Por qué los gobernadores cuestionan una Guardia Nacional militarizada
Piden jefatura civil y que se incorpore al dictamen de reforma constitucional el fortalecimiento de las policías locales para evitar la Guardia Nacional
Institucionalizar el mando militar en labores de seguridad pública y subordinar a las autoridades civiles a una Guardia Nacional, cuyo perfil es eminentemente castrense, son dos de los riesgos más importantes que plantea la iniciativa de reforma constitucional con la que se crearía este nuevo cuerpo policíaco, advirtieron gobernadores de oposición a Morena.
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Al dar inicio en la Cámara de Diputados las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, gobernadores del PRI, PAN, y Movimiento Ciudadano (MC), rechazaron la redacción del dictamen porque este invade la soberanía de los estados, vulnera las facultades de los poderes Ejecutivos locales, y sobre todo rompe con la tradición constitucional mexicana de preeminencia y primacía de lo civil sobre lo militar.
“El modelo no es entregar -en la desesperación- el control de la seguridad pública a las fuerzas armadas desde el estatus constitucional. Porque ese es, diría yo, el principal problema de esta iniciativa de reforma constitucional: institucionalizar el modelo militar de atención a la seguridad pública en México”, enfatizó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral (PAN).
En su opinión, la Guardia Nacional no es per se una mala figura, de hecho, consideró que esta “puede ser un mecanismo que funcione”, siempre y cuando sus integrantes dejen de ser militares al convertirse en guardias subordinados a un mando civil.
Notimex Peor que la Ley de Seguridad Interior
Corral recordó que “si la Ley de Seguridad Interior fue un error”, porque en los hechos eliminaba los incentivos para construir una policía civil fuerte, “la Guardia Nacional en la Constitución, pero sobre todo subordinada a la Secretaria de la Defensa Nacional, es un error más grave que los intentos de (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto por militarizar la seguridad pública” del país.
De su lado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), reconoció que la situación en materia de inseguridad que vive esa entidad no puede enfrentarse sin la colaboración de la Marina y el Ejército. Pero eso no significa que “aceptemos el camino de la militarización del país”.
“La función de la seguridad pública debe permanecer bajo la responsabilidad de las autoridades civiles”, remarcó Alfaro. Lo mismo debe ocurrir con el Ministerio Público, pues la propuesta de Morena prevé reformar y añadir varios párrafos al artículo 21 de la Constitución, habilitando a la Guardia Nacional para fungir como auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los delitos.
Desde su perspectiva, es contradictorio que esta nueva estrategia de seguridad quiera incorporarse a la letra de la Constitución, cuando en realidad debería tratarse de una medida estrictamente temporal.
Como Javier Corral, Enrique Alfaro también advirtió sobre el riesgo de que la Guardia Nacional tenga una jefatura militar y esté por encima de las autoridades civiles, quienes –de acuerdo con la carta magna- son las que deben proporcionar seguridad a los ciudadanos.
“Pareciera que se renuncia a esta obligación de Estado buscando construir una nueva corporación de corte militar, relegando a un segundo plano las policías estatales y municipales”, dijo Enrique Alfaro.
Modificar el dictamen
A su vez, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna (PRI), señaló que la iniciativa de reforma constitucional debe incorporar exámenes y controles de confianza para aquellos que integren la Guardia Nacional.
En ese mismo sentido, José Rosas Aispuro (PAN), gobernador de Durango, pidió a los legisladores dar certidumbre, y clarificar en la iniciativa de reforma las competencias específicas que tendrá la Guardia Nacional en la persecución de los delitos.
Alejandro Murat (PRI), gobernador de Oaxaca, coincidió con sus homólogos y solicitó que el dictamen sea modificado, a fin de que el mando de la Guardia Nacional lo tenga la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La iniciativa de reforma a la Constitución con la que se crearía la Guardia Nacional le otorga facultades a esa nueva corporación para que realice detenciones de cualquier persona que cometa un delito.
Notimex El proyecto, presentado en noviembre de 2018 por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, incluye disposiciones que habilitan a los integrantes de la Guardia Nacional como auxiliares del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en tanto que concentra en el presidente todas las facultades para disponer de ese cuerpo de seguridad, eliminando los contrapesos del Poder Legislativo.
Una corporación con historia
La Guardia Nacional es una figura que fue incorporada al ordenamiento jurídico mexicano en la Constitución de 1857, aunque antes de que apareciera en la carta magna ya existía y funcionaba desde 1846, cuando actuó en la lucha contra la intervención estadounidense.
Tras la Revolución mexicana, la Guardia Nacional desapareció en los hechos, aunque el concepto permaneció en la Constitución de 1917 que nos rige actualmente.
Hoy la carta magna establece en sus artículos 76 y 78 que el Senado, o en su defecto la Comisión Permanente del Congreso, tienen la facultad exclusiva de “dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional”.
Se trata de un contrapeso específico del Poder Legislativo que limita al Ejecutivo federal, a pesar de que estamos ante un texto inoperante pues –de facto- esa corporación no existe.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.