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México

La reforma constitucional que hace obligatoria la paridad de género

Todos los órganos del Estado mexicano deberán integrarse con el mismo número de hombres y mujeres, de acuerdo la reforma constitucional

14-05-2019, 6:50:15 PM
Paridad de género Paridad de género

Por Surya Palacios @suryapalacios

La brecha de género que prevalece en las instituciones del Estado mexicano tendrá que disminuir de manera obligatoria, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de paridad de género, aprobada el martes en el Senado de la República con el voto unánime de 120 legisladores.

Los cambios a nueve artículos de la carta magna pretenden combatir las diferencias que existen entre hombres y mujeres al realizar las mismas actividades en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a nivel federal como en los estados y municipios.

De igual forma, se intenta que los nuevos nombramientos en la administración pública observen como criterio principal la paridad de género. Además, los partidos políticos tendrán que realizar sus listas de candidatos alternando a mujeres y a hombres.

En el ámbito local, los Ayuntamientos deberán contar con regidurías y sindicaturas paritarias, lo que incluye a los pueblos indígenas, cuyos representantes en cada alcaldía también tendrán la obligación de observar este criterio.

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Techo de cristal

De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la participación laboral femenina de la región sigue siendo 30 puntos inferior a la de los hombres.

Esto quiere decir que, de cada 100 hombres entre 25 y 54 años, 94% trabaja o recibe algún tipo de ingreso, mientras que -en promedio– de cada 100 mujeres solo 64% forman parte de la fuerza laboral.

En México esa proporción incluso es menor a la media del continente, pues solo un 58.5% de las mujeres, en el rango de edad mencionado, trabajan o están disponibles para laborar.

Estas inequidades se profundizan si nos enfocamos en las mujeres que no viven en la ciudad: mientras que 76.4% de las féminas que habitan en una urbe mexicana forman parte de la población económicamente activa, esa misma situación solo está presente en 61% de las mujeres rurales, según el reporte del BID.

Este panorama nada halagüeño también se reproduce en los órganos del Estado mexicano, donde hay una marcada subrepresentación de mujeres en puestos de dirección política, lo que se acentúa en el caso de las mujeres indígenas.

Por ejemplo, mientras 21% de la población en México se reconoce como miembro de algún pueblo originario, en la Cámara de Diputados solo el 2% de las legisladoras y legisladores son indígenas, de acuerdo con la justificación del dictamen de reforma constitucional avalado por el Senado.

Así mismo, los gabinetes de los gobiernos en las entidades federativas solo se integran por un 15% de mujeres. Lo mismo sucede en sus poderes legislativos, donde el sexo femenino representa el 28% de los integrantes de los Congresos estatales.

A nivel federal la situación no cambia mucho, solo hay dos mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (18%); en el Consejo de la Judicatura las consejeras representan el 28.5% de sus miembros; y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el número de magistradas equivale al 28% de quienes integran el pleno de esa autoridad.

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Igualdad de oportunidades

Esta reforma constitucional, que aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y en al menos 17 Congresos de las entidades federativas, deberá aplicarse de manera obligatoria en los próximos comicios federales y locales.

En lo que se refiere a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, estas tendrán que designar de manera progresiva a sus funcionarios observando la paridad de género.

Los cambios a la carta magna aprobados por el Senado se añaden a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, elaborada en conjunto por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Comisión Nación para Prevenir la Discriminación (Conapred), y colectivos de la iniciativa privada como la Coparmex y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

La reforma también armoniza nuestra Constitución con los tratados internacionales en materia de derechos humanos signados por México, en especial con la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

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