Karime Macías, la continuación del caso Duarte en tiempos de AMLO

Karime Macías Tubilla, expresidenta del DIF en el estado de Veracruz, y esposa del exgobernador de esa entidad, Javier Duarte, está en la mira de la Procuraduría General de la República (PGR), institución que –a través de la Cancillería- solicitó al Reino Unido su detención con fines de extradición.

El problema es que la orden de búsqueda y captura, contra la mujer que escribía planas para decretar que merecía abundancia, llega en el ocaso del sexenio de Enrique Peña Nieto, 18 meses después de que fuera revelada su presunta implicación en el desvío de 112 millones de pesos del erario veracruzano.

Por ende, en realidad todos los trámites para que Macías enfrente a la justicia mexicana estarán a cargo del próximo titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

Valoración de los jueces británicos

La solicitud de extradición contra la esposa de Duarte, acusada por la PGR de fraude específico, no significa que vaya a ser aprehendida de manera inmediata en suelo británico, donde vive con sus tres hijos desde que su cónyuge fue detenido en Guatemala en abril de 2017. Antes de eso, la petición de México tiene que ser valorada por el ministerio de Justicia del Reino Unido.

Si esa instancia considera que se cumplen las condiciones especificadas en el Tratado de Extradición, signado por los dos países desde 1886, y se respetan además las normas británicas, sería posible la detención provisional de Macías Tubilla.

No obstante, la expresidenta del DIF veracruzano tiene derecho, en México y en Gran Bretaña, a promover diversos recursos jurídicos oponiéndose a su posible traslado a nuestro país. De hecho, su abogado, Ricardo Sánchez Reyes Retana, asegura que la petición de asilo político -solicitada por su defendida- fue admitida a trámite por el gobierno británico.

Reyes Retana afirmó en un comunicado que tiene “la firme convicción de que no se prostituirá la justicia en aras de satisfacer una fiebre política”.

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Le niegan suspensión  

Sobre Karime Macías pesa una orden de aprehensión, girada en mayo de 2017 por un juez del fuero común del estado de Veracruz. El gobierno de esa entidad la acusa de ser presunta responsable del delito de fraude específico, con el que habría dañado el patrimonio estatal por una suma de alrededor de 112 millones de pesos. Ese ilícito se castiga con penas de entre cinco y doce años de prisión.

Esta indagatoria es la que motiva la petición de la PGR al gobierno británico, misma que intenta ser combatida por la defensa de Macías con un juicio de amparo, el cual fue admitido -el pasado 28 de mayo- por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México.

Sin embargo, la esposa de Javier Duarte no fue beneficiada con la suspensión provisional de la orden de detención, ante lo cual promovió una queja que ya fue resuelta por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal.

Los magistrados consideraron infundado el recurso de queja, por lo que ratificaron la negativa de suspensión provisional, lo que quiere decir que sigue vigente la orden para que Macías sea detenida, pues el fondo del amparo se resolverá hasta el 11 de noviembre próximo.

En esa fecha, si el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México falla a favor de Karime Macías, esta no podrá ser detenida, a menos que la PGR consiga revertir el fallo en una revisión que tendría que resolver un Tribunal Colegiado.

Karime Macías, esposa del ex gobernador Javier Duarte

Laberinto jurídico

De acuerdo con datos de la Fiscalía de Veracruz, la esposa de Javier Duarte habría utilizado recursos del DIF estatal para comprar diversos bienes a por lo menos seis “empresas fachada” o fantasma.

El mecanismo de operación era el siguiente: Primero el DIF habría suscrito varios contratos para adquirir equipos médicos, productos farmacéuticos (multivitamínicos), sistemas de purificación de agua, artículos electrónicos y útiles escolares, entre otros.

Los contratantes simulaban ser los titulares de empresas que en realidad no existían, o que solo habían sido creadas en el papel, pues a decir de la Fiscalía, la mayor parte de esas compañías no cuenta siquiera con un domicilio.

Después de la firma de los contratos, el DIF les habría comprado a dichas empresas productos e insumos que nunca fueron entregados, a pesar de que los consorcios sí habrían recibido los recursos económicos provenientes del erario público.

La defensa de Karime Macías asegura que la fiscalía veracruzana no cuenta con ningún dato de prueba contra su representada, a pesar de que en la indagatoria el Ministerio Público ha logrado reunir 23 elementos con los que se presumiría la responsabilidad de la esposa de Javier Duarte.

Todo este intríngulis jurídico estará a cargo de la nueva administración federal que iniciará el próximo 1 de diciembre, pues tanto el cumplimiento de la extradición, en caso de que se conceda por parte del Reino Unido, como los recursos para conseguirla, en la eventualidad de que se niegue o Macías obtenga un amparo, serán responsabilidad del nuevo procurador general de la República que proponga Andrés Manuel López Obrador.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.