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¿Por qué son importantes los organismos constitucionalmente autónomos?

14-01-2021, 9:18:07 AM Por:
CNDH
© google maps

El presidente quiere desaparecerlos, considera que son inútiles y costosos, a pesar de que son la expresión de una larga lucha por la democracia en México.

México vivió por al menos siete décadas, hasta el año 2000, un poderoso presidencialismo que no actuaba conforme a la Constitución, sino que ejercía el poder con lo que en términos jurídicos se denomina como “facultades metaconstitucionales”, una forma autocrática de gobernar, en la que el titular del Poder Ejecutivo federal incumplía la ley, empezando por la carta magna, en tanto que los contrapesos estaban ausentes.

Justo para acotar ese poder, durante los últimos treinta años ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, y partidos políticos, impulsaron una agenda democratizadora que permitió la creación de órganos de Estado, independientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuya función es garantizar la realización de diversos derechos humanos, al tiempo que actúan como contrapesos de todos los entes del gobierno.

Esos órganos de Estado, cuyas funciones no deben variar, independientemente de quien ocupe su titularidad, están incluidos en nuestra Constitución, por eso se les denomina organismos constitucionalmente autónomos.

IFT
Google Maps Las funciones de estos organismos no deben variar, independientemente de quien ocupe su titularidad.

Entre estos tenemos al Banco de México (Banxico), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y la Comisión Federal de Competencia (Cofece), entre otros.

Se trata de instituciones que controlan el cumplimiento de diversas disposiciones constitucionales y legales, y cuyos criterios crean políticas de Estado transexenales, que no están sujetas al vaivén de los cambios y/o intereses políticos. Por eso son un contrapeso del poder, porque están facultados para acotar sobre todo al Poder Ejecutivo federal, y hacerle cumplir disposiciones que le son obligatorias por mandato constitucional.

Realización de derechos humanos

Vivir en una economía sana que permita el desarrollo económico para satisfacción de las necesidades de los ciudadanos es un derecho humano, por eso el cumplimiento de este derecho, al menos en lo que se refiere a la política monetaria, está a cargo del Banco de México.

De acuerdo con sexto párrafo del artículo 28 de la Constitución, el Estado mexicano tiene un banco central, es decir el Banxico, que es autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. “Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado”.

Esta autonomía le permite al Banco de México ser un órgano técnico y no político, que no está sujeto a las ordenes de nadie, ni siquiera del presidente, lo que nos ha permitido evitar crisis económicas como las vividas en las décadas de los años setenta y ochenta.

Lo mismo sucede con el derecho humano a la información pública y a la protección de datos personales. Todos los entes gubernamentales, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, funcionan a partir de recursos públicos, su presupuesto tiene como origen el dinero que aportamos todos los mexicanos con nuestros impuestos.

Por eso están obligados, de acuerdo con el apartado A del artículo 6 de la Constitución, a hacer pública toda la información que se genere en la actuación de todas y cada una de las dependencias e instituciones que integran a dichos poderes.

Se debe transparentar todo, y no solo lo que los funcionarios quieran o consideren importante, este es el principio de máxima publicidad, también incluido en la carta magna.

De hecho, nuestro texto fundamental establece que “toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública”.

Banxico
Banco de México Se debe transparentar todo, y no solo lo que los funcionarios quieran o consideren importante.

La importancia de la transparencia, y en específico del acceso a la información pública, es que a través de esta se le puede exigir a los entes gubernamentales un uso más racional de los recursos públicos.

Conocer la información sobre el ejercicio presupuestal es uno de los principios que rigen la rendición de cuentas de quienes están en la administración pública, es la forma en la que la ciudadanía hace que los funcionarios se hagan responsables de sus actos, pues las facultades de estos no son ni deben ser discrecionales.

Los riesgos que vienen

Las funciones de los organismos constitucionalmente autónomos no pueden incorporarse a dependencias del Poder Ejecutivo, tal y como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eso significaría desnaturalizar por completo las facultades de Estado que poseen estas instituciones, para convertirlas en entes subordinados al presidente.

Por otro lado, para desaparecer a organismos como el INAI, el IFT o la Cofece, se requiere una reforma constitucional que deben aprobar las dos Cámaras del Congreso, y al menos 17 Legislaturas de igual número de entidades federativas. No se trata de una reforma administrativa, como lo ha planteado López Obrador, sino de un cambio de gran calado que necesariamente deberá modificar la Constitución, transformando con ello disposiciones que son propias de los Estados democráticos.

Es decir, en el caso del INAI, se intenta subordinar la transparencia y la rendición de cuentas a los intereses del Poder Ejecutivo federal. En cuanto al IFT y la Cofece, se pretende acabar con la competencia y la equidad del mercado energético y de telecomunicaciones. Lamentablemente esto significa anular derechos humanos, lo que -por cierto- también está prohibido en nuestra misma Constitución.

amlo andrés manuel lópez obrador Banxico ift organismos autónomos
mm Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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