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México

La rebelión de los gobernadores contra los superdelegados de AMLO

Al menos 13 gobernadores buscarán impugnar la creación de los llamados superdelegados, los cuales transgrederían lo dispuesto por la Constitución en materia de federalismo

26-11-2018, 10:46:47 AM
gobernadores
Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, expresó su “profunda preocupación por disposiciones legales que lastiman los principios básicos del pacto federal".

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la que se crean la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar, y los delegados estatales de Programas para el Desarrollo, entre otras figuras, será impugnada por al menos 13 gobernadores y los partidos de oposición a Morena en el Congreso.

Doce mandatarios estatales en funciones, y uno de Movimiento Ciudadano que aun no toma posesión del cargo, Enrique Alfaro, de Jalisco, consideran inaceptable supeditarse a los llamados superdelegados que contempla la ley, pues en su opinión estos transgreden lo que dispone la Constitución en materia de federalismo.

Los cambios a la norma, que aun deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, se consideran ilegales, metaconstitucionales y antidemocráticos, pero sobre todo trasgresores de la autonomía de las entidades federativas.

Recursos centralizados

Los delegados estatales de Programas para el Desarrollo, incorporados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estarán adscritos a la presidencia de la República en términos jerárquicos, aunque orgánicamente serán los encargados de distribuir los recursos públicos de la Secretaría de Bienestar, el nuevo nombre que tendrá la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Estos delegados tendrán a su cargo la implementación de planes y acciones “para el desarrollo integral” de los habitantes de los estados, al tiempo que supervisarán los programas de todas las secretarías federales.

De hecho, los representantes de estas últimas deberán informar de sus actividades a los superdelegados, pues todos los programas “que ejercen algún beneficio directo a la población” estarán bajo la responsabilidad de estos.

Si bien las secretarías mantendrán su presencia en las entidades federativas, en los hechos estarán subordinados a los Delegados estatales de Programas para el Desarrollo, quienes responderán ante un coordinador general, también de nueva creación.

De igual forma, de acuerdo con el Plan de Seguridad presentado por el aun presidente electo Andrés Manuel López Obrador, los delegados coordinarán las decisiones y medidas que se tomen en esa materia en las entidades federativas.

Defensa del pacto federal

En un desplegado, doce gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) expresaron que sus administraciones colaborarán con las autoridades federales, aunque esto no debe entenderse “como sometimiento de los órdenes locales”.

“El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local”, apunta el documento firmado por los mandatarios de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

De su lado, Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, expresó su “profunda preocupación por disposiciones legales que lastiman los principios básicos del pacto federal”.

“No podemos permitir que en el nuevo modelo de organización del gobierno federal se planteen figuras paralelas a las autoridades constitucionales y electas”, apuntó.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador prevé la creación de 266 regiones en las que actuará la nueva Guardia Nacional. En estas “tendrán lugar a temprana hora reuniones diarias para coordinar a todas las dependencias federales, estatales y municipales encargadas de la seguridad pública”.

Esa coordinación, tal y como se esboza en el proyecto, altera el pacto federal y la autonomía de los estados, la cual se encuentra normada en los artículos 40 y 41 de la Constitución.

En esos numerales se establece que México es una República federal con “estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”, es decir, los niveles federal, estatal y municipal, cuentan con facultades y atribuciones claramente establecidas, por lo que cualquier interferencia entre estos violenta la Constitución.

Amenaza de Salgado

El desplegado de los gobernadores panistas y las declaraciones de Enrique Alfaro fueron respondidos con la amenaza de que el Senado podría desaparecer los poderes de las entidades que “no se ajusten” a estas nuevas disposiciones, amagó el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio.

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Sin embargo, esa facultad de la Cámara alta, señalada en la fracción V del artículo 76 de la Carta Magna, es solo declarativa y no constitutiva, es decir, el Senado no puede desaparecer los poderes de ningún estado, sino que constata que por una circunstancia fáctica extraordinaria estos desaparecieron, y así lo declara.

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Contrario a lo dicho por Salgado, ese numeral de la Constitución y su ley reglamentaria detallan que primero los poderes de una entidad desaparecen, debido a algún hecho específico, y tras ello, la Cámara de Senadores hace una declaración para reconocer esa circunstancia.

Más trabajo para la Corte

Además de los gobernadores, las dirigencias de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional (PRI), así como las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano en el Congreso, adelantaron que se opondrán a los superdelegados promoviendo sendas controversias constitucionales.

La encargada de resolver este tipo de recursos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN), de acuerdo con el artículo 105 de la Carta Magna. Se trata de un juicio en el que el máximo tribunal del país determinará si la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal invade las facultades de los estados.

Cabe destacar que la ley que reglamenta a las controversias constitucionales prevé que, de oficio o a petición de parte, la Corte puede conceder la suspensión del acto que las motiva, es decir, cabe la posibilidad de que –mientras se resuelve el diferendo- no podrán aplicarse algunas de las disposiciones de la norma que regirá a la nueva administración federal, incluyendo la entrada en funciones de los superdelegados.

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