesidad del reconocimiento de ningún otro país.

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Pascual Ortiz

La otra parte de la doctrina Estrada es la que se refiere al derecho de legación, que fue expresado por el entonces Canciller de la siguiente la forma: “el gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras” para ello.

Es decir, los países son libres de enviar o no a sus diplomáticos a otros Estados, e igualmente las naciones tienen la libertad de aceptar o rechazar a los enviados de otros países.

Interpretación de la doctrina

Desde 1930 a la fecha son muchas y variadas las interpretaciones que los gobernantes mexicanos han hecho de la doctrina Estrada, apegándose a sus ideas o incluso desconociéndolas.

Por ejemplo, el presidente Lázaro Cárdenas calificó como ilegal la sublevación militar de Francisco Franco contra la II República española en 1936, con la que dio inicio la Guerra Civil que padeció ese país hasta 1939.

Al triunfo de los alzados, Cárdenas no reconoció al gobierno instaurado, por el contrario, reconoció al gobierno republicano en el exilio, y rompió todo tipo de relaciones con la que fue la dictadura franquista que concluyó en 1975.

Unos años antes, en 1935, el gobierno de Lázaro Cárdenas se sumó al embargo económico internacional que se impuso a Italia, luego de que este país invadiera Etiopia.

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Lázaro Cárdenas

De hecho, el decreto –publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 7 de noviembre de ese año- explica que la prohibición para exportar ciertas mercancías a Italia tiene como objetivo “dar cumplimiento a las prevenciones del Pacto de la Sociedad de las Naciones (antecedente de la ONU) y a las recomendaciones del Consejo de la Asamblea” de esa institución.

Lo mismo sucedió en el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, quien protestó por la invasión de la Alemania nazi a Grecia y Yugoslavia. De hecho, en política exterior, Ávila Camacho criticaba a quienes creían “que la neutralidad es garantía de paz y salvación”.

Tras la Segunda Guerra Mundial, con la transformación en 1946 del Partido de la Revolución Mexicana en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), México incorporó a la doctrina Estrada el principio de no intervención, que en ocasiones ha sido utilizado –erróneamente- como sinónimo de la libre determinación de las naciones expresada en 1930 por Genaro Estrada.

La no intervención se utilizó durante los gobiernos del entonces hegemónico PRI para incumplir, en diversas ocasiones, con la obligación de respetar los derechos humanos, al tiempo que se impedía cualquier señalamiento externo en torno a este y otros temas que cuestionaran al régimen mexicano que concluyó en el año 2000, y que había sido definido por el escritor Mario Vargas Llosa como una “dictadura perfecta”.

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Manuel Ávila

Obligaciones internacionales

La doctrina Estrada fue incorporada a nuestra constitución en mayo de 1988, en el ocaso del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Al reformarse la fracción X del artículo 89 de la carta magna, se facultó al presidente de México para dirigir la política exterior observando los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, y la solución pacífica de las controversias.

Adicionalmente, en la reforma del 10 de junio de 2011, a estos principios se añadieron “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”, en concordancia con las obligaciones que tienen todos los Estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas.

Por ende, si un país violenta los derechos fundamentales de sus nacionales el sistema de las Naciones Unidas en general, y el de la Organización de Estados Americanos, en el ámbito de nuestro continente, están obligados a pronunciarse, pues estas organizaciones son el andamiaje institucional que los países han aceptado con el fin de evitar el desconocimiento y menosprecio de estos derechos.

En ese tenor, si seguimos en estricto sentido lo que expresó Genaro Estrada en su comunicado de 1930, la libre determinación de las naciones no quiere decir que México se inhiba de realizar algún pronunciamiento sobre lo que sucede en otros países, sobre todo si se trata de violaciones a los derechos humanos, pues lo que rechaza la doctrina Estrada es la costumbre de reconocer o desconocer a los gobiernos.

Así, la administración de Andrés Manuel López Obrador actúa conforme a la doctrina Estrada al no reconocer al gobierno interino que encabeza en Venezuela Juan Guaidó. Pero al mismo tiempo se aleja de esta doctrina, y de lo que mandata la Constitución, al no señalar que en ese país hay una violación sistemática de los derechos humanos de sus ciudadanos.

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