La Constitución hará obligatoria la paridad de género en todo el gobierno
Diputados avalaron la reforma a la Constitución que obliga a todo el gobierno a emplear más mujeres, como parte de la paridad de género
La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todas las dependencias del Estado mexicano quedó plasmada este jueves en la Constitución, luego de que la Cámara de Diputados aprobara -con 445 votos a favor- una reforma a la carta magna que hace obligatoria la paridad de género.
Los legisladores apoyaron los cambios a nueve artículos de la Constitución con el fin de combatir, de manera institucional, las diferencias que siguen existiendo entre los empleados y empleadas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La reforma, que fue votada en el Senado la semana pasada, establece que las nuevas contrataciones en la administración pública deberán hacerse considerando de manera paritaria tanto a hombres como mujeres, es decir, 50% de los nombramientos tendrán que ser necesariamente de mujeres.
Lo mismo sucederá en los partidos políticos, cuyas listas de candidatos tendrán que alternar a mujeres y a hombres, en tanto que en las entidades federativas y en los Ayuntamientos, los puestos políticos y administrativos deberán ser paritarios.
De lo que se trata es de cerrar la brecha de género que prevalece en las instituciones del Estado mexicano, pues -por ejemplo- en toda la historia moderna de nuestro país la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados habían sido hombres, hasta la actual legislatura que inició en septiembre de 2018, donde las mujeres ocupan la mitad de los escaños.
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Todos iguales
El dictamen aprobado, que aún deben avalar al menos 17 legislaturas de las entidades federativas, incluye para los municipios y las poblaciones indígenas la obligación de realizar elecciones con igual número de candidatos y candidatas.
Se aclara de manera expresa que el derecho a ser votada o votado deberá observar como principio la paridad de género.
Los legisladores también incluyeron modificaciones a los términos que se utilizan en el artículo 35 de la Constitución, cambiando el vocablo ciudadano por el de ciudadanía, palabra que es neutra e incluye tanto a los ciudadanos como a las ciudadanas.
En el artículo 41 constitucional, que versa sobre los principios que deben observarse en las elecciones, se plasmó como obligatoria la aplicación de la paridad de género en todas las dependencias del poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como en los estados.
Este principio también deberá ser observado en la integración de los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La reforma incluye al artículo 94 de la carta magna, que detalla las funciones del Poder Judicial. Al respecto, ahora la Constitución dirá que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará conformado por 11 integrantes, mujeres y hombres, de manera indistinta.
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Más oportunidades
Esta reforma, que modifica los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 constitucionales, debe aplicarse en los próximos comicios tanto federales como locales. Además, aquellas autoridades que no se renuevan a través de elecciones, tendrán que designar de manera progresiva a sus funcionarios bajo el principio de la paridad de género.
Así mismo, será facultad del Estado mexicano definir en la legislación los procedimientos que deberán seguir los concursos abiertos para ingresar a laborar en alguna institución gubernamental, ponderando siempre que todos los órganos estatales deben contar con un número paritario de hombres y mujeres.
Esta reforma responde a varias obligaciones internacionales contraídas por México en los últimos diez años. Por ejemplo, armoniza nuestra carta magna con la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
A pesar de estos compromisos, que formalmente son obligatorios para todas las autoridades mexicanas, la desigualdad laboral en las instituciones gubernamentales es una constante.
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La prueba está en la integración de los gobiernos en las entidades federativas: Estos solo cuentan con el 15% de mujeres, al igual que los poderes legislativos, donde el sexo femenino representa solo el 28% de los integrantes de los Congresos locales.
A nivel federal la desigualdad se agrava sobre todo en el Poder Judicial. Solo hay dos mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (18%); en el Consejo de la Judicatura las consejeras representan el 28.5% de sus miembros; y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el número de magistradas equivale al 28% de quienes integran el pleno de esa autoridad.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la participación laboral femenina de la región sigue siendo 30 puntos inferior a la de los hombres. Es decir, de cada 100 empleados, públicos o privados, 94 cuentan con un trabajo remunerado, mientras que de cada 100 mujeres solo 64 forman parte de la fuerza laboral.
En México esa proporción incluso es menor a la media del continente, pues solo un 58.5% de las mujeres trabajan o están disponibles para laborar.
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