México

¿Qué alcances tiene la decisión que dejó libre Elba Esther Gordillo?

La libertad de la maestra Elba Esther Gordillo fue decretada por un Tribunal Unitario que consideró que no había pruebas de los delitos por los que era acusada.

09-08-2018, 6:00:26 AM
Elba Esther Gordillo

Después de pasar 1,988 días privada de su libertad, Elba Esther Gordillo Morales fue considerada inocente de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, gracias al sobreseimiento de la causa en su contra, decretado por el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México.

El sobreseimiento es un incidente contemplado en el artículo 298 del hoy abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, vigente para el proceso incoado en contra de Gordillo, quien fue detenida el 26 de febrero de 2013.

En términos llanos, el auto emitido por el magistrado Aguilar López termina por completo el proceso penal contra la maestra, produciendo efectos de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada, es decir, esta resolución no admite ningún recurso en contra por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

El éxito de su defensa

La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue acusada, en febrero de 2013, de haber desviado alrededor de 2,000 millones de pesos provenientes de las cuentas de ese colectivo.

El entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que los delitos se habrían cometido entre 2008 y 2011, a través de transferencias bancarias en las que se depositaron recursos del sindicato en cuentas de personas físicas y de una empresa, cuya titular era la madre de Gordillo, dinero que luego habría sido retirado a través de diversos cheques de caja.

Elba Esther Gordillo.

Especial.

Con los indicios presentados hace poco más de cinco años por la Procuraduría, Gordillo Morales fue detenida en el aeropuerto de Toluca el 26 de febrero de 2013, y recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, donde se le dictó auto de formal prisión por parte del Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales del otrora Distrito Federal.

Desde entonces, su defensa, a cargo del penalista Marco Antonio del Toro Carazo, promovió diversos recursos y amparos, con los que logró –primero- que Elba Esther Gordillo fuera internada en el hospital de la prisión de Tepepan, y luego su arresto domiciliario por razón de edad.

Fuentes cercanas del letrado que llevó el caso informaron a Alto Nivel que el magistrado Miguel Ángel Aguilar López consideró que no existían “ni indicios ni pruebas” que demostraran la responsabilidad de Gordillo en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.

De hecho, asegura la fuente que pidió anonimato, la PGR no pudo demostrar de manera fehaciente que contaba con pruebas de esos delitos. Esta circunstancia fue valorada por el magistrado Aguilar López, concluyendo en el sobreseimiento de la causa, lo que en términos prácticos equivale a la absolución de Elba Esther Gordillo.

El fracaso de la fiscalía

El auto de sobreseimiento a favor de la exlideresa magisterial, decretado por el Primer Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México, muestra el fracaso de la Procuraduría General de la República en una de sus tareas sustantivas: probar en tribunales los delitos.

fiscalia general republica

La Procuraduría General de la República.

No es el primer varapalo recibido por el Ministerio Público desde el Poder Judicial de la Federación, de hecho, la falta de probanzas, entre otros errores de la PGR, han sido una constante en muchos de los casos de la fiscalía.

Como ejemplos están la liberación por falta de pruebas de siete policías de los municipios de Cocula e Iguala, Guerrero, presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el amparo que la primera sala de la Suprema Corte le otorgó a la francesa Florence Cassez, condenada por secuestro, o la libertad obtenida por tres generales acusados en el gobierno de Felipe Calderón de tener vínculos con el narcotráfico.

En estos tres casos, la evidencia presentada por la PGR no solo no logró probar los delitos de las respectivas acusaciones, sino que también mostró severas irregularidades en la detención de los acusados y en la obtención de elementos de prueba.

De hecho, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), reveló en un informe publicado a finales de 2017 que la Procuraduría General de la República tiene un eficiencia de 3.2% en los casos más graves que han estado a su cargo: los que implican violaciones a los derechos humanos.

Es decir, entre 2012 y 2016, de cada 100 procedimientos iniciados por el Ministerio Público Federal, en solo 3.2 casos la PGR logró una sentencia condenatoria.

La impunidad como constante

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), México es el cuarto país del mundo con mayor impunidad, y el primero del continente americano. Ese estudio muestra que el castigo de los delitos incluso es mejor en países como India y Camerún, en comparación con lo que sucede en México.

El corazón de la impunidad en nuestro país se ubica en las Procuradurías de Justicia, a partir del diseño institucional que prevalece en estas, pues al formar parte de los poderes ejecutivos, tanto federal, como estatales, su autonomía e independencia no está garantizada.

Esa es la principal razón por la que en México es muy baja la probabilidad de que un delito pueda ser esclarecido y castigado. Esta realidad fáctica es determinante en la opinión que tienen los ciudadanos con respecto a la justicia, y las suspicacias que generan resoluciones como la que hoy beneficia a Elba Esther Gordillo.

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