La radiografía de la administración pública que encabezará AMLO

La Secretaría de Bienestar, las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, el Centro Nacional de Inteligencia, y la desaparición de las Oficialías Mayores en todas las secretarías de Estado, integran el nuevo andamiaje jurídico del gobierno que dará inicio este sábado 1 de diciembre.

Al entrar en vigor la nueva Ley de la Administración Pública Federal, publicada este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, concentrará facultades que antes eran delegadas a las secretarías de Estado, en tanto que estas últimas disminuyen su poder sobre todo en las entidades federativas, y en lo referente al gasto de su presupuesto.

Con estos cambios se adecua la norma a los objetivos y estrategias que López Obrador esbozó en su campaña, a pesar de que algunas de estas modificaciones no están armonizadas con lo que expresa la Constitución, por lo que la nueva ley será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Carlos Urzúa, el súpersecretario

Las Oficialías Mayores de todas las secretarías de Estado dejan de existir en la administración pública federal, salvo en los despachos de Defensa, Marina y Hacienda. En su lugar se crean las Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serán designados por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Con esto queda acotada la administración interna del presupuesto de cada secretaría, pues todas las compras y contrataciones públicas de estas dependencias se concentrarán en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al consolidarse en Hacienda todos los procedimientos de compras y adquisiciones del Ejecutivo federal se pretende evitar la corrupción, pues todos los insumos que requieran las secretarías de Estado deberán ser autorizados y adquiridos por la SHCP.

El problema es que con estos cambios el titular de esa dependencia, Carlos Urzúa, se convierte en los hechos en un súpersecretario por la capacidad presupuestaria que tendrá a su cargo. De hecho, esta concentración de facultades en Hacienda pone en riesgo la viabilidad del sistema nacional anticorrupción, por lo que se prevé que también haya impugnaciones en este tema.

Alfonso Durazo, el policía desarmado

La seguridad pública del país estará a cargo de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo titular desde este sábado es Alfonso Durazo.

Esta dependencia está facultada para dirigir la Policía Federal, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el Centro Nacional de Inteligencia, entidad que sustituirá al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), órgano que antes formaba parte de la Secretaría de Gobernación.

El artículo 30 Bis de la nueva Ley de la Administración Pública, que crea esta secretaría, aun considera a la Policía Federal como eje de la política de seguridad pública.

Sin embargo, sabemos que se tiene la intención de desaparecer a esa corporación y sustituirla por una Guardia Nacional, cuyos planes, estrategias y acciones estarán a cargo de la secretaría de la Defensa, de acuerdo con la propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad que ya se analiza en el Congreso.

De esta forma, si se aprueban los cambios a la carta magna, las facultades conferidas en esta ley a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana disminuirán considerablemente, pues en los hechos el mando de la corporación federal que se encargará de la seguridad del país estará a cargo del secretario de la Defensa.

Alfonso Romo, el súpercomunicador

En esta nueva administración, la política de comunicación social de todo el gobierno federal será conducida por la Oficina de la presidencia, a cargo del empresario regiomontano Alfonso Romo.

Con esto desaparecen las oficinas de comunicación social de todas las secretarías de Estado, creándose en su lugar unidades administrativas que realizarán las actividades de difusión, bajo las directrices que establezca Romo. En este despacho también se definirán las políticas de informática, de tecnologías de la información y del gobierno digital.

Sin embargo, el artículo 8 de la nueva Ley de la Administración Pública Federal, que dota de estas facultades a la Oficina de la presidencia, contradice lo dispuesto en el numeral 90 de la Constitución, pues las actividades que estarán bajo la titularidad de Alfonso Romo constitucionalmente están reservadas a las secretarías de Estado.

Esto ya fue señalado por legisladores del Partido Revolucionario Institucional durante el proceso de reforma de la ley, quienes impugnarán la constitucionalidad de esta y otras disposiciones.

Los súperdelegados, la manzana de la discordia

Con la nueva administración desaparece la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se crea la Secretaría de Bienestar, que tendrá a su cargo a los Delegados de Programas para el Desarrollo, que operarán en las entidades federativas.

En términos jerárquicos estos delegados estarán adscritos a la presidencia de la República, aunque orgánicamente serán dirigidos por la Secretaría de Bienestar a través de un coordinador.

Los ya conocidos como súperdelegados tendrán a su cargo la implementación de todos los planes “para el desarrollo integral” de los habitantes de los estados, al tiempo que supervisarán los programas a cargo de todas las secretarías.

Incluso, los representantes de estas últimas deberán informar de sus actividades a los delegados, pues los programas “que ejercen algún beneficio directo a la población” estarán bajo la responsabilidad de estos.

Estas nuevas figuras alteran el pacto federal y la autonomía de los estados, la cual se encuentra normada en los artículos 40 y 41 de la Constitución, de hecho, doce mandatarios estatales en funciones, y uno de Movimiento Ciudadano que aun no toma posesión del cargo, Enrique Alfaro, de Jalisco, han considerado inaceptable supeditarse a los súperdelegados de AMLO.

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva, en su caso, las controversias constitucionales que promuevan los estados contra estas disposiciones legales, que ya se han convertido en la manzana de la discordia entre las entidades federativas y el nuevo titular del Ejecutivo federal.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.