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México

Habrá ley de extinción de dominio con discrecionalidad para el presidente

La Cámara de Diputados avaló la nueva ley de extinción de dominio que le otorga facultades discrecionales al Ejecutivo federal

26-07-2019, 9:02:54 AM
Casa de Emilio Lozoya

El destino de los bienes sujetos a extinción de dominio será determinado de manera discrecional por el presidente, junto con los recursos que se obtengan de la monetización de esos activos, los cuales incluso podrán ser vendidos anticipadamente, aun sin que exista una determinación judicial en firme, lo que pone en riesgo el patrimonio de terceras personas que no estén involucradas en la comisión de ningún delito.

De acuerdo con la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, aprobada el jueves en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal podrá disponer de los recursos que sean depositados en una “cuenta especial” que concentrará las cantidades que se obtengan por la venta, usufructo, y monetización de los bienes que pasen al dominio del Estado por tener un origen ilícito, o porque fueron usados por la delincuencia.

Este dictamen, avalado en lo particular con 291 votos a favor y 115 en contra, permitió que la mayoría de Morena en la Cámara baja aumentara las facultades del Ejecutivo federal para que este determine cuál será el destino de los bienes sujetos a extinción de dominio, y el de los recursos que se obtengan por su venta.

Cámara de diputados
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Esto se realizará a través de un Gabinete Social, el cual deberá formarse próximamente, que será encabezado por el presidente, y por los titulares de las secretarías de Bienestar, Gobernación, Hacienda, Salud y Educación, entre otras dependencias.

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La Secretaría Técnica de dicho gabinete estará a cargo del director del Instituto de Administración de Bienes y Activos, entidad de nueva creación que fue incorporada a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aunque en realidad solo se trata del cambio de nombre del actual Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que depende de la Secretaría de Hacienda.

Aquí es importante resaltar que, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin ningún fundamento legal, lleva un par de meses denominando al SAE como el “Instituto para devolver al pueblo lo robado”, el dictamen que aprobaron los diputados no avala ese apelativo, pues ese organismo pasará a llamarse Instituto de Administración de Bienes y Activos.

Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado
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Llamarlo de otra forma, como lo hace el mandatario, es solo una cuestión propagandística que se presta a confusión, pues ningún documento que lleve esa denominación tiene validez jurídica.

Monetización adelantada

Con estos cambios, el Gabinete Social de la Presidencia de la República que deberá formarse como una instancia colegiada especial, encabezada por el mismo titular del Ejecutivo federal, sin contrapeso ni fiscalización alguna, formulará y coordinará la asignación y transferencia de los bienes que pasarán a ser propiedad del Estado a través de la extinción de dominio.

De hecho, esos bienes podrán ser monetizados antes de que exista una sentencia firme. Esto quiere decir que el Instituto de Administración de Bienes y Activos podrá venderlos de manera anticipada, aun cuando se no haya concluido en los juzgados y tribunales el procedimiento de extinción de dominio.

Andrés Manuel López Obrador
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Los recursos que se obtengan serán destinados por el Gabinete Social “al pago de las erogaciones derivadas de la ejecución de programas sociales”, y a “otras políticas prioritarias” que dicho gabinete considere necesario apoyar.

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluida en el dictamen aprobado por los diputados, no especifica cómo se determinarán cuáles serán esas políticas prioritarias, tampoco menciona los parámetros y metodología que se utilizarán para fiscalizar esas erogaciones.

Estas omisiones crean incertidumbre y violentan los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. Además, fomentan la opacidad en el uso de recursos públicos, pues en eso se convierten los activos que pasan a ser propiedad del Estado mexicano.

Riesgos patrimoniales

De igual forma, todos estos cambios legislativos ponen en riesgo a personas que, sin haber cometido ningún delito, podrían perder su patrimonio en caso de que este sea utilizado -sin su conocimiento- para actividades ilícitas.

En este caso se ubican los dueños de bienes inmuebles que son arrendadores. Las personas que ponen en renta sus propiedades deben poner mucho cuidado a la hora de elegir a sus inquilinos, y estar vigilantes de las actividades que estos desarrollen.

Si el arrendatario comete un delito como el secuestro, robo de hidrocarburos, trata de personas, robo de vehículos, tráfico de drogas, o utiliza recursos de procedencia ilícita, el bien puede ser sujeto de extinción de dominio, a pesar de que el propietario no esté involucrado en esas actividades contrarias a la ley.

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En ese tenor, los legisladores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional presentaron varias reservas al dictamen con el fin de incluir beneficios para las que personas que -de buena fe- pudieran verse afectadas por este tipo de situaciones, sin embargo, la mayoría de Morena se negó a realizar cualquier cambio a la minuta.

La oposición en la Cámara baja tampoco estuvo de acuerdo en la posibilidad de que el Estado venda, de manera adelantada, los bienes que aun se encuentren en litigio por la aplicación de esta figura.

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Si bien la nueva norma tiene como objetivo golpear financieramente a la delincuencia en general, y al crimen organizado en particular, estas nuevas facultades del Ejecutivo no deberían ser tan amplias, ni prestarse a la interpretación. La ley, que puede ser impugnada vía amparo o a través de una acción de inconstitucionalidad, debe ser promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

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