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La desesperante crisis de pobreza y derechos humanos en México

20-04-2018, 6:50:13 PM Por:

Hasta el cierre de 2016, 53.4 millones de mexicanos vivían en la pobreza. Reducir los índices de pobreza debe de ser una de las propuestas centrales de los candidatos presidenciales pues la pobreza es la causa de un gran número de violaciones a los derechos humanos.

La pobreza es uno de los principales factores que vulnera los derechos humanos de las personas, por lo que las decisiones de política económica que toman las autoridades tienen un importante impacto en la vida de las personas más vulnerables.

Hasta el cierre de 2016, 53.4 millones de mexicanos vivían en la pobreza, de las cuales 9.4 millones están en pobreza extrema, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Esta situación se exacerba en un contexto en el que el 1% más rico de la población controla más de una quinta parte de la riqueza del país y justamente la desigualdad afecta de manera diferenciada a los sectores más vulnerables de la población, como los pueblos indígenas—quienes tienen una tasa de pobreza cuatro veces mayor—y las personas migrantes, señaló la Comisión Internacional de Los Derechos Humanos (CIDH) en su reporte ‘Situación de Derechos Humanos en México’.

Dado que la pobreza es un fenómeno de naturaleza multidimensional, para su medición el Coneval considera no solo el ingreso sino, el rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.

Las cifras muestran que, 19.3 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud, 68.4 millones a seguridad social, 14.8 millones a vivienda, 3.7 no tiene acceso a servicios básicos de vivienda y 24.6 millones tienen carencias de alimentación.

En este sentido la CIDH, dice que además de que la pobreza es una causa de violación de derechos humanos también incide en el acceso a determinados derechos, por lo que al mismo tiempo es  una circunstancia que puede generar otras violaciones a los derechos humanos.

Por ejemplo, las personas más pobres son quienes son más vulnerables a los abusos de autoridad de parte de funcionarios policiales, es en las zonas más pobres de las ciudades donde es más elevado el número de muertes violentas, mismas que se traducen en un elevado número de impunidad en esos mismos casos, frente a la incapacidad del Sistema de Justicia, para procesar los delitos.

Por lo que pone en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes ya se encontraban en condiciones especiales como es el caso de mujeres, niños, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, por mencionar algunos.

El reporte señala que más del 98% de los delitos cometidos en México permanecen en la impunidad. A la par de registros de centenares de quejas por tortura y otros malos tratos ante jueces que han dado vista de dichas quejas a la PGR, y la CNDH ha dirigido más de 115 recomendaciones a la SEDENA relativas a tortura, homicidios, violaciones sexuales, y otros malos tratos.

Uno de los grupos más vulnerables son las comunidades indígenas, quienes conocen bien las consecuencias de la pobreza. Cuando se trata de violencia en territorios o comunidades indígenas donde se ubican construcciones de grandes proyectos, el común denominador es el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, lo que suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas

Los migrantes son otro de los grupos más vulnerables, que de acuerdo con un informe de  la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) con información de 2014, fue el grupo mayor de 15 años que más delitos padeció en su paso por México con 96%.

El principal delito cometido en contra los migrantes centroamericanos fue el robo, seguido de la extorsión y lesiones. El crimen organizado fue el principal actor en la comisióń de delitos con el 54.27%, seguido por particulares con el 25.56% y por autoridades de gobierno con el 20.16%.

En el caso de los niños y niñas, otro de los grupos vulnerables, actores de la sociedad civil indican que los asesinatos de niños y niñas llegaron a cerca de 2,000 entre el 2006 y 2014. Adicionalmente, los niños y jóvenes que no trabajan o estudian, los lleva a una situación de vulnerabilidad en la que pueden ser más fácilmente captados o explotados por la delincuencia organizada.

En México, las mujeres, como en otros países, continúan siendo víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres. Por ejemplo, las mujeres se ven más vulneradas por delitos sexuales, al contar con una tasa de incidencia de 1,764 delitos por cada cien mil mujeres, cifra estadísticamente mayor a los 1,435 delitos estimados en 2015, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI.

Mientras que el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 2017 que ya contiene datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres, señala que tan solo el año pasado hubo 95,421 víctimas mujeres. De estas, 64% sufrió lesiones dolosas, 15.8% lesiones culposas, 3.23% homicidio culposo, 2.71% homicidio doloso, 1.24% corrupción de mujeres, 0.73% feminicidios, por mencionar algunos.

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autor Economista-Reportera, escribo sobre política fiscal y monetaria
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