Así será la Guardia Nacional aprobada por la Cámara de Diputados
Legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la Guardia Nacional porque se militariza de manera permanente la seguridad pública del país
Con la mayoría de los votos de Morena, y los partidos del Trabajo, Encuentro Social, Verde Ecologista, y Revolucionario Institucional, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Constitución que crea la Guardia Nacional, una institución policiaca que militariza la seguridad pública del país, a decir de legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
La Guardia Nacional será una policía de la federación dirigida por una Junta de jefes de Estado Mayor, compuesta por las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina, según el proyecto avalado por la Cámara baja, que aun debe aprobarse en el Senado y contar con la anuencia de al menos 17 Congresos de las entidades federativas.
Sus integrantes serán elementos de las policías Federal, Militar y Naval, así como otros miembros de las Fuerzas Armadas. Estos últimos “conservarán su rango y prestaciones” en el Ejército o la Marina para efectos de su antigüedad laboral.
Corporación híbrida
Si bien la minuta aprobada establece que la Guardia Nacional será una institución de seguridad pública de carácter civil, también se detalla que su estructura jerárquica, la disciplina, los ascensos, las prestaciones, el ingreso, la profesionalización, así como las tareas que en general lleve a cabo, estarán homologadas a las que se aplican en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Así mismo, si los miembros de la Guardia Nacional cometen algún delito en el ejercicio de sus funciones, estos serán conocidos “por la autoridad civil competente”, pero si se trata de una falta o ilícito en contra de la disciplina militar, serán los tribunales castrenses los encargados de juzgarlos.
Estas contradicciones fueron señaladas por los diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, e incluso por ocho legisladoras de Morena, entre ellas Tatiana Clouthier, Lorena Villavicencio y Abelina López Rodríguez.
“Se debe evitar que se institucionalice la presencia de los militares en el país”, pues estos no están hechos para atender las labores de seguridad pública, dijo Clouthier en la tribuna.
Quien fuera la jefa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que la integración orgánica de la Guardia Nacional no debe ser parte de los preceptos constitucionales.
“Reconocer una Junta de jefes de Estado Mayor equivale a elevar a los militares a un nivel constitucional en la toma de decisiones, y por tanto que puedan ejercer sus funciones sin cuestionamiento alguno”, aseveró Tatiana Clouthier, cuyas observaciones y reservas al dictamen fueron rechazadas.
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Investigación delictiva
La Guardia Nacional, bajo la conducción del Ministerio Público, podrá investigar delitos y hacer detenciones. En este último caso el detenido deberá ser puesto “a disposición en instalaciones de las autoridades civiles”.
Hasta ahora el Ministerio Público dispone de las policías de investigación para llevar a cabo las pesquisas de los delitos. La reforma no aclara si estas últimas desaparecen, y tampoco especifica si los elementos de la Guardia Nacional serán capacitados en técnicas de investigación.
Esto “normaliza la actividad militar en labores de seguridad pública y establece un cambio constitucional que perpetúa policías militarizadas”, recriminó la diputada del PRD, Frida Alejandra Esparza Márquez.
La respuesta de parte de Morena estuvo a cargo del coordinador de los diputados de ese partido, Mario Delgado Carrillo, quien insistió que la nueva corporación será de “carácter civil, disciplina militar y preparación policial en derechos humanos y equidad de género”, además de que “no será un instrumento para reprimir manifestaciones, marchas y protestas sociales”.
Contrapesos mínimos
La reforma elimina del texto constitucional vigente la facultad exclusiva del Senado, o en su defecto la Comisión Permanente del Congreso, para dar su consentimiento al presidente de la República a fin de que este pueda disponer de la Guardia Nacional.
En cambio se faculta al presidente para designar a los integrantes de los órganos de dirección superior de la nueva corporación, y para disponer “lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional”.
En cuanto a las actividades que esta desarrolle, el mandatario federal deberá informar –anualmente- al Senado sobre estas.
En ese tenor, el uso legítimo de la fuerza y los arrestos que lleve a cabo la Guardia serán reglamentados en dos leyes que deberán emitirse por el Congreso, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma.
A su vez, la Ley de la Guardia Nacional tendrá que ser aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la vigencia de estos cambios constitucionales.
