La Guardia Nacional ya operará en aeropuertos, aduanas y carreteras
Aunque no se ha aprobado la ley de la nueva corporación, los elementos de la Guardia Nacional pueden actuar con las mismas facultades que tenía la Policía Federal
Desde este miércoles las policías Federal, Militar y Naval podrán actuar como parte de la Guardia Nacional, al entrar en vigor la reforma constitucional que crea esa corporación, en tanto que inicia la cuenta regresiva para que, en marzo de 2024, el Ejército deje de participar en labores de seguridad pública.
La Guardia Nacional estará regulada por una ley orgánica que deberá aprobarse en el Congreso en los próximos 60 días, es decir, los legisladores tienen hasta el próximo 25 de mayo para detallar la forma en la que actuarán los elementos del nuevo cuerpo policiaco.
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No obstante, en tanto se prepara esa norma, el régimen transitorio de esta reforma a la carta magna prevé que la Guardia Nacional asuma “los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal”. Esto significa que los guardias nacionales están facultados para prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas que determinen las leyes federales.
También pueden realizar labores de seguridad pública en las zonas fronterizas y los litorales; en aduanas y recintos fiscales; en centros de supervisión y control migratorio; en las carreteras federales, en las vías férreas, los aeropuertos, y los puertos marítimos, además del espacio aéreo, instalaciones hidráulicas, presas, lagos y cauces de los ríos.
Igualmente pueden llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos, realizar análisis técnico, táctico o estratégico de la información obtenida para la generación de inteligencia; y bajo la conducción y mando del Ministerio Público están facultados para llevar a cabo investigaciones de los delitos cometidos.
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Corporación federal
Tal y como sucedía con la Policía Federal, cuyos elementos se integrarán a la Guardia Nacional, la nueva corporación puede actuar en “todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal”. Por ende, para que los guardias nacionales colaboren con las policías de los estados y municipios, el gobierno federal deberá signar con aquellos acuerdos específicos de coordinación.
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública presentada en el Senado por el Ejecutivo federal, la operación de la Guardia Nacional se dará mediante un esquema de despliegue territorial en 266 regiones, a fin de prevenir el delito, preservar la seguridad pública, recuperar la paz y combatir la delincuencia, siempre en el ámbito federal.
Esto último es de suma importancia debido a que los cambios hechos a la Constitución establecen claramente que la competencia del nuevo cuerpo policiaco es federal, es decir, los delitos del fuero común, como el robo y el homicidio, seguirán a cargo de los estados, aunque mediante acuerdos de coordinación, la Guardia Nacional podrá participar en su prevención y combate.
Todo esto deberá ser detallado en la Ley de la Guardia Nacional, cuya iniciativa aun no ha sido presentada al Congreso ni por el Ejecutivo federal, ni por ningún legislador.
De igual forma, los cambios a la carta magna obligan a la Cámara de Diputados y al Senado a emitir una Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y otra para el Registro de Detenciones, las cuales tienen que aprobarse antes del 30 de junio.
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archivo Información y DDHH
La reforma constitucional que este miércoles entró en vigor también prevé que se debe modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, considerando la formación y actuación de las instituciones policíacas, y la regulación del sistema nacional de información en seguridad pública.
Sobre esto último, las entidades federativas y municipios deberán proporcionar información al gobierno federal, con el fin de que la autoridad cuente con bases de datos criminalísticos y del personal que labora en las instituciones de seguridad pública.
Así mismo, la próxima Ley Nacional del Registro de Detenciones servirá para que se detalle la forma en la que una persona fue aprehendida, y sobre todo para que sus datos no se hagan públicos.
Esta norma tiene que incluir también quiénes serán las personas autorizadas para acceder a la base de datos, los niveles de acceso, y las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen funciones en este registro.
Todas estas previsiones intentan evitar que se registren violaciones a los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, corporación que en sus actuaciones deberá observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad, mientras que su disciplina, aunque puede estar homologada a la que observa el Ejército, debe respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la perspectiva de género.
Reuters Guardia Nacional
Bye, bye Ejército
Las labores de seguridad pública en las que ya se encuentra participando el Ejército se limitan a cinco años más, por lo que después del 27 de marzo del año 2024 ningún elemento castrense deberá llevar a cabo este tipo de actividades.
En este lapso quinquenal, la actuación de la milicia mexicana deberá ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” a las tareas de las corporaciones civiles, lo que deberá ser informado al Senado por el presidente en un reporte anual.
Así mismo, cada año el mandatario federal estará obligado a presentar en la Cámara alta un informe sobre las actividades generales de la Guardia Nacional. Lo mismo sucederá con la estrategia elaborada por la Secretaría de Seguridad, que cada 12 meses será analizada y evaluada por el Senado, previa comparecencia del titular de esa dependencia.
Actualmente, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, hay 35,745 militares que llevan a cabo tareas de seguridad pública en 150 coordinaciones territoriales.
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Notimex 
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.