¿Quién es la verdadera víctima del espionaje en México?

¿Existía la posibilidad de que el gobierno federal saliera bien librado del escándalo de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos destapado por el New York Times y que ha marcado la agenda mediática de esta semana?

Con una credibilidad muy desigual entre los dos actores involucrados honestamente era, de entrada, una tarea difícil. Sin embargo, lo que llama la atención es que la respuesta de la administración peñista no se ha mostrado muy preocupada en “salvar los muebles”, al contrario, con las lapidarias declaraciones del presidente queda de manifiesto que más bien se siente incomprendido por una sociedad que no termina de aceptar con normalidad el espionaje cotidiano que confesó incluso haber sufrido él (sí, el jefe de Estado normalizando estas prácticas y mostrando su investidura vulnerada). Un escándalo total.

Pero lo más grave de su desafortunada intervención  —me imagino a sus asesores diciéndose en tono frustrado “¡¿Pero no habíamos quedado en que ya no iba a salirse del teleprompter?!”— fue que expresó que esperaba que la PGR (cuyo titular él nombra) deslinde responsabilidades y aplique la ley contra aquellos que denunciaron “falsos señalamientos contra el gobierno” (entiéndase, aquellos “ingratos” periodistas y activistas). En resumen: Peña “haciendo un Peña”.

Pasaron sólo unas horas para que, esta vez, asumiera que era necesario salir a decir que no dijo lo que dijo, pero el punto es que su primera intervención improvisada retrata a todas luces el origen del estilo reactivo para comunicar que adoptó desde las crisis que le representó el caso  Ayotzinapa en 2014; no es tanto por ignorancia o inexperiencia, sino porque realmente se asume como víctima de las circunstancias.

Es por eso que no tuvo lugar lo que de cualquier administración en un sistema democrático se hubiera esperado en un caso de presunción de espionaje a periodistas y activistas: deslindarse de manera categórica desde el minuto uno, condenar estas prácticas, solidarizarse con quienes hayan sido agraviados y, lo más importante, impulsar una investigación independiente.

Pues no. Lo que tuvimos como primer posicionamiento oficial fue el ya muy comentado comunicado sin membrete firmado por un mando medio, el director de medios internacionales de presidencia, cuyos mensajes principales se leen como: No lo pueden probar y denuncien para que nosotros mismos nos investiguemos.

Aquí la postura del @gobmx respecto de la nota del New York Times. pic.twitter.com/KZpnbDyxka

— Eduardo Sánchez H. (@ESanchezHdz) June 19, 2017

A eso le apostaba la administración peñista, a enconcharse mientras la ola pasaba, confiados en que no trascendería más que un par de días gracias a que todos, incluida la fragmentada oposición, tienen la cabeza centrada en junio de 2018.

Pero gracias a la presión periodística fue que el secretario de Gobernación el miércoles 21 de junio —tres días después del tsunami— se vio obligado a pronunciarse y que el presidente optó también por tocar abiertamente el tema el jueves.

La única ventaja de la metedura de pata que representaron las palabras de Enrique Peña Nieto es que remarca la urgencia de que este caso cuente con una investigación paralela a la de la PGR que brinde certeza a los mexicanos ante un problema no menor y que merma (aún más) la credibilidad hacia nuestro sistema democrático. Este es el punto que debe preocupar e implicar a la sociedad en su conjunto, porque la desconfianza en las instituciones gubernamentales pasa facturas transexenales y requiere mucho más tiempo en recuperarse.

Por otro lado, el caso #GobiernoEspía también pone de manifiesto la resignación o normalización de una gran parte de la población ante el estado en el que vivimos. Preguntémonos un momento, ¿a qué magnitud llegarían las protestas si en otras latitudes con democracias más consolidadas su hubiera filtrado un escándalo de este tipo? ¿Hubiera llegado otro gobierno a fin de semana sin cortar cabezas o abrir una investigación independiente?¿Realmente a cuántos ciudadanos ha sorprendido que existan sólidos argumentos para suponer que el gobierno espía periodistas y activistas y, lo que es peor, gasta millonadas de dinero público para esto? ¿El nivel de indignación será suficiente para trascender los trending topics y las pláticas de café? He ahí la parte que nos corresponde a todos.

*La autora es consultora en comunicación política y socia-directora de la firma hispanomexicana Abella & Valencia (www.abellayvalencia.com)

Daniela S. Valencia Consultora en comunicación política. Socia-directora de la firma hispanomexicana Abella & Valencia