¿Por qué CFE ordenó sacar de operación a las energías limpias?
A pesar de las suspensiones otorgadas en decenas de amparos, la CFE y el Cenace quieren garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico mexicano.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cargo de Manuel Bartlett Díaz, anunció que limitará la operación de empresas de energías limpias que participan en el sistema eléctrico mexicano, con el fin de garantizar la confiabilidad y seguridad de la generación del fluido en el país.
En un comunicado, Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE, explicó que en unos cuantos años se prevé que en México se duplique “la capacidad de generación intermitente autorizada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”, justo es este tipo de energía la que producen las empresas privadas que participan en el sector eléctrico.
Esta situación, agregó el funcionario, incrementará el riesgo de confiabilidad del sistema nacional, por ello el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) “está obligado por ley a limitar en cada nodo la capacidad máxima a generar, para asegurar la confiabilidad. Esto implicará para los generadores privados reducir su producción anual”.
Es decir, tendrán que dejar de operar algunas empresas de energías limpias o disminuir considerablemente su producción para que, a decir de CFE, se garantice la continuidad y seguridad del sistema. Se trata de una medida preventiva que implementará el Cenace, sacando de operación una parte de la generación renovable intermitente.
Subsidios a privados
La CFE considera que en México el sistema eléctrico “opera con exceso de generación intermitente”, aseveró Bravo Navarro. Esta situación, “lejos de incrementar competitividad en el sector eléctrico” ha endeudado a la empresa estatal.
“La participación privada en la expansión del sistema eléctrico en gobiernos anteriores dejó a CFE endeudada por 50,000 millones de dólares en el esquema de financiamiento PIDIRIEGAS (sic), por inversiones en centrales eléctricas generadoras, líneas eléctricas, subestaciones, y el sistema de transporte de gas natural”.
Por esta y otras razones, en México “ni el gobierno federal, ni la gran industria, ni la mediana y pequeña industria, ni el sector comercio, así como los usuarios domésticos, pueden seguir subsidiando a los inversionistas privados”.
Los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas) son un instrumento mediante el cual empresas privadas realizaban inversiones para obras públicas, a fin de que el gobierno federal pudiera diferir esos gastos inmediatos. Este -posteriormente- tenía que pagar el capital invertido por los privados más los intereses.
Decenas de litigios
Hasta antes de esta nueva medida, más de 60 empresas de energías renovables lograron suspender la política energética de la actual administración federal a través de suspensiones definitivas otorgadas en sendos juicios de amparo.
Adicionalmente, en 2020, el gobierno de Tamaulipas obtuvo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión de un acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener) en el que se emitía la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
Con esta última resolución, que se une a otra suspensión otorgada también por la Corte a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el más alto tribunal del país ratificó que -por el momento- no pueda aplicarse la nueva política de la Secretaría de Energía.
El documento suspendido, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del año pasado, imponía a las empresas de energías limpias nuevas reglas que, desde la perspectiva de dichos consorcios, obstaculizaban su competencia con respecto a las fuentes de energías tradicionales.
Adicionalmente, en las últimas semanas de 2020 el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, concedió nueve amparos para frenar un aumento de entre 400 y 775% en las tarifas de transmisión que la CFE cobra a los productores privados.
El juzgador consideró que ese aumento era desproporcional y afectaba a los titulares de los contratos de interconexión eléctrica que operan empresas de energías renovables.
El sistema jurídico mexicano establece que una disposición administrativa, como lo son las de la CFE, la Sener o el Cenace, no puede estar por encima de lo que señala la Constitución, por ende, los acuerdos de estas dependencias, al tratar de modificar la actual regulación del mercado eléctrico del país, estarían trasgrediendo los artículos 16, 28 y 133 de la carta magna, es por eso que -hasta ahora- los jueces les han dado la razón a las empresas privadas que generan electricidad a partir de energías limpias. En contraste, la Secretaría de Energía ha dicho que, debido a la pandemia de Covid-19, se redujo de manera drástica la demanda eléctrica del sector industrial y comercial, por lo que en los últimos meses ha habido un aumento del “preexistente desbalance entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda”.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.